Una propuesta conservadora

López Obrador, por ejemplo, cree que se debe cancelar la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Se trata de una obra que resolverá la saturación del actual aeropuerto, generará decenas de miles de empleos, a construirse en terrenos federales, por lo que no se le quitará a nadie su propiedad, renovará una deprimida zona de la capital afectada por el ruido del actual aeropuerto y permitirá convertir a la Ciudad de México en un lugar mucho más competitivo, lo cual, a su vez, llevará a más empleos. Las razones de su oposición no son el impacto ambiental de la obra, sino, en sus palabras, expresadas en su página de internet, que “los pillos tienen el plan de robar la mayor parte de dinero a partir de entregar contratos a sus socios de empresas contratistas…” y  “se quieren quedar con las 800 hectáreas del actual aeropuerto (…) para hacer otro Santa Fe…”.

Hay buenas razones para que este argumento sea popular entre los mexicanos. El mediocre crecimiento económico de las últimas décadas es, además, visiblemente desigual. Una obra como ésta genera una gran oportunidad para los políticos a cargo de hacerse de dinero a través de la asignación de contratos multimillonarios. Tantos ricos en México lo son a raíz de algún contrato de un gobernante amigo o porque han tenido el poder político para otorgarlos o bien, meterle la mano al presupuesto. El escándalo de Petrobras, de reparto de obras a cambio de moches, es seguramente tan común en México como en Brasil. En México ninguna de las instituciones responsables de estos temas ha sido capaz de realizar una investigación profunda. El sistema nacional anticorrupción aprobado por el Senado el martes pasado puede ayudar, pero su implementación va a tomar mucho tiempo. Mientras eso sucede, el gobierno debería hacer cumplir la ley vigente que castiga muchos de los actos de corrupción más comunes.

Para colmo, nuestra clase política exhibe un nivel de consumo como si fuera una élite económica con recursos privados bien habidos. David Korenfeld no sólo usó el helicóptero de la Conagua para un viaje personal, sino que aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde no se le permite a casi nadie hacerlo. Además, el viaje a Vail que tenía programado no alcanza con un sueldo de un funcionario público.

Por su parte, Martí Batres, presidente del CEN de Morena, ha prometido recontratar a los extrabajadores de Mexicana de Aviación y a los de Luz y Fuerza del Centro. En el primer caso estamos hablando de unos ocho mil trabajadores de una empresa que ya no existe, cuyas rutas son cubiertas hoy, sin subsidio, alguno por otras aerolíneas. En el segundo, de alrededor de 16 mil trabajadores que no fueron liquidados cuando se cerró LFC, pero ya no se necesitan dado que la CFE ya cumple —y de mejor manera— el servicio que antes prestaba LFC. Eran trabajadores privilegiados. Lo siguen siendo como pensionados. Los 22 mil 771 jubilados reciben, en promedio, una pensión de poco más de 74 mil pesos al mes. ¿Por qué puede esta promesa ayudar a ganar votos de los no directamente interesados? No tiene mucho sentido, dado el enorme costo fiscal que representaría, salvo que fuera una señal para todos aquellos trabajadores improductivos en el sector público, y muchos deben saber que lo son, de que no serán despedidos en un eventual gobierno suyo.

Se trata de que no cambie nada respecto al mundo existente antes de los últimos cinco gobiernos. Así es casi toda la plataforma electoral de Morena. Una suma de objetivos generales (menos violencia y corrupción, más derechos para todos, entre otros) sin instrumentos concretos para lograrlos y el compromiso de revertir todas las reformas hechas hasta ahora. Se incluye la recontratación de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, la gran mayoría de los cuales ya deben estar en edad de jubilación o incluso haber fallecido. De las pocas cosas nuevas en las propuestas mencionadas en las últimas semanas por AMLO está la de pase automático a la UNAM para cualquier egresado de una preparatoria. Esto no es siquiera populismo, es mera estupidez.

El conservadurismo de López Obrador está basado en una premisa correcta: una parte de la élite política y económica utiliza cualquier oportunidad para distribuirse rentas, lo cual hace al país más desigual. Por eso, para que las reformas funcionen y sean sostenibles en el tiempo, esto debe cambiar. Sin embargo, estas redes de corrupción no son resultado de las reformas. Ojalá fuera tan fácil. Están muy arraigadas y vienen desde antes. Cuanto más involucrado esté el gobierno en controlar la economía más margen habrá para esa corrupción.

Se necesita tener un Estado más pequeño, pero más robusto. Suena a Salinas de Gortari. Pero para que sea realmente robusto se requiere un compromiso ético de quienes tienen el control de las decisiones. Esto suena a López Obrador, para quien la solución es que llegue alguien honesto a la Presidencia, es decir, sólo cabe él. En ese caso, cree él, no importa el tamaño del gobierno. Él se encargará de que todo sea honesto y transparente, aunque es imposible olvidar a Bejarano guardando, desaforadamente, billetes en un maletín, o la reserva de 20 años impuesta a la información de los contratos que hicieron posibles los segundos pisos del Periférico. Pero más allá de ello, su conservadurismo parece no haber aprendido que aun en los países más honestos se optó por hacer un Estado más chico en aquellas áreas donde el gobierno puede ser sustituido por la empresa privada, para tratar así de hacer mejor lo que sólo el gobierno puede hacer.