Cuauhtémoc tiene (casi) toda la razón
Aunque la propuesta del PRD contiene una serie de propuestas interesantes y positivas, como el énfasis en la inversión en ciencia y tecnología, la formación de un fondo para los excedentes petroleros y otras, no comparto la primera de sus premisas: “Prolongar lo más posible la vida de las reservas”.
La reforma propuesta por el gobierno en materia energética quiebra el monopolio de Pemex en varias de las tareas que hasta ahora le son exclusivas. Desde mi punto de vista, este fin del monopolio es sano y necesario para poder enfrentar los retos del fin del petróleo abundante y en aguas someras, de la necesidad de explorar y explotar el petróleo de aguas profundas y de participar del nuevo paradigma energético planteado por la exploración exitosa del gas y petróleo esquisto por nuestros socios en Norteamérica. Si la reforma se aprueba sin un consenso mínimo con el PRD, se expone a enviar el mensaje equivocado a los inversionistas: en el mejor de los casos, si se sigue la ruta crítica propuesta por el ingeniero Cárdenas, habrá movilizaciones en torno a una consulta popular que coincida con las elecciones federales de 2015 y más movilizaciones hasta 2018.
En cambio, puede haber desde ahora un acuerdo en lo fundamental que evite ese desgaste y un mensaje confuso para los inversionistas. El ingeniero Cárdenas tiene razón cuando detecta que al quitar el carácter estratégico al petróleo —como se plantea en la redacción propuesta para el artículo 28 constitucional— se deja sin materia el artículo 25, que dice en el párrafo correspondiente: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.” Aunque el artículo 27 constitucional garantiza la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo, la reforma propuesta abre una ventana de incertidumbre sobre Pemex.
El debate sobre esto no se puede dejar para la etapa de las reformas secundarias por la sencilla razón de que el PRI ya tiene la mayoría simple en la Cámara de Diputados y el PAN, que tiene una tenue y frágil mayoría en el Senado, no coincide con el PRD en el tema de la reforma energética. Tiene que negociarse un candado en la redacción del artículo 28 y del 25 a fin de que se asegure el control del Estado sobre Pemex. Y fuera de la redacción específica de los artículos constitucionales, puede y debe negociarse un marco de los mínimos aceptables que podrán contener esas leyes.
Por ejemplo, no basta desear que Pemex tenga un mejor gobierno corporativo y que sea más eficiente y transparente. Para que Pemex se comporte como una empresa hay que convertirla en una empresa, una en la que el Estado tenga 100 por ciento de las acciones. Aunque hay experiencias internacionales exitosas de emisión de acciones en Bolsa de varias empresas petroleras estatales en las que el Estado sigue conservando el control, en esta etapa en México ya sería un gran paso que Pemex dejara de ser un organismo del gobierno para transformarse en una empresa pública con las obligaciones y las libertades de una empresa que debe tener ganancias, pagar impuestos y derechos, rendir cuentas rigurosas a sus dueños (todos los mexicanos), etc. Con todo, esta transformación no puede liberarla de sus obligaciones de servicio público, por ejemplo, en el caso demasiado frecuente de desastres.
Aunque la propuesta del PRD, abanderada por el ingeniero Cárdenas, contiene una serie de propuestas interesantes y positivas, por ejemplo, el énfasis en la inversión en ciencia y tecnología, la formación de un fondo para los excedentes petroleros (que también se menciona en la propuesta gubernamental) y otras, no comparto la primera de sus premisas: “Prolongar lo más posible la vida de las reservas”. En condiciones que impiden la participación de compañías con experiencia en aguas profundas y ultra profundas y el desarrollo de un abanico amplio de fuentes alternativas de energía, la redacción de la propuesta del PRD llevaría al racionamiento del consumo de hidrocarburos, es decir, las “alertas energéticas” que suspenden el abastecimiento de gas a las empresas, pero ahora para toda la población. Hay que ampliar las reservas, volver a tener una razón positiva entre la extracción y la reposición de reservas invirtiendo en la exploración en las modalidades más pertinentes: aguas profundas, esquistos, recuperación secundaria, etc. Y para ello, hay que invitar a los que ya lo han hecho con éxito y por tanto hay que cambiar la Constitución.
El gobierno propone los contratos de utilidad compartida para evitar la confrontación con la izquierda, que significa volver al régimen de concesiones, tan presentes en la saga de la nacionalización. Y aunque informa que sólo siete países mantienen estos contratos de utilidad compartida, no explica por qué tan pocos países los mantienen. La razón es que es la peor opción porque la utilidad a compartir se calcula una vez que se descuentan los costos en los que incurrió la compañía contratada. Y aquí es donde vienen los problemas. Este tipo de contratos incentiva a que las compañías inflen sus precios a fin de aumentar sus ganancias y disminuir lo más posible las utilidades a compartir.
Hay mucha literatura que detalla las dificultades de las agencias gubernamentales para auditar los gastos reportados por las compañías petroleras. También la hay sobre las reacciones políticas que han provocado estas prácticas: nacionalizaciones, ascenso de figuras radicales como el difunto Hugo Chávez, etcétera, ante el cúmulo de artilugios de las compañías para no transparentar sus costos y, en cambio, inflarlos. El ex director de Pemex, Adrián Lajous, proporciona en su más reciente artículo de Nexos, una interesante bibliografía al respecto.
Paradójicamente, el régimen de licencias, una versión moderna de las concesiones, incentiva a las empresas licenciadas a eficientar sus costos a fin de aumentar sus utilidades. Esta parte de la propuesta gubernamental es equivocada, pues, de aprobarse, obligará a Pemex o a la agencia encargada de celebrar estos contratos a un esfuerzo regulatorio extremadamente difícil de realizar exitosamente. Cualquier falla en este sentido, por ejemplo, y el fenómeno de utilidades inusualmente mezquinas dará la razón a quienes estuvieron en contra de la reforma. Décadas de experiencias con concesiones y contratos de producción y/o utilidad compartida, han enseñado mucho a una mayoría de autoridades gubernamentales en materia de hidrocarburos y esta experiencia se concreta en regímenes de licencias que protegen los intereses soberanos de los países, incentivando el ahorro y la eficiencia de las compañías contratadas y una probable relación de ganar-ganar. Lo contrario es más probable en el régimen de utilidades compartidas. Y para continuar el debate nos encontramos en twitter: @ceciliasotog.
*Analista política