Complicadas, manoseadas, exageradas y descuidadas
Para reformar bien, el gobierno debe tener claridad de qué quiere hacer.
El presidente Obama se encuentra en el momento más difícil de su Presidencia. Se le atoró la reforma estrella de su gobierno, la reforma de salud, conocida como Obamacare. Su gobierno falló en la puesta en marcha de la página web Healthcare.gov a través de la cual los estadunidenses puedan solicitar un seguro médico al amparo de la nueva legislación. Dadas estas fallas, el Presidente decidió, la semana pasada, posponer la plena vigencia de la ley hasta 2015.
Los problemas de esta reforma de salud se pueden resumir en cuatro. Uno, es muy complicada. Se optó por combinar un sistema privado de aseguramiento y de oferta de servicios de salud, con el objetivo de dar el derecho a la salud a todos, pero con un mínimo de subsidios públicos. Hay mejores modelos para el acceso médico universal, como el canadiense, pero para Estados Unidos ese sistema y el socialismo son la misma cosa. Dos, estuvo tan manoseada en el complejo proceso de negociación que se introdujeron todo tipo de cláusulas para atender a los intereses políticos afectados, con lo cual se terminó con un bodrio aún peor. Tres, el gobierno exageró los beneficios que se tendrían. Cuatro, descuidó su implementación.
En la corta vida del reformista gobierno de Peña Nieto, ya tenemos un caso similar: la reforma de telecomunicaciones. Es una complicada reforma que combina una exigente regulación de los actores dominantes con la creación de un ente público, encargado de desplegar la red troncal de fibra óptica de la CFE y de toda la banda de 700 MHz liberada con el apagón analógico. Estuvo tan manoseada en el proceso de negociación que culminó en una reforma constitucional, la cual con todo y artículos transitorios es más larga que toda la Constitución de Estados Unidos. Se exageró que transformaría al sector y nos daría más, mejores y más baratos servicios de telecomunicaciones, pero salvo el must carry y el must offer, no se han visto mejoras. Además, se ha descuidado su implementación, por lo que no se tendrá una ley secundaria decente para la fecha establecida por la propia reforma, el próximo 9 de diciembre.
Su impacto negativo ya se sintió. Según proyecciones de la SCT para este año la inversión en el sector de telecomunicaciones, tanto pública como privada, caerá en casi 30% respecto a 2012. Esto no sólo es un problema económico serio, sino que se puede convertir en uno de legitimidad para el gobierno. Antes, cuando mi celular no funcionaba, despotricaba contra el dueño de la empresa dominante. Ahora, mi enojo va contra quienes hicieron la reforma.
Reformar los nudos de ineficacia y abusos que se han construido con el tiempo y que explican nuestro bajo crecimiento económico es complicado. Detrás de cada uno de ellos hay intereses que defienden el actual equilibrio y que obligan a la negociación. Existen, además, muchas versiones de qué debe incluir la reforma ideal, es complejo implementar bien cualquier reforma, y sus efectos positivos suelen tardarse en llegar más tiempo del que estiman sus autores.
A 20 años del TLCAN las críticas en su contra estaban equivocadas, lejos de tener un déficit comercial creciente con Estados Unidos como se auguró, el año pasado tuvimos un superávit comercial con ese país de más de 61 mil millones de dólares. Sin embargo, los beneficios que presumían sus defensores tardaron mucho más tiempo en llegar que lo anticipado y fueron más limitados.
Para reformar bien, el gobierno debe tener claridad de qué quiere hacer. La lógica del Pacto por México, la búsqueda del consenso y la forma de operar del actual gobierno ha erosionado la coherencia técnica de las reformas.
El gobierno de Peña Nieto se juega su futuro en la reforma energética. Reformar es negociar, pero no ceder en lo fundamental. Son tan altas las expectativas generadas en los mercados internacionales respecto a la reforma energética, que es muy fuerte la presión para sacar lo que sea y antes de que termine este año.
La inversión privada en el sector energético no va a llegar simplemente porque se dé la apertura. Ésta tiene que ser competitiva. Si la negociación concluye con la típica ley barroca mexicana, lejos de las mejores prácticas internacionales, su impacto será mucho menor al esperado, como sucedió con Obamacare.
El gobierno no debe prometer lo que no sucederá. La reforma energética no va a bajar el precio de la gasolina ni el de la energía eléctrica a los hogares, donde hoy ya está fuertemente subsidiado. Sólo el consumidor industrial podría ver el beneficio con menores precios, mientras que el consumidor de gasolinas lo verá con productos de mayor calidad.
La oposición también se va jugar su futuro. El PAN tiene la llave del éxito de la gran reforma, será posiblemente su momento de mayor poder en el sexenio, siempre y cuando logre mantenerse unido. Tiene el reto de intercambiarla por una buena reforma política y presionar por mecanismos de apertura en la propia reforma energética más ambiciosos, como son las licencias o concesiones. El PRD va a intimidar al gobierno con la amenaza de que sin una reforma por consenso, lo cual dada su conservadora posición implica que cambiaría casi nada, habrá una gran movilización social y una consulta popular en 2015 que la echará para abajo. Cómo opere el gobierno esta reforma marcará al sexenio y, en parte, el futuro de nuestro país.
*Profesor investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom