A legislar sobre mariguana medicinal
Esta semana el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentará en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de uso terapéutico de la mariguana, que le fuera entregada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el 17 de diciembre pasado.
No se trata de una adopción en automático de esa iniciativa. Por el contrario: tanto en la Asamblea Legislativa como en las cámaras de Diputados y de Senadores, legisladores del PRD han presentado iniciativas críticas a la regulación prohibicionista de la cadena producción-comercialización-consumo de la mariguana.
Pero, en esta ocasión, la propuesta tiene la virtud de ser resultado de un amplio proceso de reflexión y debate generado entre especialistas en el tema de salud pública, procuración de justicia y académicos, cuya figura más pública es el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente y de cuyo consenso participa el propio jefe de Gobierno. El proyecto busca reformar dos artículos de la Ley General de Salud, el 237 y el 245.
Uno de los párrafos dice así: La propuesta de Reformas a la Ley General de Salud comprende la supresión de la prohibición contenida en el artículo 237 a la importación, portación, prescripción médica, suministro y utilización de medicamentos que contengan extractos de cannabis sativa, indica y americana o “cannabinoides sintéticos de uso clínico” y la mención de que queda exceptuada de la prohibición la importación de tales medicamentos”. Por su parte, la reforma al artículo 245 reclasifica a la cannabis y al tetrahidrocannabidol, THC, de sustancias prohibidas a sustancias reguladas.
Como bien señala el investigador del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, en su artículo “Costos constitucionales de la guerra contra las drogas”, además de los costos en violencia, desplazamiento forzado de ciudadanos, aumento desmedido en el presupuesto destinado al combate al tráfico de drogas, etcétera, se debe sumar el de la alteración a constituciones y leyes con el fin de favorecer y facilitar el abordaje prohibicionista que permea toda la estrategia de combate a las drogas en México.
El espíritu que permea la Ley General de Salud, que rechaza en forma terminante cualquier uso médico de la mariguana, no es resultado reciente de alteraciones en las leyes para favorecer el combate al tráfico de narcóticos, pues antecede en décadas a este fenómeno. Más bien es resultado de la adopción acrítica y automática de criterios adoptados por la Organización de Naciones Unidas poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pudo imponer a esa organización un enfoque radical prohibicionista que permeó convenciones y tratados firmados ingenuamente por México cuando nuestro papel de tránsito era poco significativo.
Mientras que el efecto altamente eficiente de los opiáceos —en particular la morfina— como analgésico en casos de dolor extremo era muy conocido tanto en la práctica médica como en la investigación científica, particularmente a raíz de su amplio uso en la Segunda Guerra Mundial, el uso terapéutico de la mariguana estaba más restringido a su práctica en la herbolaria tradicional en pueblos originarios o en usos acostumbrados en círculos familiares como “remedio casero”. La prohibición radical de cualquier uso de la cannabis en la Ley General de Salud detuvo proyectos de investigación por décadas y probablemente impidió al acceso a un remedio barato y accesible para paliar el dolor y síntomas intolerables a miles de enfermos.
De aprobarse las reformas propuestas, se liberaría la importación de productos medicinales que contengan los compuestos mencionados. Pero y entonces, ¿por qué tenemos que quemar todas las toneladas de mariguana que, de tanto en tanto, se incineran en campos militares? Lo mismo puede aplicarse a la reciente reforma al Título Octavo Bis de la Ley General de Salud que trata de “los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal”. Esta reforma debe verse en el contexto de la nueva Estrategia Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos de los Enfermos en Situación Terminal, recientemente puesta en marcha por la Secretaría de Salud y que responde, entre otros motivos, a la escasez y difícil acceso a los analgésicos opiáceos. Importamos morfina pero prohibimos a la industria farmacéutica local la investigación y desarrollo de medicamentos que tienen su origen en la goma de opio que escurre de las amapolas. ¿Será inteligente y práctico quemar las incautaciones de mariguana y goma de opio que realizan las Fuerzas Armadas? Puede encontrar el estudio en Ending Drug Wars de la London School of Economics. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog y en FB: ceciliasotomx