País conservador, Constitución liberal

Solemos reaccionar tarde a los cambios de nuestro entorno. Nos tomó décadas hacer una Reforma Energética, atrapados en la visión del México de Lázaro Cárdenas. Ya ni en Estados Unidos creen en la prohibición de la mariguana que nos impusieron hace décadas. En cinco estados de ese país es legal. En otros 23 se permite su uso para fines terapéuticos. El recién electo gobierno liberal en Canadá prometió legalizar la mariguana.

En un libro intitulado En la niebla de la guerra, que se presenta hoy en Casa Lamm, su autor, Andreas Schedler, trata de entender qué piensan los mexicanos de la ola de violencia vinculada al crimen organizado que nuestro país viene sufriendo desde 2007. Es un gran libro. No sólo por la invaluable fuente de información, una encuesta levantada por el autor, sino por su claridad y rigor analítico.

El libro provee varios hallazgos notables. Cito sólo uno: el grado de apoyo de la ciudadanía a criminalizar la droga. Una cuarta parte de los encuestados piensa que el delito de narcomenudeo debe ser castigado con cadena perpetua. En promedio, los encuestados piden para este delito 30 años de cárcel. Como señala Schedler, ésta es la pena máxima prevista por la Corte Penal Internacional para los crímenes que son de su jurisdicción, incluido el genocidio.

Los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México fueron capaces de despenalizar el aborto y permitir los matrimonios del mismo sexo. No se han atrevido a legalizar la mariguana. Seguimos con la tibia despenalización del consumo vigente en todo el país, autorizada en 2009, que permite una dosis personal de cinco gramos. Se sigue penalizando todo lo demás.

Ahora bien, de acuerdo con los principios básicos de nuestra Constitución, las mayorías no deben imponerle un modo de vida al resto de los ciudadanos si éste no les afecta. Por eso, una democracia liberal permite la libertad religiosa y de conciencia, algo que logramos con la Constitución de 1857. Por lo mismo, no se debe prohibir ni el alcohol ni otras drogas ilegales, salvo cuando causan serios problemas de salud pública, sólo impedir su consumo por menores de edad y regular bien cuándo y cómo se consumen.

La primera Sala de la Suprema Corte podría cambiar la historia. El miércoles entrante deberá votar con respecto a la negativa de la Cofepris a otorgarle a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) el permiso para cultivar y distribuir mariguana para su propio consumo. SMART se amparó. Había perdido todas las instancias anteriores, pero el caso fue atraído por la Suprema Corte. El proyecto de sentencia redactado por el ministro Arturo Zaldívar va en el sentido de declarar inconstitucionales los artículos de la ley de salud que prohíben el uso recreativo de la mariguana, así como su producción y distribución, aunque sólo para autoconsumo. Si ganara este proyecto, sólo SMART podría producir y distribuir mariguana a sus socios. Una sola sentencia no genera jurisprudencia. Y para que empiece a generarla tiene que ser con, por lo menos, cuatro de los cinco votos de los ministros.

Muchos conservadores verían con horror esa nueva libertad. Surgiría la preocupación en torno a si va aumentar el consumo de esta droga, lo cual puede suceder. Yo tampoco quiero un país de gente drogada (ni borracha o adicta al tabaco). Habría que diseñar una buena política para tratar de disuadir a nuevos usuarios, en especial si son jóvenes. Pero esta liberalización disminuirá el terrible costo social que conlleva la prohibición: muertos, presos, inseguridad y costos financieros de todo tipo por impedir la voluntad de los adultos de consumir una sustancia que es menos dañina que el alcohol o el tabaco.

Ahora bien, ni una liberalización total del consumo y la producción de mariguana resolverían el problema de violencia que hoy enfrentamos. La prohibición por décadas de la mariguana llevó a que surgiera una industria ilegal y violenta. Lo que saben los narcos es utilizar la violencia para hacer negocios. La liberalización de la mariguana los obligaría a migrar a otros negocios ilegales. De la misma forma que cuando a los narcos se les complicó el paso de droga a Estados Unidos, se dedicaron a expandir el negocio del crimen a otros mercados. Pero habría una fuente menos de negocios ilegales, sería la decisión congruente con el espíritu liberal de nuestra Constitución y nos daría la posibilidad de concentrar los recursos del Estado en los crímenes que hacen daño a terceros, como el secuestro o la extorsión. No en tratar de imponer un modo de vida a esa parte de la población adulta que le gusta consumir mariguana.