Los límites del dinero
El gobierno sabe cuán poderoso es el dinero. Lo usa para ganar elecciones, para lograr mayorías legislativas, para ampliar su coalición de gobierno. Por eso ha ofrecido una cantidad récord de 60 millones de pesos a quien le proporcione información sobre el paradero de El Chapo. Espera que esto le ayude a resolver el agujero en el que está metido, el cual parece ser el inicio de un túnel de más de un kilómetro y medio de largo...
Repartir dinero no parece ser el método más eficaz en este caso. Si bien fue el dinero uno de los recursos utilizados por El Chapo para escapar, su capacidad de maniobra requiere también del poder de castigar. Es bien conocida la saña y crueldad con la que El Chapo sanciona a quienes lo han traicionado o se han negado a colaborar con él.
La recompensa ofrecida por el gobierno difícilmente llevará a la detención de El Chapo. Debe ser mayor el miedo a El Chapo que el apetito de poseer ese dinero. Ante tanta incompetencia y corrupción de las autoridades, ¿qué asegura que El Chapo no vaya a conseguir saber quién fue el soplón?
La fuga de El Chapo ha mostrado la debilidad del gobierno de Peña Nieto, y su incapacidad, o desinterés, para hacer cumplir la ley, aunque sea limitada a unos cuantos ámbitos, como debió haber sido tener bajo vigilancia extrema al preso más famoso de México. “Imperdonable”, como lo aseguró el Presidente en una entrevista de hace meses, no es una descripción suficiente de lo que implica no haber podido retenerlo en prisión.
El gobierno de Peña Nieto presumía saber usar los instrumentos del Estado. Desde la matanza de estudiantes en Iguala ha mostrado estar lejos de ello. La fuga de El Chapo hace evidente el gran fracaso del Cisen, la agencia de inteligencia del gobierno, salvo para espiar a los adversarios políticos del gobierno.
Esta manifestación de incompetencia tiene implicaciones que van más allá de la lucha contra el crimen organizado. La posibilidad de enfrentar con el rigor de la ley los problemas del país, entre ellos, por ejemplo, a los líderes de la CNTE, es hoy mucho menor.
El Estado no puede ni debe utilizar la tortura ni matar como lo hace El Chapo para castigar a quienes violan la ley, pero tiene recursos que, en principio, tendrían que ser mucho más efectivos, como la ley y la posibilidad de recaudar impuestos. En otras latitudes esto es suficiente para contener desafíos como los que implica el crimen organizado. México requiere no sólo mucho más dinero del que hemos estado dispuestos a gastar cada año en procuración y administración de justicia, sino que se requiere usarlo bien para construir instituciones fuertes que tengan la autonomía, de la clase política y de los ciclos sexenales, para hacer cumplir la ley y, en su caso, castigar a quien la viole, aunque sea un amigo del gobierno o uno de sus miembros. Sólo así se logrará construir la legitimidad para poder usar con mayor rigor el poder del Estado en otros ámbitos.
El secretario de Gobernación ha dado una ridícula explicación para justificar la fuga de El Chapo. Según éste, su huida fue posible por las limitaciones que impone la política de derechos humanos. En este caso, por cuidado a la intimidad del reo, no podían tener cámaras en la zona donde se bañaba. Se podría haber instalado un sistema que permitiera ver su cabeza y se debió haber reaccionado a los minutos de haber perdido contacto con él. El problema no son las políticas de derechos humanos, sino la falta de rigor en el cumplimiento de los protocolos de seguridad, siempre flexibles frente al poder del dinero y la influencia política.
El gobierno de Peña Nieto ha mostrado un terrible error de cálculo en relación a cuáles son sus verdaderas capacidades. El gobierno optó por no extraditar a El Chapo a Estados Unidos, pensando que lo podía retener en custodia y controlar así el flujo de información que pudiera proveer un reo que tanto conoce los resortes que mueven al sistema político mexicano. La defensa de la soberanía frente a Estados Unidos terminó en una muestra de falta de ella frente al crimen organizado.
El gobierno no sólo no tiene la capacidad para castigar a quienes violan la ley sino que no ha impuesto costo alguno a los funcionarios que se equivocan. A juzgar por las renuncias hechas hasta ahora, no parece que esto vaya a cambiar. Detrás de cada uno de los fracasos de esta administración hay nombres y apellidos. Hoy siguen tranquilamente despachando desde sus oficinas.
Una recompensa tipo el lejano Oeste no es la solución a los problemas de este gobierno. No hay salida fácil. Sin embargo, ésta pasa por replantear para qué deben servir las instituciones, debemos, por ejemplo, dejar de perseguir a quien consume drogas, y en qué ámbitos conviene invertir dinero y esfuerzos para mejorarlas y fortalecerlas. Esto no requiere grandes reformas constitucionales, sino usar con rigor los instrumentos legales que ya se tienen. Para ello se necesita un gobierno con una voluntad de hacer cumplir la ley, que no se ha visto hasta ahora.
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