¿Aprovecharán la crisis?
La corrupción ha sido una forma de gobierno a través de redes de complicidades. Mientras los corruptos respeten la jerarquía suelen no enfrentar las consecuencias de sus actos.Sólo cuando creen ser autónomos corren riesgos. Caso reciente es el de Elba Esther Gordillo.
Hay miles de millones de dólares en contratos asignados por la gran petrolera propiedad del gobierno, que son parte de una red de corrupción que distribuía moches de todos tamaños entre funcionarios y políticos, incluido 3% para el partido en el poder. Esto se conoce hoy gracias a la capacidad de investigación de las autoridades. El país es Brasil. La empresa, Petrobras.
En Brasil hay menos corrupción que en México, según el índice de corrupción de Transparencia Internacional. México ocupa el lugar 103. Brasil el 69. El peor de todos en América Latina es Venezuela, en el lugar 161 de 175 países. (https://www.tm.org.mx/IPC2014/)
En México nunca se ha hecho pública una red de corrupción de la amplitud de la de Brasil en ningún área de la administración pública federal o estatal. La Auditoría Superior de la Federación publica cada año historias de faltantes y desvíos de recursos, pero se quedan en el anecdotario. Algunos órganos internos de control en las entidades son capaces de encontrar algunas redes de corrupción, pero pequeñas en escala, y a lo mucho logran destituir a los involucrados, quienes luego consiguen algún amparo para evitar ser procesados. En otros casos, lo poco que se sabe de las redes de corrupción, como por ejemplo el de Coahuila, proviene de las autoridades de Estados Unidos, las cuales luego se quedan con el dinero recuperado, sin que nadie proteste en México.
La corrupción ha sido una forma de gobierno a través de redes de complicidades. Mientras los corruptos respeten la jerarquía suelen no enfrentar las consecuencias de sus actos. Sólo cuando creen ser autónomos corren riesgos. Caso reciente es el de Elba Esther Gordillo.
Estas redes permiten lograr acuerdos. El presupuesto federal para 2015 se aprobó el mes pasado con el voto de 457 de los 468 legisladores presentes, gracias a la existencia de un fondo de diez millones de pesos a repartir por diputado, lo que asciende a un gran total de cinco mil millones, que podría ser gastado en obras de pavimentación, remodelación de escuelas, instalaciones deportivas y culturales (o para combatir corrupción…). Los moches de los que tanto se habla vienen en general de la repartición discrecional de estos fondos.
Cada vez es más disfuncional gobernar así. Primero, porque las redes sociales permiten que una parte de la corrupción se dé a conocer, con lo cual la élite política va acumulando un creciente déficit de legitimidad. Como lo analiza Luis Rubio en su artículo del domingo pasado, (https://goo.gl/bld8AH) sin legitimidad es muy difícil lograr que se imponga la ley. Las instituciones represivas nunca son suficientes, por bueno que sea su desempeño. Se requiere que el ciudadano respete la ley porque confía en las autoridades.
Segundo, competimos con países menos corruptos por atraer inversión a nuestro país. A quien hoy busque un socio extranjero para hacer un negocio en México le va a costar más trabajo, o deberá prometerle un mayor ingreso que antes, dado que la reputación del país está erosionada aun más por los estudiantes desaparecidos y el escándalo de la Casa Blanca.
Tercero, la corrupción dificulta tener bienes públicos e infraestructura de calidad. Si la corrupción crece, esto se dificulta aun más. Todo parece indicar que en muchos de los gobiernos locales, que han tenido cada vez más dinero como parte de este pacto, hay cada vez más corrupción.
Cuarto, la corrupción entre los encargados de la seguridad pública es difícil de evitar si sus jefes inmediatos o el resto de la estructura gubernamental siguen prácticas ilícitas sin que tengan consecuencias. En un mundo de corrupción, el mando único a nivel estatal sería el objetivo del crimen organizado. Éste tiene el dinero para corromper.
Los funcionarios corruptos coexisten con muchos otros que no lo son. Éstos son los héroes, muchas veces anónimos, que permiten que haya ciertas instituciones que funcionen razonablemente bien. ¿Pero cómo asegurarse de que los corruptos no sigan ganando más espacios?
Transparencia Mexicana ha sugerido crear “un Sistema Nacional Anticorrupción que articule, tanto al naciente Sistema Nacional de Transparencia como al de Fiscalización y Control. El esfuerzo anticorrupción debe ser nacional y no sólo federal”. Además de la “fiscalía anticorrupción, México necesita órganos internos y externos de control y fiscalización con independencia y un auténtico Tribunal Federal de Responsabilidades para los tres órdenes de gobierno”. Hay que “definir, regular y sancionar el conflicto de interés”. Obligar a quienes compiten por un puesto de elección popular a publicar “su declaración patrimonial, su declaración de impuestos de los últimos cinco años y una declaración pública de potencial conflicto de intereses”. En suma, incrementar la transparencia en la información gubernamental.
¿Va a usar nuestra clase política la crisis en la que nos encontramos para cambiar? Tristemente parece que la tentación es sólo simular. Por eso los legisladores quieren aprobar reglas de transparencia inadecuadas, nombramientos como el del fiscal anticorrupción sin ley secundaria lista. Si desaprovechan la crisis para enfrentar el flagelo de la corrupción, disminuyen las posibilidades de aprovechar el potencial de las reformas estructurales ya aprobadas y el riesgo de una implosión sistémica en el futuro se incrementa.
*Profesor investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom