Vetar o no vetar

El Poder Legislativo aprobó, la semana pasada, una serie de leyes en materia de lucha contra la corrupción. Es un gran avance, y hay que agradecer a los miembros de la sociedad civil que participaron en el llamado parlamento abierto, el haber logrado cambios tan profundos. Sin embargo, la reforma se encuentra contaminada por dos artículos.

Está en manos del Presidente de la República vetarlos. Lo imagino por los pasillos de Los Pinos en angustiado monólogo:

“Vetar o no vetar, ésa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de una ley impopular o tomar las armas contra un mar de adversidades y, oponiéndose a estos disparates, encontrar una ruta distinta?  No vetar. Hacer como si no pasara nada. Es un final de sexenio piadosamente deseable. No vetar, dormir, dormir… quizá soñar. Ahí está la dificultad. Ya que la realidad se impone a cualquier sueño. Y por más que no lea periódicos, el sexenio sigue su ineludible paso. No vetar es provocar a la ciudadanía. Pues quien soporta los latigazos y los insultos del tiempo, la injusticia del opresor, el desprecio del orgulloso, el dolor penetrante de un amor despreciado, la tardanza de la ley, la insolencia del poder. ¿No fue eso lo que pasó el domingo 5 de junio cuando tantos amigos fueron derrotados y ahora corren el riesgo de ir a la cárcel? No vetar por el temor de lo que pueda venir después de la muerte política que es el fin de un sexenio…”

El primer artículo que debe vetar el Presidente es el 29, el 3de3. Éste no hace obligatorias las tres declaraciones: la de intereses, la patrimonial y la fiscal. Dependerá del formato que escoja un comité ciudadano. Como el artículo aprobado aclara que no se podrá violar la privacidad, no habrá tal transparencia.

El segundo, el 32, fue insertado por nuestros legisladores en la madrugada del martes, como delincuentes. Hace obligatorio a todo aquel que recibe recursos públicos, desde un empresario que gana un contrato hasta un beneficiario de un programa social, a presentar su declaración patrimonial y la de intereses. Un despropósito imposible de implementar.

Vetar es ir en contra de sus aliados políticos. Ambos artículos deben haber contado con el visto bueno del propio Ejecutivo, por eso no fueron modificados en la Cámara de Diputados. Difícil imaginarse a la fracción del PRI y de su escudero, el PVEM, en el Senado, sin una “consulta” previa a Los Pinos. Vetar es tensar la liga con los partidos que lo llevaron  al poder.

No vetar es hacer evidente que el propio jefe del Ejecutivo se encuentra detrás de esa estocada. En ésta parecen estar involucrados buena parte de la clase política, empezando por Morena. Los senadores del PT, que son aliados de López Obrador, en lugar de votar en contra del artículo 29, se abstuvieron, con lo cual el PRI y el PVEM ganaron la votación. También están metidos el PAN y el PRD en esa maniobra. El acuerdo parlamentario era sacar primero el convenio anticorrupción, luego, el llamado Mando Único o Mixto. Éste ya fue aprobado, a pesar de que les metieron el gol de los artículos 29 y 32.

El 32 es el mayor de los despropósitos. En ningún lugar del mundo hay algo así. Una nueva primicia legislativa mexicana que sabemos hacer muy bien. Lo que se requiere es que el fisco haga su tarea. ¿Ya investigaron por qué Juan Armando Hinojosa, el dueño de Higa, apareció en los Panama Papers?

Es el momento de corregir el artículo 29. La transparencia debe ser mayor a la de los formatos del Imco que, se presuponía, eran parte del 3de3. Debe hacerse la declaración, como la que presentó Jorge Castañeda, pero limitado a los políticos electos, no a los funcionarios públicos. Éstos tendrán que presentar una declaración completa, mas no pública, y depositarla en un órgano técnico que vigile que no haya saltos inexplicables en su nivel de vida a lo largo de su carrera.

La 3de3 ha generado más expectativas de lo que se puede lograr, aun si se aprobara como estaba redactada en la propuesta ciudadana. Para quien tiene mucho dinero mal habido, es fácil esconderlo. Por eso hay quienes ya presentaron sus declaraciones y no muestran tener gran cosa, cuando viven como si fueran magnates. Mucho mejor sería, como se hizo en Singapur, que bastara como prueba en un tribunal que el modo de vida que se tiene es inexplicable dado el sueldo que se percibe como simple servidor público o por el ingreso fiscal que declara el empresario.

Si el Presidente veta, mostrará que está firmemente comprometido y a favor de la estrategia anticorrupción y que ya tiene claro que no es un problema cultural. Ya sabe que lo que se requiere es tener las instituciones correctas y el liderazgo para implementarlas. Si no veta, él, como el último eslabón de la cadena legislativa, será el responsable final del hartazgo de los ciudadanos en esta  materia. Ya vimos sus consecuencias el domingo 5 de junio.

 Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom

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