Hilda García o el hábito toluqueño de gobierno
¿Será Hilda García, funcionaria de la Secretaría de la Función Pública (SFP), originaria de Toluca? ¿O habrá servido en el gobierno del Estado de México por varios años? ¿O, simplemente, adquirió por ósmosis la dificultad para distinguir los dineros propios de los recursos públicos que permiten la gestión presupuestal? Hilda García es la funcionaria que en la investigación periodística realizada por la agencia Reuters sobre los gastos de viáticos de algunos funcionarios de la SFP, se encontró que cenó caviar y salmón regados con champán en el Oyster Bar de la exclusiva tienda departamental Harrods.
Hilda no se extralimitó de los 450 dólares de viáticos diarios autorizados por la SFP para viajes a algunas ciudades del extranjero. Trabajó mucho ese día, según le dijo a Reuters, en complicadas reuniones con “lenguaje muy técnico” y consideró que se merecía ese gustito, después de todo “no tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días”, expresó García en perfecto toluqués. Nadie le dijo que hay varios cientos de miles de mexicanos que no tienen “el lujo y el privilegio” de hacer tres comidas al día.
Técnicamente, doña Hilda sólo violó una norma, la de pagar con dinero de los viáticos el champán que se bebió, pero el hecho de pensar que “merecía” utilizar el dinero de los mexicanos para darse “el lujo y el privilegio de comer en Harrods” es un buen ejemplo de la confusión mental que han añadido los funcionarios del Estado de México a la confusión que priva generalmente en un sector público que se niega a profesionalizarse. Los dineros de los viáticos no son suyos, doña Hilda, y por tanto el criterio de gastarlos todos, en vez de devolver lo que sobra después de un uso sobrio y austero, refleja el hábito de abusar del “dinero de los otros”. Doña Hilda podía ir a Harrods o al Alain Ducasse o al lugar que se le diera la gana y beberse todo el champán que quisiese, sólo que debía pagar con su dinero.
Pero es difícil reclamarle a la funcionaria de la SFP porque el ejemplo de esta confusión entre lo público y lo privado lo dieron en primer lugar el presidente Enrique Peña Nieto con el lío de la Casa Blanca y el propio secretario de Hacienda al aceptar un crédito hipotecario del dueño de la constructora Higa, con una tasa de interés por lo menos cincuenta por ciento más barata que la que paga cualquier cliente de banco. Lo más sorprendente, especialmente en el caso del secretario de Hacienda, ha sido la imposibilidad de que reconozca que hay un problema de un potencial conflicto de interés al aceptar el generoso favor de un empresario que gana contratos del sector público. No lo puede reconocer porque es la costumbre en Toluca, es toluqués puro, sin acento.
“La Secretaría de Hacienda no participa en la asignación de las licitaciones”, dijo en aquel entonces el secretario Luis Videgaray para escabullirse de los cuestionamientos. Técnicamente tiene razón, como doña Hilda, que no se pasó de los 450 dólares, sólo que en los hechos la influencia de la Secretaría de Hacienda sobrepasa la oficina de su titular.
La prueba de que el gobierno actual no entiende lo que es un conflicto de interés —porque en la cultura política toluqueña es el pan de todos los días— es la orden del presidente Peña Nieto de fines de abril del año pasado al respecto. La primera de las ocho medidas anunciadas después de que el secretario Virgilio Andrade exonerara al Presidente, obliga a los servidores públicos a incluir “posibles conflictos de interés” en su declaración patrimonial. Peña Nieto agregó que esto replica las “mejores prácticas internacionales”.
Pero no es así. Los servidores públicos simplemente deben dar información de trabajos anteriores, sociedades, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, etc., de él o ella y de sus familiares cercanos. Rara vez los conflictos de interés pueden detectarse ex ante; ¿cómo puede saber el servidor que dentro de dos años se enfrentará a una licitación de la que tendría que excusarse? Es durante el desempeño de su trabajo que las autoridades anticorrupción, con la información proporcionada, detectan los conflictos de interés reales o potenciales. Las “mejores prácticas internacionales” sólo sonrieron con esa muestra de candidez e ignorancia.
El jueves pasado, se aprobó en la Cámara de Diputados que Hacienda intervenga junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la asignación de licitaciones, “para darles mayor transparencia”. Naturalmente voté en contra —y espero que el Senado la rechace o modifique— porque el modelo teórico parece muy bien, pero la práctica con Hacienda al frente es lo que preocupa. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog, y en Facebook: ceciliasotomx