Cambalache fiscal
Varios de los cambios propuestos en el IVA ya fueron rechazados por los diputados. Una parte de los ingresos sacrificados por estas concesiones seguramente vendrán de un impuesto a los refrescos aún más alto que el originalmente pedido por el gobierno.
En 2007 el gobierno de Calderón, a cambio de que el PRI y el PRD aprobaran el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), aceptó una reforma electoral que eliminaba la posibilidad de comprar spots en los medios electrónicos, y por tanto que aparecieran al día siguiente de ser producidos. Con la nueva ley, los spots son asignados por el IFE tras un largo trámite. El gobierno de Calderón también aceptó la prohibición de juzgar en ellos a sus adversarios políticos. Incluso criticar a un adversario con bases verídicas fue considerado por el Tribunal Electoral como ilegal. Con estas reglas, para el PAN va a ser muy difícil volver a ganar la contienda presidencial.
En su propuesta de reforma hacendaria, el presidente Peña Nieto optó por eliminar ambos impuestos. No negoció su eliminación a cambio de su propuesta fiscal. Nadie ha agradecido el fin del IETU, pero la crítica a la propuesta del gobierno ha sido muy dura. El gobierno perdió una carta de negociación antes de tiempo.
El gobierno pensó que podía compensar ambos impuestos con cambios en el Código Fiscal que fortalecen las capacidades del SAT para recaudar, así como con una reducción significativa de las deducciones y privilegios en el ISR, tanto de las empresas como de las personas físicas. En el modelo propuesto por Peña Nieto, el ISR se convierte en una suerte de IETU, pero a una tasa de 30% en el caso de las empresas (más 10% a retener en el caso del pago de dividendos), no de 17.5% como en el IETU.
Sin embargo, en el Congreso las cosas nunca son como se esperan. Algunos de los principales controles en el Código Fiscal quedaron diluidos. Está por verse hasta dónde se le dotó al SAT de mayores instrumentos para fiscalizar a los contribuyentes y aún no se sabe si el Congreso va a sostener la reducción de deducciones y privilegios, propuesta por el Ejecutivo.
Desde 1989, cuando el entonces subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz introdujo el Impuesto al Activo, que luego fue sustituido por el IETU, no habíamos tenido ISR sin un impuesto de control para aquellos causantes que usan todo tipo de tretas para lograr no pagar nada o lo mínimo. Es una apuesta. El gobierno estimó en su propuesta que el ISR se incrementaría el año entrante en casi 9%, pero dudo se sepa cuánto va a poder generar el nuevo ISR, erosionado en su paso por el Congreso. Simplemente el tener una nueva ley del ISR abre la puerta a la jugosa industria del amparo fiscal.
Varios de los cambios propuestos en el IVA ya fueron rechazados por los diputados. Una parte de los ingresos sacrificados por estas concesiones seguramente vendrán de un impuesto a los refrescos aún más alto que el originalmente pedido por el gobierno, el cual es la parte de la propuesta fiscal que más afecta a los más pobres. El gobierno sigue sin proponer ajuste alguno en los niveles de gasto público para compensar la caída de ingresos esperados, como si no hubiera excesos y desperdicios en el uso de los recursos públicos.
El PRD parece no sólo dispuesto, sino gozoso, de autorizar los cambios en el ISR, incluidos una tasa mayor a los contribuyentes con más ingresos y un déficit público más abultado que en el pasado. Este último le dotará de recursos al gobierno de Peña Nieto sin que le cueste gran cosa políticamente, dado que no son impuestos adicionales y el afectado, el causante futuro, aún no sabe el tamaño de la factura. A cambio, el PRD ha negociado recursos adicionales para la capital del país, aunque éstos son una piscacha frente a todos los recursos adicionales de los que dispondrá el gobierno federal.
Hay, además, un intercambio similar al de hace seis años: una nueva reforma política. Ésta incluye la creación del Instituto Nacional de Elecciones para todas las elecciones del país y con mayores facultades en el control del gasto de los partidos; la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes; nuevas causales de nulidad en los comicios y gobiernos de coalición. Para el PRD, los nuevos controles al gasto de los partidos y la nulidad de la elección en caso de que se sobrepase el gasto permitido son cruciales, creen ellos, para poder ganar la Presidencia en el futuro. En un complicado juego de tres bandas, el PAN parece apoyar la reforma política, pero en su caso será la ficha de cambio por la reforma energética, aunque un conjunto de notables panistas está buscando un frente común con el PRD para bloquear tanto la reforma fiscal como la energética.
Negociar es intercambiar. El reto es hacerlo por algo que valga más que lo cedido. Para los partidos que están hoy en la oposición, la ficha escogida son reglas electorales que les hagan más probable ganar. Para el partido en el poder, el objetivo es conseguir recursos adicionales, tanto de la reforma fiscal como de la energética. Para el ciudadano común, lo relevante sería una mejor calidad del gasto público. Pero esto parece estar fuera del debate político.
*Profesor investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom