Los nuevos saca dólares
Un reporte reciente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EU concluye que ciudadanos mexicanos compraron de marzo de 2013 al mismo mes de 2014 inmuebles residenciales por 4.5 miles de millones de dólares. Esto representa cerca de 5% de todas las ventas internacionales de este rubro...
“Ya nos saquearon. (…) ¡No nos volverán a saquear!”. Fueron las palabras de José López Portillo en su último informe de gobierno en septiembre de 1982.
Los saqueadores, aunque hoy parezca increíble, no eran los funcionarios gubernamentales que habían desviado recursos durante la abundancia petrolera, sino mexicanos “malinchistas” que optaron por ahorrar en dólares o compraron casas en el exterior con “un valor del orden de 30 mil millones de dólares”. López Portillo reconocía que esto fue “en uso de la libertad cambiaria”. Sin embargo, no le parecía una legítima protección de su patrimonio, sino una perversa estrategia de los especuladores para socavar su gobierno nacionalista (VI Informe de Gobierno https://goo.gl/kRm1bC).
Un reporte reciente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos concluye que ciudadanos mexicanos compraron de marzo de 2013 al mismo mes de 2014 inmuebles residenciales por 4.5 miles de millones de dólares. Esto representa cerca de 5% de todas las ventas internacionales de este rubro. México es el quinto país con más compras, después de China, Canadá, India y el Reino Unido (https://goo.gl/MRhsdU).
Estos datos están basados en una encuesta, por lo que son bastante imprecisos. Además, no toman en cuenta las casas compradas a través de una corporación proveniente de algún paraíso fiscal y que no deja huella de quién es el dueño. Con todo, no es una cantidad trivial. Sirva como referencia que, según el INEGI, con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la cual mide el nivel de gasto en el sector de la construcción de viviendas, edificios industriales, comerciales y servicios, escuelas, oficinas y otros, y trabajos auxiliares para la construcción, el gasto total en estos rubros para 2013 tuvo un valor de 186 mil 165 millones de pesos. Las compras mencionadas en Estados Unidos de inmuebles (aunque el periodo de referencia no es el mismo y una cosa es construir y otra comprar activos) son de cerca de un tercio de este monto.
Si el comprador es un inversionista privado y además está al día en el pago de sus impuestos, se trata de algo legal. Sin embargo, es reflejo de un problema: el miedo a invertir en el país. Si en los años ochenta el temor era frente a las políticas expansivas del gobierno que podrían terminar con una espiral inflacionaria y devaluación, como sucedió, o por miedo a una expropiación, dada la retórica dominante en el sexenio de Echeverría y que regresó a fines de la administración de López Portillo, hoy parece ser por la ausencia de Estado en proveer el servicio básico de seguridad. Para muchos, una propiedad en Estados Unidos es la única forma de vivir, aunque sea por temporadas cortas, sin miedo a ser secuestrado o extorsionado.
Sospecho que un porcentaje no trivial de estas inversiones en Estados Unidos es de políticos. La única información disponible es de aquellos políticos mexicanos cuyas propiedades en Estados Unidos son producto de un presunto delito según las leyes de ese país y que, como resultado de una pesquisa judicial allá, termina en la confiscación del inmueble. No hay datos agregados ni certificados, pero una búsqueda de prensa arroja varios casos. El más revelador es el de Héctor Javier Villarreal, extesorero de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira. Está preso desde febrero de 2014 en una prisión en Texas, donde se declaró culpable de dos cargos de conspiración de lavado de dinero y uno de conspiración para transportar dinero robado. Se le han confiscado propiedades por más de 20 millones de dólares, incluida una casa en San Antonio con un valor superior a 1.3 millones de dólares y un centro comercial en San Antonio por más de 6.3 millones.
Estos recursos depositados fuera de México pueden estar explicando, en alguna medida, la menor repercusión del gasto público en la economía nacional. Se dice que hay entidades donde el moche que se le exige al contratista es de 20 por ciento. Eso significa que, de entrada, el impacto de esa obra pública es menor al de las cifras reportadas como ejercidas. Ese moche, además, pareciera, se queda cada vez más en el extranjero. En las pláticas de café, siempre sin mencionar nombres, se dice que una forma de moda de cubrir esa “retribución” es a través de un servicio que el contratista ganador paga a una empresa fuera de México, la cual es simplemente una fachada para canalizar los recursos al funcionario corrupto. Seguramente en el pasado el moche pasaba o se quedaba en México, creando algo de demanda. Ahora ni eso.
Al final de su VI Informe López Portillo se puso romántico: “… sería un gesto hermoso el que (…) los adquirientes de inmuebles se solidarizaran con su nación y convinieran con la Banca Mexicana (…) algún sistema para reciclar en nuestra economía los recursos que son tan necesarios para México”. Hoy sería un gesto de elemental justicia que los ciudadanos conociéramos el patrimonio inmobiliario que tienen nuestros políticos, sobre todo en el extranjero, y un mecanismo legal para que regrese a las arcas nacionales, no a las de Texas, cuando provienen de actos ilegales.
López Portillo también se lamentaba en su Informe: “…es doloroso que estemos arañando las paredes por unos cuantos miles de dólares, cuando los mexicanos tienen decenas de miles en EU”. Hoy es dolorosa tanta pobreza cuando tantos políticos viven opulentamente con los recursos de los mexicanos.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom