Ni una brizna de decencia
Durante 2014, representantes del despacho legal y de cabildeo, con sede en Washington, Covington and Burlington, viajaron varias veces a la Ciudad de México a entrevistarse con las autoridades responsables de la licitación del tren México-Querétaro. Su cliente, una de las compañías interesadas en participar, estaba preocupado porque el periodo de tiempoprevisto en la convocatoria de apenas dos meses para preparar toda la documentación exigida hacía imposible su participación.
Esa compañía y otras más argumentaron repetidamente que se requerían ocho meses. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, hizo caso omiso de los argumentos de la abrumadora mayoría de los licitantes, lo que provocó que se retiraran 16 de las 17 compañías interesadas. Como se sabe, sólo quedó el consorcio formado por dos compañías chinas y otras mexicanas, entre ellas, Teya, la compañía del mexiquense amigo del presidente Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Cuatro días después de asignarse la licitación al consorcio chino-mexicano, el viernes 6 de noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto ordenó dar marcha atrás a los resultados de la licitación y dio instrucciones para reponerla. Toda la argumentación del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para exonerar al Presidente y al secretario Videgaray de haber incurrido en conflicto de interés se basa en que, formalmente, ni el titular del Ejecutivo ni el secretario tienen a su cargo directamente los procesos de licitación. Y si eso es así, ¿por qué el presidente Peña Nieto ordenó la cancelación de la licitación si legalmente no le estaba permitido intervenir de cualquier manera?
El secretario Andrade se apoya en la Fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: “El Presidente de la República no intervino en ningún proceso de contratación. Por tanto, no era jurídicamente posible que se excusara de intervenir en los mismos, ya que dichos procesos no forman parte de sus atribuciones constitucionales y legales”. Precisamente para no incurrir en conflictos de interés, las licitaciones de obra pública no son competencia directa del titular del Ejecutivo: ya sea para adjudicarlas o para cancelarlas.
El secretario Andrade pasa por alto la falta del Presidente —la de ordenar la cancelación de la licitación, pese a que no tiene derecho a ello— para no tocar ni investigar el aparente conflicto de interés que causó la mayor indignación en la opinión pública: el de la licitación del Tren México-Querétaro. La licitación reducida a un solo postor, las otras compañías interesadas estaban ausentes como medida inequívoca de protesta y explorando algunas de ellas las vías para demandar al gobierno de México ante la OMC y las instancias legales del TLCAN y del TLC con la Unión Europea, pues todo apunta a que el consorcio “ganador” contaba con información privilegiada. Y, casualmente, Teya, la compañía constructora del amigo del Presidente y financiador de las casas Blanca y de Malinalco, forma parte de ese consorcio, no de alguno de los otros 16 que se retiraron. El secretario Andrade dedica diez palabras a este asunto.
Al referirse a la tasa de interés de 9% del crédito que la señora Rivera recibió de Higa, Andrade acota: “Igual al interés legal previsto en la ley civil federal”. Me hubiera gustado conocer esa “ley civil federal” para exigirlo en mi crédito hipotecario, pero lo interesante es que, cuando menciona la tasa de interés que recibió Luis Videgaray, de 5.31%, omite cualquier comentario. Las operaciones de crédito entre la señora Rivera y constructora Higa y entre Luis Videgaray y la misma empresa fueron transacciones entre particulares, queriendo decir con ello que los particulares tienen derecho a prestar su dinero y cobrar el interés que les dé la gana. Y lo tienen, pero no sabemos si el señor Andrade le preguntó al actual secretario de Hacienda si sabía que, en seis semanas, tendría ese puesto o algún otro de importancia semejante; si como jefe del equipo de transición tenía acceso a documentos gubernamentales sensibles y, por tanto, era un ciudadano no tan particular; si estaba al tanto de la promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de construir ferrocarriles y varias preguntas más que exploraran el carácter sui géneris de los integrantes de los equipos de transición. No hay espacio para nombrar todas las tomaduras de pelo del secretario Andrade.
El marco de la ley puede ser estrecho y defectuoso, pero en vez de observar a un secretario de la Función Pública que lo respeta porque no le queda de otra, aunque que se muestra inconforme con esas limitaciones, que sugiere a los legisladores cambios potenciales, encuentro a un funcionario que prefiere servir a su jefe directo y no al pueblo de México. Ni una brizna de decencia. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog