Bomberos y procuradores

Nuestras procuradurías actúan por razones políticas. Estamos tan acostumbrados a ello que ni nos asombramos. Sólo atienden los casos de los enemigos del jefe. Los de los amigos, se archivan y se olvidan. El Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Actúa cuando quiere y como quiere. En los casos importantes, seguirá las instrucciones del jefe. En aquéllos de menor relevancia política, en función del mejor postor. Tarea central de un abogado penalista es repartir dinero para empujar los intereses de su cliente.

En su renuncia al cargo de procurador general, Raúl Cervantes informó que había concluido la investigación del caso Odebrecht. Vamos a cumplir tres meses de ese anuncio y no ha habido acción penal al respecto. Se trata de un caso global donde hay confesión de los corruptores y que ha tenido consecuencias penales en todos los países involucrados, salvo Venezuela. La inacción en México parece confirmar una hipótesis: la renuncia de Cervantes se dio porque su jefe no le permitió actuar.

Dado que las procuradurías actúan por razones políticas, puede ser arriesgado para un gobernador saliente con larga cola no lograr dejar en el cargo a su sucesor. Su adversario puede nombrar a un procurador cuyo objetivo sea tratar de desenmarañar la red de corrupción con la que saqueó al estado y trató de ganar las elecciones locales. Por perder la elección, Javier Duarte, Roberto Borge y Guillermo Padrés están hoy en la cárcel y César Duarte, prófugo. Debido a que muchos de los delitos son del fuero federal y a que debe extraditarse a los fugados, se requiere colaboración del gobierno federal. La hubo con Javier Duarte y con Borge, no con César Duarte.

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como uno de sus elementos centrales la autonomía del procurador, ahora llamado fiscal. No deberá ser un empleado del Presidente o del gobernador. Deberá actuar en función de la severidad de violación de la ley, en cada caso, sin importar sus implicaciones políticas. Así son los bomberos, atienden cualquier incendio, primero el más grave.

Esta autonomía pone en riesgo el control político sobre el proceso penal y amenaza con poner al descubierto el pacto de impunidad que ha sido el cemento de tantos acuerdos políticos en nuestro país. Por eso, a diferencia de otras de las reformas emanadas del Pacto por México, ésta, que fue condición de la oposición para participar en el Pacto, no se ha implementado.

La precondición para su arranque es que se nombre a un titular de la Fiscalía Autónoma con verdadera independencia frente al poder político. El Senado no ha logrado acordar quién puede ser este personaje. El enojo del gobierno con Ricardo Anaya, entonces presidente del PAN, parece ser resultado del quiebre del acuerdo en torno a Raúl Cervantes, priista y carnal, como fiscal autónomo.

Si bien importa quién encabece la Fiscalía, se requiere mucho más: construir instituciones de procuración de justicia capaces de enfrentar las poderosas redes de criminales, las cuales cuentan con grandes recursos, capacidad de soborno y de manipulación de todo el proceso legal para evitar terminar en la cárcel. Esto requiere dinero, tiempo y voluntad política del Presidente o gobernador.

Una ciudad sin bomberos implicaría un gigantesco riesgo para sus habitantes. Nuestros bomberos, con todas sus limitaciones, atienden, en general, los incendios de forma oportuna. Nada similar hay en materia de procuración de justicia. El nivel de impunidad en México está ampliamente documentado, como se ve en los estudios de Impunidad Cero (https://www.impunidadcero.org/index.php).

Ésta es la gran reforma que México tiene pendiente. Brasil ha logrado construir instituciones capaces de meter a la cárcel aun a los poderosos, gracias a la puntual y contundente investigación de la corrupción de las principales empresas de ese país, como Petrobras y Odebrecht. Ya saben cuánto cuesta delinquir. Lo pensarán antes de volverlo a hacer.

Un cambio de gobierno es la oportunidad de construir un fiscalía poderosa y autónoma. Lo malo es no ver propuestas al respecto. López Obrador ofrece que será honesto, pero, ante la corrupción del pasado, su discurso dominante hoy es el del perdón, no el fortalecimiento de las instituciones autónomas. Meade nada podrá decir al respecto con un mínimo de credibilidad si no define con claridad qué hará respecto a los muchos casos de escándalo de la administración federal saliente. Anaya ha sido el más vocal frente al tema, pero no ha mostrado, hasta el momento, una propuesta concreta.