Un país de libertades

La esposa del jefe de gobierno ha sido denunciada por un exempleado de pedir que lleven al supermercado los envases de las aguas minerales que se consumen en la residencia oficial, los cuales habían sido pagados con dinero público, y embolsarse el cambio que se cobra por los depósitos. La oficina del jefe de gobierno ya regresó mil dólares al erario, pero el acusador alega que los recursos obtenidos son por lo menos seis veces más. El fiscal general tiene que decidir si inicia una denuncia formal. Esto sucede en Israel, donde las élites no viven con la libertad ilimitada de México: hay un expresidente en la cárcel y un exprimer ministro declarado culpable por recibir sobornos por 161 dólares.

En México da ternura imaginarse a la esposa de un político recolectando botellas para canjearlas por el depósito. Los negocios son de montos mayores. En general ni nos enteramos, pero cuando llegamos a saberlo, no suele pasar nada.

Un Estado de derecho implica el que no haya nadie por arriba de la ley. En México la élite suele estarlo. Vive con amplias libertades. En general ni se le molesta judicialmente.

Un ejemplo reciente es la trágica explosión de un hospital en Cuajimalpa hace 15 días. No parece que hubiera alguna variable externa que haya detonado la explosión, sino que fue el resultado de operar un equipo con fallas o manipulado. Hasta ahora el dueño no ha dado ni una explicación. A la élite empresarial le gustan los derechos, en este caso el de enriquecerse. Pero no le gustan las obligaciones que atañan al negocio del que viven. Diligente, la autoridad capitalina ya inició proceso contra el chofer, cuando la responsabilidad real es del dueño. Pero como no vive en Corea del Sur, el dueño duerme tranquilo.

El 15 de abril del 2014 naufragó en Corea del Sur el crucero MV Sewol. Murieron 304 personas. La policía coreana emitió una orden de arresto contra el dueño de la empresa y varios de sus familiares. El dueño se fugó y apareció muerto, se sospecha que por suicidio. No podía dormir tranquilo.

Sobran ejemplos de la libertad con la que viven nuestros funcionarios. El secretario de Comunicaciones y Transportes decidió primero dar apresuradamente un contrato para el Tren Rápido a Querétaro. Poco después lo anuló. En cualquier país un funcionario renunciaría por ese traspié. Acá los causantes tendremos que pagar la reclamación que está pidiendo el consorcio afectado.

Dado este país de libertades, la élite política no tiene empacho en vivir como si el dinero que tiene fuera legítimamente suyo, aunque a veces lo trata de esconder. Esto se desprende de un reportaje del New York Times sobre quiénes han comprado lujosos departamentos en la torre Warner frente al Central Park (https://nyti.ms/1CcRaBv). Muchos son miembros de las élites políticas del mundo enriquecidas indebidamente. Entre ellos, según el reportaje, está un mexicano: José Murat, exgobernador de Oaxaca y padre de Alejandro Murat, el actual director del Infonavit. El departamento en cuestión es uno de muchos en Estados Unidos a nombre de familiares de Murat que esconden el apellido paterno y/o utilizan una empresa pantalla (https://www.nytimes.com/2015/02/11/nyregion/jose-murat-casab-mexico-pri-l...).

Este caso no sólo revela el cinismo de José Murat, quien dice no ser dueño de inmueble alguno en Estados Unidos, alega simplemente venir de una familia que ha tenido recursos económicos por generaciones, sino también el de las autoridades de Estados Unidos. Éstas promueven el que las élites de los países pobres vivan con libertad en Nueva York, sin importar el origen de su dinero, ya que pueden comprar anónimamente propiedades con una empresa pantalla. Son muy severos con los bancos suizos que promueven la evasión fiscal de los ciudadanos de Estados Unidos, y muy duros cuando se trata de perseguir presuntos terroristas, pero muy flexibles con los ricos de otros países que invierten en Estados Unidos. No preguntan de dónde viene su dinero.

En los orígenes del sistema de propiedad de Estados Unidos se tenía como objetivo, en palabras de Hendrik Hartog, un profesor de derecho de la Universidad de Princeton, “...transparentar la propiedad de la tierra y esto era justificado por valores cívicos (…) como el no esconder quién era propietario” (mi traducción, https://nyti.ms/1CcRaBv). Esto ha cambiado. En 2003 un tercio de las propiedades vendidas en el edificio Warner se compraban a través de compañías fantasma. Para 2014 ya alcanzaban más de 80 por ciento.

Desde al anonimato es más fácil evadir la ley. Pero cuando algún miembro de la élite mexicana tiene que enfrentar la ley en nuestro país, no es infrecuente que salga libre por un formalismo. Puede ser el genuino error de alguien o porque estos “errores” son la forma de ayudar, a cambio de dinero, al acusado.

Se está discutiendo un nuevo modelo anticorrupción en el Congreso. Debe tener los dientes suficientes como para que nadie pueda estar por encima de la ley. Deberíamos lograr construir instituciones de procuración de justicia como las brasileñas, que pueden actuar con autonomía contra la clase política y empresarial, tal como ha sucedido tras el escándalo de corrupción de Petrobras. Pero, mientras esto sucede, legislar siempre toma más tiempo del esperado, el gobierno puede usar las leyes existentes para investigar aquellos escándalos pasados de políticos que ya son públicos y conocidos.

                *Profesor-investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom