Los líderes de la Sección 22 y los amigos de El Chapo

Hace unos meses el gobierno cambió de estrategia y finalmente enfrentó a la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. En un golpe bien orquestado se desmanteló el control que el sindicato tenía sobre la Secretaría de Educación local, el IEEPO. Pero al gobierno le tembló la mano y decidió no activar órdenes de aprehensión contra los principales líderes del movimiento, expedidas desde hace meses.

El jueves pasado el gobierno concluyó que ya era hora de hacer cumplir la ley. Cuatro líderes de la CNTE fueron encarcelados acusados de robo, motín y daño en propiedad ajena y contra la riqueza nacional. Otros dirigentes podrían seguir el mismo destino al tener abiertas órdenes de aprehensión, incluidos, se anunció el martes, maestros en Michoacán.

La mayoría de estos crímenes fueron cometidos y repetidos durante años, incluso frente a las cámaras de televisión. Estos delitos son ampliamente conocidos por la mayoría de los mexicanos. Millones han sufrido sus consecuencias, empezando por los niños afectados en su educación.

A pesar de esta evidencia, no va a faltar quienes aleguen que estos dirigentes son presos políticos. La mayoría de estos críticos estarían gustosos de apretarle la mano al presidente cubano Raúl Castro, el hermano del gran dictador que administra los intereses del grupo en el poder, en su próxima visita a México. En Cuba hay miles de presos políticos, culpables de, simplemente, criticar al gobierno. Sin embargo, desde cierta visión de la izquierda, sólo es preso político quien es apresado por un gobierno de derecha, aunque, sistemáticamente, haya violado la ley. Para esos mismos críticos, un gobierno de izquierda aprehende legítimamente a sus adversarios, no importa el pretexto, si es para defender un orden político con el que simpatizan.

La crítica que sí se le debe hacer al gobierno es por la tardanza en ejecutar las órdenes de aprehensión de estos líderes ya en prisión. También el que haya muchos otros delincuentes libres, entre ellos, más de un político, que deberían estar encerrados en la celda de junto.

El gobierno ha mostrado que tiene una poderosa ley antilavado. Se ha usado en contra de los líderes de los maestros en Oaxaca. Sin embargo, esa misma ley parece no servir para detectar cualquiera de las muchas transacciones, muy superiores en monto, que hacen delincuentes en todo el país, incluidos algunos gobernadores y sus socios.

En su furia contra quienes organizaron la huida de El Chapo, el gobierno ha mostrado tener herramientas para desarticular la red de complicidades y dinero que todo capo criminal requiere para sobrevivir y, en este caso, para fugarse. ¿Por qué no usaron esos instrumentos contra los intereses económicos de El Chapo mientras estaba preso? Casi parecería que existía un pacto con El Chapo de no tocar sus intereses mientras estuviera encarcelado. En el mismo sentido, ¿por qué no se usan esos mecanismos para desarticular las redes de intereses económicos de los capos de otros grupos criminales?

En los países desarrollados las instituciones encargadas de la procuración de justicia son fuertes y actúan cuando se viola la ley. No cuando el gobierno decide que ha llegado el momento de actuar. Ante los abusos de los líderes de la Sección 22, en un país con Estado de derecho, en automático se habría actuado contra los responsables. En el mismo sentido, en esos países las instituciones habrían empezado a desarticular la red criminal del capo mientras éste estaba en la cárcel.

En Estados Unidos el FBI está para tratar de detectar cualquier posible delito federal de la clase política, sin importar de qué partido sea el presunto delincuente. No espía a la clase política para luego poderla chantajear, sino para evitar que se corrompa. Por ello, cuando el FBI decide actuar, no suele haber críticas ni cuestionamientos sobre su legitimidad. Ha mostrado en el pasado que no está bajo el control de la clase política. Es el uso político de los instrumentos del Estado frente a quienes violan la ley lo que erosiona la legitimidad de las instituciones.

El encarcelamiento de los cuatro líderes de la CNTE y de una parte importante de los que fraguaron la fuga de El Chapo demuestra que el Estado tiene los instrumentos para poder actuar. Falta que estas instituciones tengan la voluntad y autonomía frente al poder político para proceder contra todos esos delincuentes que han vivido en la impunidad, desde un puesto político, en un liderazgo sindical, dirigiendo una empresa o como capos de la economía informal, pero que han tenido la protección política para delinquir con impunidad.

Twitter: @carloselizondom