Recortar en serio

Se gobernaba gastando mucho menos dinero. El año pasado el gobierno gastó 27 puntos del PIB. El déficit subió a 3.5 puntos del PIB y descontado el pago de la deuda, a tasas de interés históricamente bajas, ya no tenía superávit, sino un déficit que ascendía a 226 mil millones de pesos. Este es el costo de gobernar en una democracia construida bajo el principio de distribuir dinero.

Hay muchos gastos que han subido de forma importante, como las pensiones. En el 2000 costaban 1.7 puntos del PIB. Ahora cuestan 4.1. De esto, los afiliados al IMSS representan una cuarta parte y el resto está conformado por los trabajadores del gobierno, incluido los propios empleados del IMSS.

Otro rubro importante es el costo directo de nuestra democracia. Si sumamos todo lo que cuesta —tanto a nivel local como federal— la organización de las elecciones, los tribunales electorales, los partidos políticos, la actividad legislativa y los gastos de propaganda reconocidos por los gobiernos federales y locales, el gasto asciende a 75 mil millones de pesos anuales.

Ya no se puede seguir gastando así. Este año ha continuado la caída del precio del petróleo. No queda más remedio que ajustar el gasto público de forma profunda y en aquellos rubros donde menos impacto en crecimiento y bienestar tenga.

El recorte anunciado por el gobierno la semana pasada se centra en Pemex, con un ajuste de 100 mil millones de pesos. El resto del gobierno federal sólo contrae su gasto en 32 mil millones de pesos. De  éstos casi una tercera parte afecta a la SCT, lo cual implica parar la inversión en infraestructura. Por ejemplo, se optó por recortar 2 mil quinientos millones para la extensión de la Línea A del Metro Chalco-La Paz. ¿Mejor sacrificar la movilidad de los capitalinos más pobres que dejar de recortar un poco lo que cuesta nuestra clase política?

Hay tela de donde cortar. Mucha. El poder legislativo de New Hampshire en Estados Unidos tiene un presupuesto de 16.5 millones de dólares. A cada legislador se le paga 100 dólares al año. No es un trabajo de tiempo completo. ¿Qué tanto se puede legislar para un estado de 1 millón 300 mil habitantes? Quintana Roo, con la misma población, tiene una Cámara de Diputados que cuesta 25 millones dólares, cuando la población de este estado es mucho más pobre que la de New Hampshire.

Para documentar los escándalos tenemos el informe anual de la Cuenta Pública 2014, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (https://goo.gl/AxHy8M) Se refiere a los resultados de la auditoría de los 3.9 billones de pesos del gasto federal. No se auditan los 585 mil millones de pesos de participaciones federales. Lo hacen las auditorias estatales, pero suelen estar bajo el control del gobernador.

El informe da cuenta de todos los excesos y despilfarro de los recursos federales, incluidos los transferidos a los estados, las llamadas aportaciones. Es un listado de abusos, dinero mal gastado, partidas federales desviadas por los estados a otros fines o simplemente dinero que no se sabe dónde quedó. Un dato extremo. El gobierno de Veracruz enfrenta denuncias penales por 4.7 mil millones de pesos que se simuló se regresaban a la Federación, por no haberse gastado en los rubros comprometidos, y que se fueron a otro lado. Otro. Las entidades no depositaron en la Federación 5.8 miles de millones de aportaciones al ISSSTE, pagos de ISR y otros compromisos que tenían que pagar, que habían sido presupuestados dentro de las transferencias federales, pero que simplemente se los quedaron. Otro más. Hay 398 mil televisiones no repartidas por la SCT que nadie sabe dónde están y que fueron compradas en 985 millones 636 mil 216 pesos. Un último ejemplo: el Senado transfirió 440 millones de pesos etiquetados para otras partidas, como obras y acabados de edificios, para repartirlos a discreción a las bancadas. No hay reporte de cómo se gastaron, por lo que quizás simplemente se lo repartieron y se lo llevaron.

Todos los días nos enteramos de algún abuso en la prensa. Desde esos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que gastaron miles de dólares en un supuesto viaje oficial, o el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, utilizando un helicóptero de la policía estatal para trasladar a Belinda para que pudiera ver al Papa.

Si no hacemos un recorte de fondo corremos el riesgo de quebrar nuevamente, como en 1982. Si no recortamos bien, seguiremos con un aparato público donde sobra gente, hay gastos absurdos y abusos de todo tipo, mientras la población tiene grandes carencias y la economía requiere una mejor infraestructura. Si el gobierno no hace un recorte profundo y adecuado va a continuar el desprestigio de la clase política, que feliz sigue gastando y, más de uno, robando sin rubor.

Twitter: @carloselizondom