Campañas censuradas
La reforma de 2014 eliminó como prohibición el difamar instituciones. La idea de que un partido político es una persona moral abre la puerta a que otras instituciones reclamen ese mismo estatus. El segundo error, y mucho más de fondo, es no defender al máximo la libertad de expresión...
Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, declaró que la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias de mantener al aire un spot del PRI contra el PAN afectará gravemente a su partido. En el promocional se le pregunta a la gente su opinión respecto a un funcionario panista que veía pornografía y a otros que organizaron una fiesta con prostitutas. Bien por la Comisión. Una campaña electoral es para informar al electorado quiénes son sus políticos.
La Reforma Electoral de 2014 pretendió abrir, aunque fuera parcialmente, el cerrado régimen de la reforma de 2007. Si bien se eliminó la restricción a “abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones”, se conservó la prohibición de la calumnia hacia las personas. Por calumnia se entiende, según la ley, a “la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral” (véase Benjamin Temkin y Rodrigo Salazar, Libertad de expresión y campañas negativas, https://goo.gl/zl3vAw).
Toda ley es lo que sus intérpretes decidan. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE en ocasiones decide suspender spots y, en otras, dejarlos. Esto va a terminar por minar la percepción de equidad en el proceso. Otro promocional del PRI en que se preguntaba al ciudadano su opinión sobre la construcción de una presa por parte del gobernador de Sonora sí fue prohibido. Al PAN le han prohibido ya dos anuncios, el último sobre la comitiva del viaje del presidente Peña Nieto a Londres.
El PAN fue el primero en utilizar un promocional agresivo en esta campaña. Fue contra el presidente del PRI, por su gusto por los relojes caros, y contra otro priista por la compra de un departamento de lujo en Nueva York. En la mencionada Comisión decidieron prohibirlo.
Según la Comisión, en decisión dividida, el spot contenía mensajes calumniosos. Se consideró que, a través de varias acusaciones hacia el presidente del PRI sobre sus relojes, las propiedades millonarias en el extranjero de funcionarios priistas y las alusiones de enriquecimiento ilícito y corrupción se “transmite claramente la idea de que el quejoso, así como ‘altos funcionarios’ de dicho instituto político, han incurrido en conductas ilícitas y que, con motivo de ello, han adquirido bienes”. Para la Comisión, si bien se limita la libertad de expresión, es para proteger la honra y la dignidad de estos priistas, ya que no se ha probado jurídicamente el que se haya incurrido en algún delito. El mismo argumento se extiende hacia el PRI, ya que los partidos, según resoluciones previas del Tribunal Electoral, son personas morales, potencialmente sujetas a calumnias.
Veremos si el Tribunal Electoral acepta esta interpretación. A mi juicio tiene varios problemas. Primero, la reforma de 2014 eliminó como prohibición el difamar instituciones. La idea de que un partido político es una persona moral abre la puerta a que otras instituciones reclamen ese mismo estatus. El segundo error, y mucho más de fondo, es no defender al máximo la libertad de expresión. El único límite debería ser la invención de hechos, lo cual es calumniar, no las opiniones sobre los mismos aunque la conclusión del elector pudiera ser que cometieron dichos delitos.
Yo preferiría campañas electorales sin spots de radio y televisión. Éstos hacen de los procesos electorales estrategias de mercadotecnia como si fueran un producto comercial que requiere apelar a algún resorte sicológico para consumir. Los spots no permiten un debate serio. Pero si éstos son lo que tenemos, por lo menos que sirvan para informar al ciudadano. Más nos deja saber de nuestros políticos su pasión por los relojes o las fiestas con prostitutas que etéreas promesas.
A muchos comentaristas, y sobre todo al grueso de los políticos, no les gusta que haya lodo en las campañas. Creen que denigra a la política y genera desánimo en el votante. Pero lo que denigra a la política no es el promocional que lo hace público, sino los actos de corrupción y abuso entre nuestros políticos. Si al elector no le gustan las campañas agresivas, que castigue al partido que las utilice. Que sea decisión de los partidos, no un control de la autoridad electoral a la libertad de expresión.
Los políticos mexicanos han construido un costoso y barroco aparato para regular la competencia por el poder. Este año el costo de organizar, dirimir conflictos en el proceso electoral, así como distribuir prerrogativas a los partidos políticos, tanto de las nueve elecciones para gobernador como de las federales, asciende a casi 25 mil millones de pesos. Esto sin contar con los 24.2 millones de spots publicitarios en radio y TV que tendrán los partidos sin costo para ellos. Y sin considerar tampoco todos los recursos privados y públicos que no se notan, o que sí se notan, pero parecen no importar. Al arranque de la campaña de Silvano Aureoles, candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán, llegaron a apoyarlo varios distinguidos perredistas que fueron transportados en al menos cinco helicópteros. Esto no entra en el costo de la campaña.
Al día siguiente de que los partidos intentan construir un nuevo andamiaje legal, ellos mismos empiezan a desafiarlo y a buscar que los consejeros amigos voten en el sentido que les conviene. El INE deberá mostrar en la próxima elección que con los robustos instrumentos que le otorgó la última Reforma Electoral pueden organizar un proceso comicial dentro del margen de la ley dándole al votante la mayor información posible. Hasta ahora no vamos bien.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom