110 millones sí y 9 millones no

110 millones de mexicanos están representados con toda la pluralidad de sus opiniones, creencias, valores y preferencias políticas en los órganos de representación más cercanos a su vida e intereses diarios: los cabildos en los municipios que se integran con representantes de todas las fuerzas políticas según las favoreció el voto popular. Mediante este sabio mecanismo, los partidos políticos y los ciudadanos inician la formación de sus cuadros políticos, vigilan el presupuesto, conocen las necesidades de todos los ciudadanos —no sólo de los que simpatizan con su corriente política— y se inician en el abecé de la administración pública. Ahí comenzó su carrera política la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como regidora de un cabildo plural. Pero hay nueve millones de mexicanos a los que se les niega este ejercicio directo de la democracia. Ahí donde habitan, el que gana, lo gana todo y las minorías, por más significativas que sean, lo pierden todo.

110 millones de mexicanos están regidos por constituciones locales que traducen y adaptan a su realidad más próxima los mandatos de la Constitución federal y les permiten innovar y ensayar nuevas rutas y propuestas para su autogobierno. También hay libertad para los errores que se cometen localmente, no nacionalmente, y pueden ser corregidos mediante la participación plural en sus Congresos locales. Estos últimos tienen el derecho a promover iniciativas ante el Congreso de la Unión, pues es el ciudadano que vive en el municipio, en el barrio, en el poblado, quien sabe mejor cómo mejorar su entorno, una experiencia muy diferente a la que puede imaginar quien lo representa en las Cámaras de Diputados y Senadores. Pero nueve millones de mexicanos viven bajo el tutelaje de un estatuto que redacta para ellos el Congreso de la Unión. Son tutelados como si fueran menores de edad o menores en derechos ciudadanos y su representación legislativa carece del derecho de iniciativa.

110 millones de mexicanos tienen derecho a que sus presidentes municipales junto con sus cabildos realicen una gestión autónoma de sus presupuestos. Sin embargo, las finanzas que pagan los servicios más cercanos a la vida diaria de nueve millones de mexicanos no pueden gestionarse con autonomía. Reciben instrucciones centralizadas, como una mera dependencia del Ejecutivo, con mínima libertad para innovar o atender necesidades cuya satisfacción reclaman los ciudadanos.

110 millones de mexicanos que viven en 31 estados de la República y el Distrito Federal son mencionados de forma prominente en el artículo 40 constitucional: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. En el artículo siguiente insiste nuestra casi centenaria Constitución en referirse sólo a los 110 millones de mexicanos mencionados: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores…”.

Pero hay nueve millones de mexicanos que vivimos en la hermosa, sufrida y vibrante Ciudad de México a los que nuestro actual texto constitucional incluye como parte de la Federación, como de contrabando, casi por la puerta de atrás, hasta el artículo 43.

La minuta sobre la Reforma Política del Distrito Federal que ha enviado el Senado para que sea revisada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados pone remedio a estas anomalías que desmerecen la calidad de democracia que viven los ciudadanos de la Ciudad de México y disminuyen también las facultades que tienen los órganos de gobierno de esta parte del territorio donde, además de estar asentados los Poderes de la Federación, habitan nueve millones de mexicanos y trabajan y se trasladan diariamente otros cuatro millones de los estados vecinos.

De aprobarse el proyecto de Reforma Política del Distrito Federal, éste sería homologado como entidad federativa con plena autonomía y una mayor soberanía. Y entonces seríamos 119 millones, la totalidad de los mexicanos, los que gozaríamos de los mismos derechos y garantías para mejorar a este país en forma legal y pacífica, para innovar en participación y autogobierno, para ensayar soluciones metropolitanas y no meramente municipalistas, para ofrecer una mejor calidad de democracia, para ser partícipes en la vigilancia y ejecución de las políticas públicas de sus gobiernos más cercanos. Y nos llamaríamos como nos sentimos: Ciudad de México. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog