La misión pendiente
La Policía Nacional de España tuiteó el arresto del exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, con el hashtag “#misióncumplida”. Seguramente el tuit no fue una instrucción del jefe de la policía, sino una ocurrencia de quien le maneja su cuenta de Twitter.
Es poco diplomático ironizar con los tuits del jefe de Estado de un país amigo. El tuit debe haber caído como bomba en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Como lo expresa el senador perredista Armando Ríos Piter en este periódico el lunes pasado. El tuit “exhibe nuevamente, ante los ojos del mundo, una misión incumplida por parte de las autoridades mexicanas”. Si incluso para muchos mexicanos acostumbrados a los abusos de sus políticos, una historia como la de Moreira causa un enorme desagrado, para quienes no viven en nuestra realidad el caso de Moreira debe hacernos quedar como país bananero en decadencia.
La tolerancia de nuestras autoridades en casos como los de Moreira nos vuelve un socio poco confiable. Según algunas notas periodísticas, Estados Unidos hizo la petición de extradición a España, no a México. No creían que nuestro sistema penal pudiera apresar a Moreira. La PGR no actuó cuando sus abusos se hicieron del dominio público. Por ello, Moreira vivía tranquilo en nuestro país. Antes de salir rumbo a España, según nota de La Jornada, dijo: “Estoy muy contento, voy a Barcelona para defender mañana mi tesis doctoral”. Ahora tendrá que defenderse de la justicia española.
Si fue la propia autoridad española en su lucha contra el lavado de dinero la que inició la averiguación, como dicen otras notas periodísticas, es también vergonzoso. Los fondos salieron de México sin que a las autoridades mexicanas les haya parecido extraño el comportamiento de las empresas de donde se generaron los recursos de Moreira que fueron transferidos a España.
La mayoría de las notas publicadas dicen que se “le investiga por los delitos de blanqueo, malversación cometida durante su etapa como gobernador, además de cohecho y organización criminal”. Una larga lista de presuntos crímenes que en México han pasado desapercibidos para las autoridades responsables, cuando sabemos, por investigaciones de Estados Unidos, que hay una red de exfuncionarios del gobierno de Moreira que desviaron recursos del gobierno de Coahuila.
¿El SAT no puede detectar empresas irregulares, supuestamente fantasma, como las involucradas en transferir dinero a España? O cuando las detecta, ¿el “manual de procedimientos” indica que primero se debe asegurar de que los responsables no estén en alguna lista de protegidos? Hace años quien encabezaba el SAT perdió su puesto, según se dijo entonces, por haber impedido que un acaudalado empresario mexicano introdujera al país, en su avión privado, varias cajas de vino de muy alto precio. Estaba en la “lista” de protegidos.
Muy distinto es cuando nuestro gobierno tiene ganas de apresar a un adversario. Es difícil olvidar la cuidadosa explicación del entonces subprocurador, Alfredo Castillo, de los movimientos de las cuentas bancarias de la maestra Elba Esther que justificaron arrestarla. Los instrumentos ya los tiene el gobierno. Los usaron entonces, parece que no los han querido usar ahora. ¿Cuántos otros políticos mexicanos, además de Moreira, quien fuera uno de los pupilos favoritos de Elba Esther, no realizan movimientos similares? Otros países usan esos recursos para tomar control de la fortuna de El Chapo, como lo exhibió Excélsior este martes. No en México.
Revelador de la estrecha relación entre muchos medios de comunicación y el gobierno mexicano es el poco eco que tuvo el hashtag “#misióncumplida” en los periódicos capitalinos. De los siete que se imprimen en sábado, sólo dos lo publicaron en primera plana. Algunos ni en páginas interiores lo mencionaron. Con respecto a la noticia de la detención de Moreira, dos periódicos le dedicaron un pequeño espacio, menos de 3% de la superficie que abarca la primera plana.
Después de que el viernes se hizo pública la detención de Humberto Moreira, el PRI, en un comunicado, dijo: “Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran”. Esto es falso. Las instituciones deben sancionar a sus miembros cuando cometen un delito e incluso alertar a las autoridades responsables cuando sospechen que uno de sus integrantes pudiera haber cometido un delito.
El Presidente podrá tuitear que la misión está cumplida cuando utilice los instrumentos que tiene el Estado para atrapar a delincuentes, sin importar que tengan amigos en las altas esferas del poder. Por ello, es fundamental que en este año en que se deben aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de lucha contra la corrupción, se haga con cuidado y rigor. De tal suerte que doten al país de instituciones fuertes fuera del control de los políticos y con instrumentos legales poderosos para sancionar a quienes, desde el poder, hoy roban a diestra y siniestra sin castigo alguno.
Twitter: @carloselizondom
