Contratar a otro gobierno

Es tan cómodo alimentarse de información provista por agencias de inteligencia sofisticadas como las de Estados Unidos, que es fácil para el gobierno volverse adicto a ellas y estar menos interesado en generar inteligencia propia.

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Carlos Elizondo Mayer-Serra 13/02/2014 01:47
Contratar a otro gobierno

En el año 2003, el gobierno de las islas Salomón, situadas en el Océano Pacífico, a más de tres mil kilómetros de Australia, preocupado por una creciente violencia, le solicitó a su distante vecino que se hiciera cargo de hacer cumplir la ley. Los australianos organizaron un contingente de dos mil burócratas, incluidos soldados, y lograron imponer el Estado de derecho (The Economist, jueves 6 de febrero).

Contratar a otro gobierno no es sólo una opción para los gobiernos de pequeñas islas a la mitad del océano. Sucede con frecuencia en otros países y en diversos ámbitos. México lo lleva a cabo de distintas formas con Estados Unidos. No sólo el gobierno, también los ciudadanos pudientes.

Por ejemplo, el gobierno del presidente Calderón logró una cercana colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos que le proporcionaron la información necesaria para poder llevar a cabo algunos de los golpes más importantes contra capos del narco. Otro ejemplo, en muchos contratos que se celebran en México, incluidos algunos del gobierno con terceros, hay un acuerdo entre ambas partes donde se comprometen a resolver sus diferencias en una corte fuera de nuestro país. El extremo de esta práctica es irse a vivir a Estados Unidos, para utilizar instituciones y servicios públicos de mayor calidad que los nuestros, desde seguridad hasta educación. Estos tres ejemplos son bastante dispares, pero parten del mismo problema, la fragilidad de nuestras instituciones, y tienen consecuencias similares, dificultar el proceso de mejora de las instituciones del país. 

Es tan cómodo alimentarse de información provista por agencias de inteligencia sofisticadas como las de Estados Unidos, que es fácil para el gobierno volverse adicto a ellas y estar menos interesado en generar inteligencia propia. Éste no es el único problema. El gobierno, dueño de los servicios, comparte la información que tiene en función de su objetivo último, que es la seguridad de su propio país. En el mismo sentido, cuando las empresas grandes resuelven sus disputas judiciales en cortes de otros países, no sólo pierden interés en resolver los problemas de impartición de justicia en nuestro país (y ésta es la única opción para la gran mayoría de las empresas en nuestro país), sino que entran a una cancha que tampoco es la suya y pueden terminar en desventaja frente a los locales, quienes la conocen mejor. Irse a vivir fuera de México para cualquiera angustiado por la inseguridad es sin duda tranquilizante, pero en la medida en que muchos de los más adinerados abandonan su localidad (como ha sido el caso en varias ciudades cercanas a la frontera, sobre todo en el estado de Tamaulipas), esas ciudades no sólo pierden actividad económica, sino la capacidad de los empresarios para promover y coordinar acciones de la sociedad civil, lo cual fue, por ejemplo, crucial en Tijuana para poder revertir los problemas del crimen organizado.

Ahora bien, hay muchos servicios públicos que conviene delegar o simplemente usar del que ha desarrollado otro gobierno. En el sexenio anterior se dejó de exigir certificación nacional tanto a aparatos electrónicos como a medicinas ya aprobadas por laboratorios de Estados Unidos y Canadá. ¿Para qué repetir procesos que sólo encarecen los productos? Fue un cambio adecuado, por más que hubo muchas críticas de los laboratorios que antes realizaban las certificaciones en México, incluida una controversia constitucional de la Cámara de Senadores que cuestionaba la facultad del Ejecutivo de emitir acuerdos de equivalencias para aparatos electrónicos, pero que fue ganada por el Ejecutivo. En el mismo sentido, si ya las autoridades de seguridad aérea de Estados Unidos determinaron que no hay riesgo por usar la mayoría de los aparatos electrónicos durante el aterrizaje y el despegue de los aviones, ¿qué esperan para autorizarlo en México? Usamos los mismos aviones que ellos.

Pero hay muchos interesados en que esos servicios se provean en México. Desde quienes los suministran y cobran por ello, como aquéllos que gozan de normas hechas a la medida. El cable de cobre, por ejemplo, tiene una norma oficial propia distinta a la de otros países, con lo cual se encarece la importación de cables provenientes del extranjero.

No es una cuestión de conceptos abstractos, como la soberanía, sino de qué funciona para el beneficio de todos y qué no. El número ya citado de la revista The Economist describe cómo los chinos, para mejorar la seguridad de sus aviones comerciales, de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, solicitaron a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) que les redactara los manuales y entrenara a sus pilotos.

Qué contratar y qué no es un dilema complicado. El gobierno de Peña Nieto enfrenta la enorme carga de poner en marcha las nuevas instituciones que derivan de las reformas aprobadas el año pasado. Van muy atrasados en la legislación secundaria y no está claro que tengan las capacidades para implementar las nuevas leyes adecuadamente, pues ya hemos visto que la mayoría de las instituciones existentes funcionan hoy mucho peor de lo que deberían. 

                *Profesor investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

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