Las ventajas de los pleitos
Javier Duarte está dejando Veracruz en medio de una profunda crisis financiera y de seguridad. Pero le está legando al estado y al país un activo: su pleito personal con Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo. Cada día surge un nuevo escándalo donde se hacen públicas las propiedades de ambos, de sus familiares o de alguno de sus empleados.
La revelación de las propiedades del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, es particularmente inquietante. Según información dada a conocer por Yunes, Bermúdez (con prestanombres en muchos casos) tiene unos 19 inmuebles, dos de ellos en Texas, es socio o dueño de 24 empresas, varias relacionadas a la seguridad privada y a la venta de equipo de seguridad pública. El encargado de la seguridad del estado parece no haber pasado control de confianza alguno. Una suerte de Negro Durazo del siglo XXI.
Para que sobreviva un sistema basado en la corrupción es crucial, para los beneficiarios de éste, el acuerdo entre todos de no compartir la información que conocen sobre las transas de sus colegas e incluso las de sus adversarios. La ruptura entre las élites políticas veracruzanas y la luz que da sobre lo que debe ser la punta del iceberg de la corrupción en ese estado, y que no debe ser tan distinto en buena parte del país, permite al ciudadano común conocer la cantidad que roban muchos políticos y debiera estimular mecanismos para enfrentarla.
Las élites en competencia por el poder deberían hacer exactamente esto: denunciar a sus opositores. Para muchos, estos pleitos denigran la política. Para mí es lo deseable en una contienda electoral entre candidatos con historias cuestionables de acumulación de patrimonio. Hasta ahora han sido pocos los momentos donde se hace con la meticulosidad que parece existir en Veracruz. Claro, pueden ser mentiras, en cuyo caso los acusados deberían demandar por daño moral a quienes dieron una información falsa.
Ahora les toca a las instituciones hacer su trabajo y verificar la veracidad o no de lo que parecen ser maquinarias bien calibradas con el fin central de hacer dinero para varias generaciones de la familia, en lugar de gobernar. Ese gran cínico que es el gobernador Duarte respondió así frente a la presunta capacidad de acumulación de patrimonio de su secretario de Seguridad Pública: “No tenía conocimiento (de las propiedades), (...) toda administración, todo gobierno es susceptible de ser infiltrado por la corrupción y para ello existen instituciones encargadas de investigar y, en su caso, para determinar si existe alguna conducta que confirme que existió algún elemento de delito relativo a la corrupción en lo que se refiere al desarrollo de su responsabilidad”.
Justo lo que falta es que respondan adecuadamente las instituciones. El gobernador electo ya ha sido citado para declarar ante la Fiscalía del estado de Veracruz. El gobernador saliente, quien mandó una declaración patrimonial tan inverosímil que el Imco no se la aceptó en el portal donde se agrega la información patrimonial, de ingresos y de intereses de quienes, previamente, ya la han proporcionado, no ha sido citado siquiera a declarar. El abuso del amparo, con la anuencia de algunos jueces, como lo hizo el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, simplemente para eludir declarar, es una muestra de cómo se pervierte el principio de proteger los derechos de los individuos. Finalmente, ya declaró, pero, ¿se imaginan ese desacato frente a una corte en Estados Unidos?
Si bien el SAT parece haber iniciado alguna averiguación con respecto a las propiedades de colaboradores cercanos de Duarte, es increíble que requieran de una denuncia privada para empezar a actuar. ¿No detectan esos cambios súbitos en el patrimonio o en el nivel de vida de un funcionario público?
Ya tenemos pleitos entre las élites que mucho nos dicen del estado del país. Lo que nos falta son élites perseguidas por la justicia, como en el caso de Brasil, donde “escupen toda la sopa”, una vez que éstas pisan la cárcel. Al cooperar con la justicia, logran bajar los años que pasarán en prisión. Al denunciar a sus compinches van desmadejando una amplia y retorcida red de complicidades.
La falta de instituciones robustas de procuración de justicia en México permite la generación de redes de complicidades que raras veces ven la luz pública y mucho menos tienen consecuencias. La creación de una verdadera fiscalía autónoma, del gobierno y cualquier poder, con los dientes para morder, presidida por un prestigioso abogado que crea en la misión de hacer de México un país confiable y menos corrupto, es la gran tarea pendiente. Para lograrlo, las élites políticas, en particular los liderazgos de los tres principales partidos políticos, deben estar convencidas de querer dejar ese legado. Se ve difícil. Espero estar equivocado.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carloselizondo