La hora del ajuste
Un ejemplo de cómo se incrementael gasto público año con año, sin que se hayan modificado en nada sus responsabilidades, es el Poder Legislativo. El Senado, a precios constantes de 2015, gastó en 2000 2.3 mil millones de pesos, en 2015 va a gastar cuatro mil millones.
“…cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público”. Son las palabras de la semana pasada del secretario de Hacienda.
Ya era hora de pensar en la necesidad de recortar el gasto público. Desde que tomó posesión la actual administración había manejado las finanzas públicas con el pie pegado al acelerador, es decir, incrementando el gasto basado en mayores niveles de deuda e impuestos. Curiosamente un mayor déficit público no parece haberse reflejado en un incremento en la actividad económica. Todo un misterio.
Este gobierno ha incrementado el gasto público total de 4.03 mil millones de pesos a 4.69 mil millones, en pesos constantes del año 2015, es decir, descontando la inflación. Esto significa pasar de un 25.4% de gasto público como porcentaje del PIB en 2012, a niveles de 27.3% para 2015. El gobierno no ha hecho más que continuar con la tendencia de las dos presidencias anteriores. En el último año de gobierno de Ernesto Zedillo el gasto público total a pesos constantes de 2015 fue de sólo 2.42 mil millones de pesos, lo que representó 18.4% del PIB.
Esto fue posible gracias al incremento del precio del crudo, el cual alcanzó niveles récord superiores a los 100 dólares por barril, logrando una producción de 3.3 millones de barriles diarios en 2005. Hoy el precio se ubica en menos de 40 dólares y sólo producimos 2.3 millones de barriles diarios. El ingreso petrolero (el que se queda el gobierno federal) pasó de niveles de 3% del PIB en 2000 a 5.9% en 2012. Además, la caída en las tasas de interés le dio margen de maniobra al gobierno para aumentar su gasto.
Ese gasto público adicional no parece haber tenido un impacto evidente en mejores bienes y servicios públicos. Primero por la colusión entre proveedores, incluyendo la corrupción de quienes la toleran o participan en ella desde el sector público, y que lleva a sobrecostos en las compras del gobierno, mismos que la OCDE calcula en más de 30% de su valor. Esto equivale en los últimos tres años a unos 3.7 mil millones de pesos, es decir, poco más de 20% del PIB estimado para 2015. Y, segundo, porque una buena parte se destina a un gasto social cada vez más clientelar. Por ejemplo, el presupuesto de Sedesol, el llamado Ramo 20, pasó de ser, en 2006, de 37.8 mil millones, descontada la inflación, a 117 mil millones en el presupuesto de este año.
Desde finales del año pasado el precio del crudo ha mostrado una clara tendencia a la baja. Hoy sabemos que no es un mero cambio de coyuntura. El precio del petróleo difícilmente va a regresar a los niveles a los que nos acostumbramos. Según dicen los expertos, el precio esperado para los siguientes años, con suerte, será superior a 50 dólares por barril. Tendremos que aprender a vivir con menos recursos. Estamos hablando de por lo menos 2 puntos del PIB.
La buena noticia es que hay mucho margen para el recorte del gasto público. Al gobierno mexicano le sobra grasa en muchas áreas (aunque luego faltan recursos en otras). Lo fácil es recortar la inversión pública, la cual suele ser la variable predilecta de ajuste. El reto ahora es adelgazar al gobierno antes de que se tenga que hacer en la emergencia, gracias al espacio de maniobra que nos dan los altos precios de la gasolina (que se deberán liberalizar en 2016) y al seguro contratado por Hacienda que protege sus ingresos ante la caída estrepitosa en el precio del petróleo (aunque no los de Pemex).
Hay tela de dónde cortar. Un ejemplo de cómo se incrementa el gasto público año con año, sin que se hayan modificado en nada sus responsabilidades, es el Poder Legislativo. El Senado, a precios constantes de 2015, gastó en 2000 2.3 mil millones de pesos, en 2015 va a gastar cuatro mil millones. La Cámara de Diputados aumentó de 4.5 mil millones a 7.3 mil millones. Otro ejemplo es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya utilidad es cuestionable, y donde el gasto prácticamente se triplicó en el mismo periodo. A las entidades federativas, las cuales siempre se quejan de falta de dinero, y cuyo endeudamiento ha subido de forma importante en los últimos años, se les han incrementado las transferencias, pasando de 391 mil millones de pesos en 2000, a 591 mil millones para este año. ¿No sobran choferes, asesores, autos, computadoras, comidas, boletos de avión, renta de oficinas, etcétera, que en nada le benefician al ciudadano común?
Seguramente no va a alcanzar con el recorte de gasto corriente. Lo bueno es que hay obras que son meras ocurrencias, como los trenes de pasajeros. Sería bueno tener una red de trenes rápidos como la de Francia, pero tenemos una geografía más accidentada y, sobre todo, no contamos con las capacidades de ese Estado. Hay tantas otras obras menos complicadas y de mayor impacto social que aún no hacemos, como una buena red de trenes suburbanos en la Ciudad de México, que es mejor posponer la ya tan cuestionada obra del tren México-Querétaro, que hacerlo más adelante cuando hayamos gastado más dinero. Lo mismo hay que pensar con respecto al tren México-Toluca.
¿Podrá nuestra clase política aprender a gobernar con menos dinero? Esperemos que lo logre. La alternativa ya la conocemos: el círculo vicioso de inflación, devaluación, mayores tasas de interés (con lo cual crece la necesidad de aumentar el ajuste en el gasto), así como una severa caída de la actividad económica.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom