Cuando fallan las formulitas
El domingo 21 de febrero se publicó en Reforma un artículo de Juan Pardinas con dos temas: lo que él llama el optimismo imprudente de la Secretaría de Hacienda al calcular el precio del petróleo para el Presupuesto de 2016. Y segundo, la calificación general de corruptos para los diputados. El artículo es de una ignorancia mayestática, pero a su pesar resulta útil para traer al lector las consecuencias negativas de la debilidad de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación anual del Presupuesto.
El estimado Juan Pardinas sugiere que para calcular el precio del petróleo, elemento muy importante para la elaboración del Presupuesto, Hacienda consulte el periódico la mañana en que se envíe la iniciativa a la Cámara de Diputados: “En octubre de 2014, se aprobó la Ley de Ingresos de 2015 con un precio por barril de 79 dólares. En aquel mes, el precio real de mercado fue de 75 dólares. No fue un error de cálculo, la información estaba disponible en el periódico de esa mañana. A pesar del declive en los mercados energéticos globales, el optimismo de Hacienda no menguó. Para el presupuesto de 2016, el barril se calculó en 50 dólares, pero en el mercado internacional se vendía alrededor de los 37 dólares en las semanas en que se negoció el presupuesto”.
El ciudadano común puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Pero la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados son sujetos obligados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, por tanto, sólo pueden hacer lo que esa ley les permite. Y el artículo 31 de la Ley de Presupuesto ordena y describe una fórmula para calcular el precio del petróleo; el reglamento de la ley ahonda aún más en el seguimiento de esta fórmula. Los Criterios Generales de Política Económica abundan también sobre los márgenes de escasa flexibilidad que permite el artículo 31. La fórmula contiene promedios históricos de precios petroleros de referencia, como el petróleo West Texas y de la Mezcla Mexicana de Exportación, promedios de años cercanos, mercados a futuro, un factor de cautela que rebaja en 20% todos los resultados y “consultas con expertos”. El precio resultante de la aplicación de la fórmula para 2016 fue el de 54.7 dólares por barril. Hacienda insistió en que se bajara a 50 dólares.
Impedidos por la ley a consultar el periódico de esa mañana y obligados tanto la Cámara como la Secretaría de Hacienda a aplicar esa fórmula, queda a discusión si la fórmula en sí es la que está mal, si en esos momentos se preveía por una mayoría de analistas una mayor baja de los precios o, por el contrario, una recuperación. Un importante ensayo Las tormentas financieras, económicas y climáticas de la determinación del precio del petróleo, publicado en 2006 por un grupo de economistas encabezados por Fluvio Ruiz, Lauro Baltierra y Carlos Huerta, en ese entonces asesores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, toma nota del pésimo récord de la Secretaría de Hacienda bajo el gobierno de Vicente Fox, que falla en el pronóstico del precio del petróleo en un promedio de 48%. El ensayo elabora una fórmula alternativa que incorpora, además de los precios históricos, el impacto de los mercados financieros que proporcionan coberturas y compras de contratos y más de 60 factores diferentes. Con esa nueva propuesta, la desviación es de apenas cinco por ciento.
No sé si la fórmula propuesta en el ensayo mencionado hubiera pasado airosa la prueba de 2016, capaz de predecir una discontinuidad tan importante como la caída del precio internacional del petróleo. Lo relevante es que la Secretaría de Hacienda basa sus recomendaciones en análisis de consultoras nacionales e internacionales, pronósticos del Departamento de Energía de Estados Unidos, en las corridas que hacen sus centros de cómputo para poner a prueba la dichosa fórmula y aun así falla. En tanto, la Cámara de Diputados sigue sin construir una base de información propia y asesoría técnica rigurosa y de excelencia, que permitan cumplir a cabalidad la función de la división de poderes: balance y contrapunto.
Por otra parte, se nos avisa en ese mismo artículo que se ha interpuesto una demanda de amparo contra la Cámara de Diputados por el desglose que se hace del Ramo 23, en el anexo 2, en el cual se detallan diversos fondos, entre otros el del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal. Y a todos se nos llama corruptos y “maizeables”. Con ese concepto de los legisladores, no me queda claro para qué se buscan las firmas de decenas de diputados para apoyar la iniciativa ciudadana 3de3. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog, y en Facebook: ceciliasotomx