La paja en el ojo ajeno
En México, cuando un presunto criminal aparece asesinado no se suele siquiera iniciar una averiguación previa para saber quién fue el responsable. Peor aun, tampoco importan gran cosa los derechos de los mexicanos comunes y corrientes que viven dentro de la legalidad.
En los últimos días, desde el presidente Peña Nieto hasta legisladores federales, pasando por muchos otros políticos, hemos visto enjundiosas protestas verbales contra el asesinato de Antonio Zambrano, ocurrido el pasado 10 de febrero por parte de la policía de Pasco, Washington. Siempre ha sido rentable criticar al imperialismo yanqui. En los años dorados del autoritarismo priista, era el espacio para que el gobierno simulara ser de izquierda y creerse soberano.
Hacerlo ahora es anacrónico e incongruente. Tenemos cientos, si no miles de muertes, que están vinculadas directamente a las autoridades policiacas o a las fuerzas de seguridad mexicanas. Quizás en muchos casos ello es resultado de un enfrentamiento con genuinos criminales, pero en muchos otros no parece haber razón alguna que justifique los muertos.
En México, cuando un presunto criminal aparece asesinado no se suele siquiera iniciar una averiguación previa para saber quién fue el responsable. Peor aun, tampoco importan gran cosa los derechos de los mexicanos comunes y corrientes que viven dentro de la legalidad. Hace algunos meses se supo por la prensa que en Tamaulipas secuestraban a jóvenes que viajaban en autobús para reclutarlos como sicarios. Nada al respecto ha dicho algún político importante.
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe reclamar por el asesinato de Zambrano y brindarle a sus deudos la protección posible. Pero está fuera de lugar que se involucre el Presidente. Éste debería preocuparse por el actuar de las fuerzas policiacas de México. Su rápida respuesta frente a los presuntos excesos de la policía de Pasco contrasta con la lenta reacción que tuvo en el caso de Iguala. En este caso, como se sabe, policías municipales entregaron al crimen organizado a 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Presidente inicialmente se deslindó, declarando que se trataba de un asunto local, cuando tenía razones para intervenir. El asesinato fue perpetrado por el crimen organizado, lo que lo convierte en un asunto de jurisprudencia federal.
Antonio Zambrano no era una blanca paloma. El año pasado lo habían arrestado cuando golpeaba unos automóviles con una escoba, pareciera que bajo los efectos de alguna droga. Se resistió al arresto, intentando quitarle a un policía su pistola. Estuvo seis meses en prisión. En 2006, la esposa de Zambrano, Teresa de Jesús Meraz-Ruiz, quien se había separado de él, interpuso una orden de protección debido al constante hostigamiento y amenazas que ella y sus hijas recibían de él.
De acuerdo con el reporte de la policía de Pasco, Zambrano estaba tirando piedras a unos automóviles y los vecinos llamaron a la policía. La policía le ordenó rendirse, Zambrano se resistió. Intentaron someterlo con una pistola de choques eléctricos, pero les lanzó piedras y los policías reaccionaron disparando a matar. Una investigación determinará si la policía de Pasco fue más allá de su deber, ya que hay información que indica que Zambrano no opuso resistencia y aun así lo mataron.
En México no estamos acostumbrados a acatar las órdenes de la policía si nos sentimos con suficiente poder o recursos, o bien si vamos organizados en una marcha. En Estados Unidos, no hacerlo puede llevar a que la policía reaccione utilizando armas de fuego. En ese país la policía tiene autoridad, y si no se le respeta, cuenta con legitimidad social como para usar la fuerza para imponer la ley, y ésta es sumamente restrictiva.
Lo anterior ha llevado a un régimen carcelario particularmente punitivo. Estados Unidos hoy tiene 2.2 millones de individuos purgando una condena en una cárcel o prisión, pero si se suma también a quienes están en libertad condicional y otras figuras similares o en un centro de detención de migrantes, el número asciende a ocho millones, uno de cada 23 adultos. Un tercio de las 625 mil mujeres o niñas en cárceles o prisiones en el mundo se encuentran en Estados Unidos, cuando este país tiene sólo alrededor de 5% de la población del planeta. Los abusos de este sistema se encuentran bien analizados en libro de Marie Gottschalk, Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics.
Sin embargo, no hay político en Estados Unidos que pueda ganar una elección prometiendo ser blando en el uso de la fuerza pública. Votan más los blancos que las minorías y en éstas recae buena parte de los excesos de la policía.
Quizás la viuda agradezca el apoyo de la clase política mexicana. Pero lo que le puede cambiar la vida es que el Poder Judicial del estado de Washington determine que la policía se excedió y obligue al gobierno de Pasco a indemnizarla.
En México no tendría esa posibilidad. En lugar de usar el Poder Judicial para validar nuestros derechos, tenemos una absurda Ley de Víctimas y se ha construido un cuerpo administrativo para hacerla cumplir, con muchos empleos bien pagados y con un mandato tan general que no sabemos a quién se vaya a compensar por ser víctima, podría ser la viuda de un criminal abatido por otro.
Nuestra clase política cree tener la autoridad moral para protestar por un asesinato como el de Zambrano. Pero mientras no logre en México el comportamiento de sus fuerzas de seguridad que pide afuera, no tendrá credibilidad como para poder cambiar las condiciones de vida de nuestros connacionales en Estados Unidos. En contraste, si lográramos tener un país con mejores policías y mejor sistema de justicia, muchos menos mexicanos optarían por migrar.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom