El fin de la historia

En México, sin embargo, el Congreso está a punto de terminar con la historia como disciplina académica. Está por votar una Ley General de Archivos que atentaría contra la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta ley contempla colocar todo el sistema nacional de archivos bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Con ello, la lógica política, no la de ampliar el conocimiento histórico, conducirá y determinará las principales decisiones sobre la información del pasado.

Más grave aún, la Ley General de Protección de Datos Personales, cuyo dictamen ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, considera como confidencial todo documento que contenga datos personales y los protege “indefinidamente”. Esta lógica absurda es ya seguida por muchos archivos gubernamentales. Para poder compartir documentos con datos personales, ante la falta de personal especializado para hacerlo, nuestra burocracia ha decidido tacharlo todo, así documentos que datan de principios del siglo XIX se entregan a los investigadores con tinta negra sobre nombres y direcciones. Hace poco a un estudiante le entregaron una copia de un artículo de periódico, una fuente pública, con nombres y caras tachadas.

Hoy, nuestros burócratas van más allá de la muy restrictiva Ley Federal de Archivos vigente, la cual establece 30 años de reserva para documentos generales, y un periodo de 70 años para aquellos que contengan información “sensible”.  Con la nueva ley de datos personales, no habrá ya plazo para poder compartir estos datos.

En lugares del mundo más razonables la información “sensible” se va desclasificando después de un cierto periodo de reserva. En Estados Unidos ese periodo de reserva es de 25 años, a menos que la instancia que generó la información solicite y justifique una extensión. En Francia son también 25 años, salvo si se trata de un asunto médico o penal. Este tipo de disposiciones son las que se deben de adoptar en México.

Todos los días le compartimos a Google o Facebook nuestros detalles más íntimos y cada vez que entramos a una oficina o conjunto residencial con seguridad proporcionamos la credencial del Instituto Nacional Electoral que contiene nuestros datos personales. En contraste, la nueva Ley General de Datos Personales impedirá  ver documentos históricos que contengan datos personales como los que vienen en nuestra credencial.

En medio de la vorágine por el cambio histórico que representa Trump a nadie le importa mucho el tema. Salvo a los historiadores. Lo sé porque mi esposa es de esa tribu y vive de hurgar documentos.

La historia requiere acceso a fuentes primarias: cartas, circulares oficiales, documentos gubernamentales o de la sociedad civil, títulos de posesión, expedientes migratorios, inquisitoriales, descripciones de viaje, etc. Sin este acceso será imposible hacer historia sobre México con fuentes originales, salvo las que se encuentran en archivos fuera de México.

Al poder político le gusta controlar la historia. Un estudiante chino no aprende sobre la matanza de la Plaza de Tiananmén. A los estudiantes turcos no se les enseña que existió el genocidio armenio.

El acceso abierto a los documentos del pasado es fundamental para promover una cultura de la legalidad y para combatir la corrupción. Es, además, imprescindible para explicar nuestro pasado y, por lo tanto, nuestro presente.

Una ley de datos personales como la que está por aprobarse impediría en el futuro realizar cualquier investigación vinculada a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Todos tienen nombre y apellido. Si una ley así se hubiera aprobado en Alemania no sabríamos nada sobre las víctimas del nazismo. Ni en México tendríamos la menor idea de cómo se llevó a cabo la conspiración de Querétaro previa a la insurrección de Miguel Hidalgo de 1810, pues esa información se encuentra en expedientes procesales llenos de datos personales.

Explicar el pasado permite adjudicar responsabilidades, sea de una violación a los derechos humanos o una guerra.  Con las leyes que están por aprobarse, Gobernación controlará los archivos. Esto, junto con la ilimitada protección de los datos personales, enterrará la posibilidad de hacer historia.

Será más fácil construir una historia oficial, una historia escrita desde el poder, sin posibilidad de cotejar las fuentes porque éstas se encontrarán restringidas. En medio de tantos problemas que tiene el país, no se entiende la urgencia de tratar de controlar los archivos y de utilizar la protección de los datos personales para limitar la información y la  investigación histórica. ¿O incapaces de enfrentar los retos inmediatos, nuestra clase política ya está pensando en cómo manipular qué se dirá de ellos en el futuro?

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom