Fin de Dilma, no de la democracia brasileña
Ninguna de las dos salidas es la ideal: un final trágico para la presidencia de Dilma Rousseff con un proceso de impeachment o una tragedia sin fin mediante la prolongación de un gobierno que ha perdido la confianza mayoritaria del electorado, de su propio sistema político y de los mercados.
Para compensar el carácter extremadamente fraccionado del sistema partidario de Brasil, los partidos con el voto mayoritario deben construir una base parlamentaria amplia, tan amplia que se cruzan y enfrentan ideologías y principios. En la última elección, el Partido de los Trabajadores (PT) tuvo la mayor bancada en la Cámara de Diputados con apenas 58 diputados de un total de 513 y 12 senadores. Construyó una coalición de nueve partidos. El gozne, tanto en los gobiernos del PT como en los del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso, ha sido el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una agrupación centrista con la mayor implantación nacional.
En el camino hacia el fin del actual gobierno convergieron tres factores: el mal talante de la Presidenta hacia el ejercicio de la política, el fin del ciclo de precios altos de las materias primas, que permitió ocultar durante varios años errores y limitaciones en el modelo de crecimiento económico de Brasil bajo el PT, y el inicio y desarrollo de la operación Lava Jato, que puso al descubierto un amplio sistema de saqueo de Petrobras para beneficiar con contratos a grandes empresas nacionales y, al mismo tiempo, garantizar fondos ilegales para los partidos de la coalición aliada en torno al PT. La corrupción salpica a todos los partidos, incluyendo a los de la coalición gobernante y a los de la oposición, pero la corrupción como sistema, involucrando a las principales constructoras del país, el saqueo de Petrobras y a otras empresas, en beneficio del PT y de sus aliados, es algo inédito.
Como se sabe, Dilma Rousseff fue escogida como sucesora del presidente Lula debido a que el juicio del mensalão en 2005, también por corrupción, inhabilitó políticamente o encarceló a los cuadros con mayor experiencia política. Dilma Rousseff llegó sin experiencia política y sin gusto por ésta. Desde su primera presidencia hizo explícita su falta de oficio político, su maltrato a aliados y no aliados. En contraste con la capacidad de negociación del expresidente Lula, la presidenta Rousseff se hizo conocida por su trato brusco.
Al inicio de 2015, intentando librarse de la dependencia hacia el PMDB, el gobierno perdió la presidencia de la Cámara de Diputados; llegó un adversario de la presidenta e integrante del PMDB, Eduardo Cunha. Un año después, ante la debacle económica y política, el PMDB abandonaría la coalición precipitando el juicio del impeachment respaldado por Cunha.
Después del impeachment en la Cámara, el proceso pasa a la Cámara de Senadores en la que puede aprobarse por mayoría simple. De aprobarse, como parece probable, la Presidenta deberá dejar el cargo por 180 días, mientras se desarrolla el juicio político, y subiría a la Presidencia el vicepresidente Michel Temer del PMDB. Si la Cámara alta no aprueba, el proceso se detiene; la Constitución no contempla otro recurso. Pero si la Cámara de Senadores aprueba y el juicio político encuentra razones de peso para destituir a la Presidenta, ésta quedaría inhabilitada por ocho años.
La causa formal que dio lugar al impeachment son las acusaciones de alteración de las cuentas públicas, reprobadas por el Tribunal de Cuentas. Como argumentan los partidarios de la Presidenta, otros gobiernos también han tenido contabilidad creativa y no han sido juzgados. Es cierto, pero la causa de fondo de la debacle es la pérdida de confianza hacia Rousseff y la destrucción de la coalición gobernante, la exhibición de la corrupción tan extendida y la contracción de la economía brasileña por decisiones erróneas tomadas en este gobierno.
Como dije al inicio, no hay solución ideal: sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pesan graves acusaciones de testigos de Lava Jato. Lo grave es que Cunha es el número dos en la línea sucesoria después del vicepresidente Michel Temer.
Sólo imagino que la gravedad de la crisis y los riesgos de una transición tan acotada obligue a acuerdos que incluyan a las principales fuerzas políticas —PMDB, PT, PSDB, PDT— para iniciar la recuperación de la democracia brasileña y con ésta la de su economía.
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