Desaparecer el patrimonio

Hay tres razones por las que un individuo pudiera querer los servicios de despachos como Mossack Fonseca. La primera, y más grave, es que los recursos fueran de origen ilegal, y sus dueños quieren ocultarlos. Si bien los paraísos fiscales siempre alegan que verifican el origen legal de los recursos de sus clientes, la información recientemente filtrada deja muy en claro que no son rigurosos. Entre sus clientes se encuentran todo tipo de delincuentes, desde políticos hasta grupos criminales.

La segunda razón es que, si bien los recursos son de origen legal, sus dueños no quieren que sean descubiertos por el SAT o su equivalente. En palabras de un banquero especialista en el tema: “La gente piensa que el secreto bancario es algo para terroristas y narcotraficantes, pero la verdad es que hay un montón de gente rica que no quiere pagar impuestos” (https://goo.gl/foclwz).

La tercera, aunque los recursos fueran de origen legal y se hayan pagado los impuestos correspondientes, los clientes desean el anonimato. Pueden querer ocultar los recursos para no tener que pagar impuestos en el futuro por el rendimiento que esos ingresos pueden generar (en los casos donde hay impuestos a la herencia es una clara razón) o quieren salvaguardar sus recursos de alguien que se los puede quitar, desde un gobierno expropiador hasta una futura exesposa que se puede quedar con la mitad del patrimonio. El anonimato también lo puede buscar una empresa que quiere actuar con discreción en algún negocio sensible o pagar menos impuestos de forma legal, aprovechando tasas menores.

La OCDE ha tratado de limitar los espacios para lavar dinero y para transferir utilidades a jurisdicciones que cobran niveles muy bajos de impuestos. Esta evasión le cuesta a las autoridades hacendarias de los países más de 200 mil millones de dólares al año. Panamá era uno de los pocos países que había decidido no colaborar en el intercambio de información acordado por casi todos los países.

Gracias a estas filtraciones se han detectado operaciones por más de dos mil millones de dólares de gente muy cercana a Putin, algunos que ni siquiera son empresarios, que bien podrían ser simplemente prestanombres; así como de parientes del primer ministro de China. El presidente de Ucrania, quien había prometido vender sus intereses empresariales, aparentemente los colocó en una empresa fantasma de su propiedad.

De los mexicanos, el nombre más notable hasta ahora es el de Armando Hinojosa, el dueño de Grupo Higa. Hinojosa inició la estrategia para trasladar 100 millones de dólares apenas unos días después de que saliera a la luz el escándalo de la Casa Blanca. Creó una complicada estructura que haría imposible conocer el nombre del dueño original si no fuera por la información completa del archivo filtrado. Quien llevaba su caso en el despacho explica en uno de los documentos filtrados que los 100 millones son sólo una parte pequeña del portafolio de Hinojosa. Concluye un reporte interno de Mossack Fonseca con respecto a sus vínculos con el gobierno de Peña Nieto lo mismo que dictaminó en su momento la Secretaría de la Función Pública: “Todas las acusaciones relativas a los conflictos de interés se investigaron el mes pasado y todas estas acusaciones fueron descartadas” (https://goo.gl/6IK7se). Hinojosa no ha dicho nada. Podría, por ejemplo, aclarar si estaba registrada esta empresa ante el SAT.

Es curioso que no haya aparecido en la lista alguno de los políticos mexicanos que asociamos con corrupción. O no los han filtrado aún (y lo malo es que parece que no harán pública la lista completa) o utilizan otros despachos o recurren al viejo truco del prestanombres.

Como una empresa fantasma no deja rastro, incluso el intercambio de información entre agencias tributarias no va a servir para mucho. Por ello, si se lograra la Ley 3de3, es decir, que los funcionarios y políticos hicieran públicas sus declaraciones de interés, fiscales y patrimoniales, poco nos dirían del patrimonio de los políticos transas más colmilludos.

El SAT ha prometido que investigará a todos los involucrados, pero también ha dicho que se pueden acoger al programa de repatriación de activos. Si lo pueden hacer después de haber sido descubiertos, será una invitación a seguir este tipo de estrategias. Habrá que comparar la celeridad y eficacia con la que reaccionan otras agencias tributarias como la del SAT. Por lo pronto, ya renunció el primer ministro de Islandia. En México, seguramente no pasará nada.

Twitter: @carloselizondom