Auditores y consejeros ¿seducidos?
La autonomía dela fiscalía es un elemento detonador de este cambio cultural. El caso de Petrobras es ejemplar: varios de los más altos directivos de las once empresas constructoras más relevantes de ese país llevan cuatro meses en prisión.
La corrupción que se practica en México y en países como el nuestro es silvestre. Se traduce en el enriquecimiento de unos cuantos, en pérdidas y fallas en los proyectos y empresas afectadas por ésta y en robo de recursos públicos con la gravedad que esto implica. Comparada con la corrupción que causó la gran depresión de 2008-2009 de la que todavía no logran salir del todo Europa y Japón, la nuestra es un ejercicio de primerizos seriales. Porque en el corazón de la crisis financiera, que estalló el 15 de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, estuvo no sólo un problema de desregulación sino la complicidad voluntaria o no, de los sistemas de auditoria interna y externa de bancos, fondos y casas financieras que aprobaron, una y otra vez, los estados financieros de empresas como Lehman y otras que se sostenían apenas por la seguridad de que “eran demasiado grandes para caer”.
Ahora que estamos a punto de estrenar un sistema anticorrupción, hay que aprender de los errores propios y ajenos. Las baterías de la opinión pública y de los legisladores han estado centradas en la corrupción endémica en el sector público, en la falta de transparencia y en el binomio corruptor/corrupto que plaga a la iniciativa privada y al gobierno. Se ha puesto atención en el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización públicas, pero se ha pasado por alto el papel de las herramientas de auditoría privada y la responsabilidad de los consejos de administración de las empresas. Estos también tienen que evolucionar y fortalecer su papel fiscalizador en la iniciativa privada.
Un ejemplo de esta falla institucional, tanto pública como privada, es el caso de Petrobras en Brasil. En noviembre del año pasado, el despacho de auditoría PricewaterhouseCoopers, PwC, contratado por la empresa brasileña desde 2012, se negó a avalar el informe financiero del tercer trimestre de Petrobras, empresa golpeada por las revelaciones de la investigación "auto-lavado", montada por la fiscalía de ese país y amenazó reportar sus dudas a la Securities Exchange Commission, SEC, en Nueva York. La pregunta que surge es ¿por qué PwC avaló los informes de 2012, 2013 y primeros dos trimestres de 2014, a pesar de que las operaciones de alteración de precios, cohecho y mordidas estaban presentes? ¿Por qué los avalaron los despachos de auditorías externas anteriores?
Sólo menciono el ejemplo de Petrobras porque su caso es actual, se trata de una compañía que cotiza tanto en la Bolsa de São Paulo como en la de Nueva York, porque su presidente tenía que informar a los accionistas privados y públicos del estado de la compañía y porque muchos (yo, por ejemplo) vivían bajo la ilusión de una mejora sustancial en su gobernanza corporativa. En México sobran ejemplos de malas prácticas públicas que se dejan pasar, ignoradas o encubiertas, por consultores privados. El caso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México es, sin duda, uno de ellos.
¿Se trata de complicidad de las firmas de auditoría, de incompetencia, de “ceguera de taller”? Un estudio habla de “seducción moral” del auditor externo, ablandado por la cercanía con la compañía, por periodos de rotación demasiado prolongados, por la absorción cultural casi por ósmosis de estándares laxos propios del “ahí se va” mexicano y del jeitinho brasileño. Otros estudios hablan de que, a diferencia del fraude descarado, la corrupción no deja huella en los papeles de contabilidad de la empresa pública, por lo menos no en forma obvia. Otros indicadores de medición de buenas prácticas de las empresas deberían incluirse de forma sistemática como probables alertas de prácticas indebidas. Y los integrantes de los Consejos de las empresas deberían jugar un papel más allá de ser pasivos receptores de los informes corporativos y activos participantes en los festejos que ambientan las reuniones trimestrales y anuales de los consejeros.
El naciente cambio cultural de rechazo a la corrupción, que hizo posible la reforma recién aprobada, tiene que acelerarse con el fin de la impunidad, rompiendo el ciclo del “no va a haber ninguna consecuencia”, y que la opinión pública presiente cada vez que surge un nuevo escándalo.
La autonomía de la fiscalía es un elemento detonador de este cambio cultural. El caso de Petrobras es ejemplar: varios de los más altos directivos de las once empresas constructoras más relevantes de ese país llevan cuatro meses en prisión. Algunos de ellos ya negocian cierta mejora de su condena, a cambio de confesar y aportar pruebas, sin que ello signifique que se disminuya el pago que tendrán que hacer para resarcir al Estado brasileño por las pérdidas en las que incurrió por sobrefacturación o que no se les sentencie. Todos los casos son públicos y la vergüenza que han traído sobre sí y sus familiares es parte de la destrucción de la cultura —igual que la mexicana— que celebraba la habilidad para burlarse de la ley en beneficio propio.
Para el gobierno la tarea apenas empieza: poner en práctica las reformas recién aprobadas bajo la vigilancia de la opinión pública. Consejeros corporativos y firmas de auditoría externa deben hacer la suya con rigor pues también son responsables. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog
*Analista política