Vivir sin guaruras
Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, en el estado de Morelos, renunció a tener guaruras. La mataron un día después de tomar posesión. Declinó la protección a la que tenía derecho porque los recursos públicos son para la gente, no para sus gobernantes. Militante del PRD de toda la vida, quería ser congruente con los principios de su partido.
La clase política ha puesto a su servicio un robusto sistema de seguridad. Si bien hay por lo menos 100 ediles, varios funcionarios del estado de Jalisco y un candidato a gobernador de Tamaulipas que han sido asesinados en los últimos 6 años, los políticos más influyentes, los altos funcionarios y sus familias viven con la tranquilidad de tener guaruras.
No sé cuánto gasta el gobierno en protección para políticos, altos funcionarios, familiares y seguramente hasta amigos. Si alguien conoce esta información agradeceré que me la proporcione. Lo que sí sabemos es que, desde la comodidad de vivir con guaruras, se olvidan de que una de las preocupaciones mayores de la gente es la inseguridad pública.
Los políticos no sólo viven protegidos por guaruras. Gozan de muchos otros privilegios que derivan de su control sobre los recursos públicos. Cuando concluyeron que era necesario tener un buen árbitro para dirimir sus controversias en la lucha por el poder, desarrollaron un oneroso mecanismo para garantizar el respeto del voto y un sistema judicial específico en materia electoral. Pocos países tienen algo así. Mientras que el Tribunal Electoral tiene un presupuesto de 2 mil 656 millones de pesos, el Poder Judicial Federal tiene uno de 55 mil 872 millones. El primero atiende 17 mil 332 casos en un año no electoral y 25 mil 875 en uno electoral. El segundo atiende un promedio de 650 mil 590 casos al año. Por mucho, el Tribunal Electoral gasta más dinero por cada caso que resuelve, muchos de ellos triviales.
Las pensiones del sector público son, en general, mejores que la de los trabajadores afiliados al IMSS. La excepción es para los funcionarios del gobierno central que la tienen limitada a no más de diez salarios mínimos, es decir, 22 mil 204 pesos al mes. En el extremo, un ministro de la Suprema Corte se retira con su sueldo completo que asciende a 451 mil 251 pesos al mes.
Un caso emblemático es el contraste entre la pensión promedio de un asegurado al IMSS y la pensión promedio de un trabajador del IMSS, en principio al servicio del asegurado. El primero tiene una pensión promedio de 4 mil 759 pesos, el segundo una de 27 mil 303 pesos. Si comparamos el gasto del ISSSTE vs. el del IMSS, es claro quién importa más. El primero tiene un gasto de 230 mil millones de pesos para 2.8 millones de asegurados, mientras que el segundo gasta 553 mil millones para 18 millones 187 mil asegurados, y el 15% de este gasto es pagar las pensiones de sus propios trabajadores.
No tendremos un gobierno con credibilidad mientras no se invierta más en la gente y menos en políticos, funcionarios y burócratas. Esto no ha sido el centro del debate tras el asesinato de Gisela Mota. Dado que pareciera que la presidenta municipal fue asesinada porque se negó a mantener la policía municipal para sumarse al Mando Único estatal, el debate ha girado en torno a la pertinencia de su implementación.
Desde el 2014, el gobierno federal ha propuesto una reforma constitucional para hacer del Mando Único una obligación para todos los estados. Si bien es cierto que tiene sus ventajas, hay razones para que el gobierno ya no insista en hacer esta reforma.
La primera, el Mando Único puede ser problemático en entidades donde hoy se tienen policías municipales eficaces. La segunda, hay estados donde el gobernador tiene tal reputación que uno no querría que fuera el responsable de toda la seguridad del estado. La tercera, cuando hay voluntad del gobernador, si bien tiene sus complejidades como lo estamos viendo en Morelos, se puede tener Mando Único con el actual arreglo institucional.
Insistir en la reforma es una manera de distraerse de lo fundamental: usar los recursos que se tienen hoy para lograr repetir el éxito de Nuevo León en reducir la criminalidad. Es una forma de no trabajar, alegando que no se tiene el marco constitucional adecuado. El reto es tener buenas policías, no sólo quien las manda.
La mejor forma de honrar a Gisela es asegurarse de mandar una señal contundente sobre las consecuencias de asesinar a un presidente municipal. Un edil asesinado debe llevar siempre a una investigación con todos los recursos necesarios para que termine con la detención de todos los responsables del delito y, adicionalmente, con una presencia de fuerzas federales en la demarcación que, a su vez, vuelva muy difícil que sobreviva el negocio de los delincuentes en la zona.
En Estados Unidos el crimen organizado no suele matar a la policía de un pequeño pueblo, y no es porque físicamente no pueda hacerlo, sino porque sabe que el costo es demasiado alto. También saben los gobernadores de aquel país que el FBI está pendiente de posibles actos de corrupción. Desarrollar estas capacidades desde la Federación sería el mejor tributo en recuerdo de Gisela Mota Ocampo.
Twitter: @carloselizondom