La guerra por el control territorial
El reto estener una policía que funcione, bien entrenada y remunerada, con controles robustos en materia de corrupción y de respeto a la legalidad, con el tamaño suficiente para poder tenerla presencia territorial que el país necesita.
“El estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido. Los grupos criminales: Familia michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín”, son las palabras del obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez.
La reciente escalada de violencia en Michoacán, y en particular el ataque simultáneo a nueve subestaciones eléctricas de la CFE no fueron meros actos vandálicos. Los responsables de poner los artefactos lo hicieron para mostrar su capacidad de acción en la zona.
No estamos hablando de una guerra por el control de un poblado perdido en la sierra. En 2010, según el INEGI, Apatzingán tenía 99 mil 010 habitantes y era, por población, la cuarta ciudad de Michoacán. Fundada en el siglo XVII, es una zona de riqueza agrícola importante por su gran producción de limón, que cuenta con una razonable infraestructura educativa, hospitalaria y de servicios en general. Como se vio el fin de semana pasado, también Matamoros está siendo disputada por el crimen organizado. Se trata de una ciudad de 449 mil 815 habitantes y en la frontera con Estados Unidos.
Si bien no tiene sentido ir por la vida presumiendo la guerra contra el narcotráfico, como lo hacía el presidente Calderón, tampoco querer tapar el sol con un dedo ayuda. Ojalá el problema de la violencia hubiera sido simplemente que al anterior Presidente se le ocurrió enfrentar a los líderes del crimen organizado. Si así fuera, bastaría no hacerlo para que todo regresara a la normalidad.
Sin embargo, la “normalidad” en muchas zonas del país desde hace mucho tiempo es la presencia libre, casi sin restricciones, del crimen organizado. Éste, por una serie de razones que incluye la aparición de bandas delictivas con una lógica de negocios distinta, como son Los Zetas, la descentralización del poder que vino aparejada con la democratización y la caída de los grandes cárteles colombianos que fueron sustituidos por los mexicanos, mutaron de ser meros exportadores de droga a organizaciones mucho más complejas y poderosas. Muchas de las bandas criminales hoy buscan el control territorial para cobrar derecho de piso. La extorsión les da un flujo permanente de recursos. La evidencia fragmentada que se tiene parece indicar que hay zonas del país donde los mexicanos pagan más dinero por extorsiones que por impuestos.
El Estado mexicano desde hace muchos años ha ido perdiendo presencia efectiva en amplias franjas del país. El vacío lo fueron llenando distintas organizaciones. En algunos casos la CNTE, que por ejemplo tiene una gran fuerza en pueblos de la sierra de Oaxaca, donde el Estado mexicano prácticamente no existe. En otros, es el crimen organizado el que se va adueñando de la zona.
Desde el punto de vista económico, este sexenio estará marcado por cómo se vaya a resolver la reforma energética. Sin embargo, desde el punto de vista del bienestar y seguridad de millones de mexicanos a este sexenio se le juzgará por cómo logre enfrentar esta disputa por el territorio nacional y recuperar la tranquilidad de los mexicanos.
No sé qué modelo funcione mejor. El de tenerlo todo bajo una misma cabeza, como en Francia, o separado, como sucede en Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que si las policías son corruptas e ineficientes ningún modelo opera bien. Si sucede lo contrario, cualquiera puede funcionar. El reto es tener una policía que funcione, bien entrenada y remunerada, con controles robustos en materia de corrupción y de respeto a la legalidad, con el tamaño suficiente para poder tener la presencia territorial que el país necesita. El gobierno ha perdido el foco de que la base está en tener buenas policías por implementar la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública dentro de la Secretaría de Gobernación.
El actual gobierno tiene una gran ventaja sobre su antecesor. Los gobernadores de 21 de las 32 entidades federativas son del PRI. Esto permite una mayor coordinación entre el gobierno federal y el estatal. En parte por esto, para el gobierno anterior fue más fácil enfrentar el reto de la creciente violencia en Baja California, gobernado por el PAN, que en entidades gobernadas por partidos políticos distintos al de la Presidencia de la República.
El origen del problema de la violencia es que muchos gobiernos de los estados no hacen su tarea. En estados donde se han visto avances en cuanto a la seguridad pública, como el caso de Nuevo León, ha sido posible porque el gobierno de la entidad, presionado por la sociedad y en especial por los empresarios del estado, ha invertido en crear una nueva policía estatal, la llamada fuerza civil. Si bien, la reciente salida de la Marina de la escena del conflicto ha llevado a un repunte de la violencia en el estado, la nueva policía estatal deberá ir aumentando en número de efectivos y capacidad de enfrentar al crimen.
La responsabilidad del gobierno federal es buscar que los gobiernos locales hagan su parte, presionándolos, pero también apoyándolos. Hasta ahora el gobierno federal ha tenido una intensa labor reformista que implica todo tipo de negociación política: desde la CNTE hasta los partidos políticos. Ahí se ha concentrado. Es un error. La prioridad debe ser recuperar el control sobre el territorio nacional. Las reformas son importantes, pero sin perder de vista que sin un Estado fuerte y competente no sólo las reformas no servirán para nada, sino que la inseguridad seguirá siendo la preocupación central de los mexicanos.
*Profesor investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom