Multar a los padres
La Suprema Corte determinó que los padres de familia deben pagar una multa por haberse llevado a su hija a Disney World durante el ciclo escolar. En palabras de la Corte: “Las ausencias no autorizadas tienen un efecto disruptivo, no sólo en la educación del niño individual, sino también en el trabajo de otros alumnos y de sus maestros”. En el año 2015 unas 20 mil personas fueron obligadas a ir frente a un juez por este mismo tipo de falta. Desde el 2013, ocho terminaron en la cárcel (https://goo.gl/zcuUX8).
Si usted es padre de familia y apenas se llevó de viaje a sus hijos, no se angustie. Ya estamos en periodo vacacional. Más importante aún, la sentencia no es de la Corte mexicana. Acá vivimos en libertad con respecto a qué podemos hacer o dejar de hacer en relación a nuestros hijos. Esta resolución de la Corte es de Europa. No precisamente de un país autoritario, como podría ser Rusia, sino del Reino Unido.
En los países desarrollados democráticos el Estado impone a sus ciudadanos todo tipo de obligaciones y tiene la capacidad para hacer que éstas se cumplan. Las obligaciones son la única forma de que los derechos sean de verdad. Para ello, el Estado, en los países desarrollados, tiene capacidades burocráticas para detectar, desde la inasistencia de un niño a la escuela hasta el incumplimiento de las normas de salud pública, sin que estas faltas sean motivo para extorsionar al ciudadano, sino para llevarlo ante la instancia administrativa o judicial correspondiente.
El derecho a la educación sin obligaciones exigibles por el Estado para los padres de los niños es una mera declaración de principios. Puede servir para bonitos anuncios del Poder Legislativo presumiendo un logro más, pero no contribuye en nada al futuro del niño ni del país. Un niño no decide cuándo ejerce su derecho. Su asistencia a clases depende de la voluntad de sus padres. Si éstos no son disciplinados en llevarlo a la escuela y apoyarlo en sus estudios, el hijo va a pagar con un menor desempeño escolar que el de sus compañeros y, por lo tanto, tendrá un futuro con menores oportunidades.
En el caso ya citado de la Corte de Reino Unido, el Departamento de Educación celebró la decisión, dado que “la evidencia muestra que cada día de clases perdido puede afectar las posibilidades de un alumno de lograr buenos resultados en la prueba GCSE, lo cual tiene un efecto duradero en sus oportunidades de vida”. GCSE es la prueba estandarizada de educación secundaria que todo joven entre 14 y 16 años de edad debe aprobar con buenas notas, en Inglaterra y Gales. No hay pase automático a la preparatoria. Luego, a la salida de la preparatoria, vendrá un examen mucho más exigente. Si en éste el estudiante tiene un buen desempeño, tendrá la oportunidad de entrar a las mejores universidades. Quien lo reprueba no tiene acceso a la universidad. El derecho a la educación para un joven depende de que cumpla con sus obligaciones de estudiar bien y mostrar resultados.
Los niños en México tienen que correr el riesgo de no tener una buena educación por la mala calidad en la mayoría de las escuelas públicas a las que van. Incluso muchas privadas son tan malas como las públicas. Además, los padres los pueden dejar quedarse en casa o los ponen a vender chicles en una esquina y no hay nadie que defienda sus derechos, sin que esto importe siquiera socialmente.
Algunos podrán argumentar que, siendo la escuela de bajo nivel, tampoco importa mucho. De hecho, hay alguna evidencia de que los padres se dan cuenta de que ir a la escuela no mejora los ingresos futuros del estudiante y mejor los ponen a trabajar y a ganar dinero. La única política social existente para mitigar esto es Prospera, un programa de apoyo del gobierno federal que les da dinero a los padres que tienen hijos, sólo si los mandan a la escuela y los llevan periódicamente a la clínica de salud. Sin embargo, no ha habido una mejoría en la calidad de la educación como para augurarles un mejor futuro. Programas como Prospera pareciera que, en una pequeña medida, han estimulado a tener más hijos, porque, de esta forma, llegan con “una torta bajo el brazo”.
No importa mucho asistir regularmente a la escuela no sólo por su baja rentabilidad económica, sino porque, con un mínimo de esfuerzo, pueden pasar de panzazo y acceder al ciclo escolar siguiente y, así, llegar hasta la universidad. Una de las grandes tonterías del programa de gobierno de AMLO y Morena es la educación superior para todos. No puede ser un derecho. Todos tienen que tener la oportunidad de acceder a ella, pero su ingreso tiene que ser el resultado de un buen desempeño del estudiante. Que todos los jóvenes, por cumplir 18 años, entren en automático a la universidad es degradar la educación de todos quienes van a la universidad. Para que el derecho a la educación sea de verdad, se requiere que haya obligaciones de todas las partes involucradas, de la escuela, los maestros, los padres de familia y, por supuesto, de los estudiantes.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carloselizondom