El Instituto Nacional Electoral, una aberración
La propuesta del Instituto Nacional Electoral es la más significativa admisión de derrota moral de Acción Nacional, un partido que decía guiarse por el principio de subsidariedad, principio que privilegia el desarrollo de capacidades locales, y cuyas aportaciones más ...
La propuesta del Instituto Nacional Electoral es la más significativa admisión de derrota moral de Acción Nacional, un partido que decía guiarse por el principio de subsidariedad, principio que privilegia el desarrollo de capacidades locales, y cuyas aportaciones más significativas a la democracia en el país siempre vinieron de batallas locales, algunas épicas, como las de Chihuahua en 1986, con Luis H. Álvarez, y las de San Luis Potosí, con el doctor Salvador Nava, se rinde y declara menores de edad a los ciudadanos de estados y municipios. Para el PRI se trata del cambalache de principios a cambio de la continuidad del Pacto, todo disfrazado con pirotecnia retórica. Dice su presidente César Camacho: “Es evidente que (el Instituto Nacional) es un mecanismo centralista; lo que esperaríamos es que efectivamente pueda, sin atropellar a las autoridades locales, ser capaz de articular esfuerzos...”. ¿Y cómo proponen “no atropellar a las autoridades locales”? Fácil: desapareciéndolas.
Si a los frecuentes problemas y abusos en las finanzas estatales se hubiera aplicado una solución equivalente a la del INE, se hubiera desaparecido a las secretarías de Hacienda estatales y sus funciones hubieran sido absorbidas por los chicos de Luis Videgaray. Pero correctamente se optó por una legislación que combina referentes federales —una contabilidad homologada—, desarrollada por instancias locales y rendición de cuentas en ambos niveles.
En el caso del INE, el PAN y el PRD quieren sortear las dificultades de crear fuerzas propias con peso e influencia locales en ciertos estados con resabios caciquiles mediante artificios legalistas que pasan por alto el factor más importante en una democracia: el empoderamiento de los ciudadanos y de las instituciones a través de las cuales puedan canalizar ese empoderamiento.
Aunque ya varios especialistas han señalado la desproporción entre el diagnóstico y el remedio, no se ha subrayado lo suficiente lo que, creo, representaría la mayor pérdida para la ciudadanía: la capacidad de experimentar localmente soluciones que pueden resultar ya sea inadecuadas a nivel federal por no resolver dificultades nacionales, o demasiado atrevidas para ser aceptadas por todos los partidos. La historia del derecho al voto de las mujeres, cuyo aniversario 60 acabamos de celebrar, es un excelente ejemplo de cómo primero se ensayó en municipios y en estados diversas fórmulas para demostrar la viabilidad del voto de las mujeres. Ya sea otorgando el derecho al voto en los municipios, como sucedió de manera vanguardista en Yucatán, ya sea reconociendo el derecho a votar pero no a ser votadas, etcétera, hasta culminar con el decreto de octubre de 1953.
En la lucha más reciente por las cuotas se ha desarrollado una gran sinergia entre la legislación federal y la iniciativa de los congresos locales. Desde los cambios introducidos en la LV Legislatura, promoviendo la igualdad de género, pasando por las primeras cuotas que exigían un mínimo de 20% de presencia del sexo subrepresentado en un Congreso y en candidaturas municipales, ensayadas por primera vez en Sonora.
Las cuotas se han ido aumentando y se han perfeccionado los mecanismos para vigilar su cumplimiento primero en los estados y ello ha tardado en la legislación federal precisamente porque es más fácil innovar en lo local, casi como un experimento piloto, que cuando se trata de acuerdos entre las fuerzas partidarias nacionales.
Cuando los partidos nacionales, PRI y PV principalmente, inventaron el truco de las juanitas para cumplir formalmente con la cuota de género en candidaturas federales pero con la intención de burlarla haciendo que las candidatas electas renunciaran para ser sustituidas por suplentes hombres, la solución vino del estado de Quinatana Roo, tanto de su congreso como de sus autoridades estatales, exigiendo la suplencia con candidaturas de mujeres.
Más recientemente fueron las mujeres del estado de Sonora quienes introdujeron a nivel local la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas y fue también en los estados en donde se invalidaron por primera vez planillas municipales que no cumplían con la cuota de género, antes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera la sentencia que obligó a los partidos en las elecciones del año pasado a cumplir la cuota de 40/60 por ciento en las candidaturas federales.
Estados y municipios también han innovado con las candidaturas independientes, con el reconocimiento de partidos locales o regionales y con la implementación de la segunda vuelta en elecciones municipales.
La iniciativa para crear el INE es el ejemplo típico de tirar el agua de la bañera con todo y el niño. Tiene además un “efecto secundario” no previsto por quienes la impulsan, pero señalada por el académico Pedro Salazar: la protesta también se “federalizará” y a la capital de la República llegarán todos aquellos casos de conflicto electoral local relevante. Ya no sólo será la CNTE, sino todas aquellas alcaldías cuya solución no satisfaga a los ciudadanos de esas localidades. Prepárense. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog
*Analista política