Enfrentar la emergencia
Si el procurador Murillo hubiera reaccionado en su momento a la acusación de Bejarano respecto a los presuntos crímenes de José Luis Abarca siendo todavía presidente municipal de Iguala, tendría más legitimidad para conducir la investigación de los normalistas desaparecidos...
¿Se equivocó el cirujano que operó a Miguel Ángel Mancera y casi lo mata? Difícil saberlo sin un análisis detallado del procedimiento, pero según un médico amigo, ésa no es la pregunta más interesante. Todo procedimiento como ése tiene un pequeño margen de error. La pregunta central es si, ante la sorpresiva crisis, el equipo médico reaccionó satisfactoriamente. La respuesta es sí. Le salvaron la vida.
Se puede discutir mucho sobre los múltiples errores del gobierno del presidente Peña Nieto que llevaron a la crisis en la que se encuentra. En este caso no son infortunios, sino producto de decisiones tomadas. Destaco dos: uno, haber pensado que el tema de la seguridad estaba en camino de resolverse sólo por haber disminuido su exposición en los medios de comunicación y, dos, haber asignado la obra del tren rápido México-Querétaro (obra que, de entrada, no está claramente justificada) al único consorcio que compitió, los otros alegaron falta de tiempo para formular una propuesta. En el consorcio ganador participa una empresa dueña de la casa que está comprando la esposa del Presidente a través de un crédito de esta misma empresa. El que ahora la pretenda vender, y seguramente hasta gane dinero en la transacción, no resuelve nada.
Estos errores explican la naturaleza misma de la crisis y han limitado la capacidad de respuesta del gobierno. Si el procurador Murillo hubiera reaccionado en su momento a la acusación de Bejarano respecto a los presuntos crímenes de José Luis Abarca siendo todavía presidente municipal de Iguala, tendría más legitimidad para conducir la investigación de los normalistas desaparecidos. Su intervención incluso hubiera podido evitar la tragedia. Dado los escándalos de la casa de su esposa y el de la línea de tren rápido, el Presidente tiene también menos legitimidad como para enfrentar la crisis.
Corrupción e inseguridad pública son dos caras de la misma moneda. Mientras haya casos como los del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien puede hacer sus estudios de postgrado en Barcelona, sin que haya siquiera una averiguación previa por la forma en la que se manejaron las finanzas de su estado mientras fue gobernador, se manda la señal de que todo se vale. La corrupción en las altas esferas del gobierno se reproduce hacia otros niveles. Una policía corrupta es fácil presa del crimen organizado, grupo a quien le sobran recursos.
El Consejo Coordinador Empresarial, la organización cúpula del sector empresarial, ha demandado prevalecer el Estado de derecho en Guerrero. Hay una revuelta bien organizada por grupos de maestros y simpatizantes que buscan desestabilizar el estado, y otras partes del país, ante la mirada pasiva o cómplice del gobernador interino. Sin embargo, no ha externado públicamente esa misma preocupación, por ejemplo, en casos de presunta violación al Estado de derecho en más de una licitación de obra pública.
Se defiende el Estado de derecho sólo cuando conviene. Quienes queman edificios públicos lo hacen en protesta de la violación del Estado de derecho por parte del gobierno estatal y municipal. Esta selectividad impide construirlo y, por tanto, enfrentar tanto el problema de inseguridad como el de corrupción.
El presidente Peña Nieto anunció a su regreso de la gira por China y Australia: “No dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. (La fuerza) es el último recurso”. Con esa lógica de que hay circunstancias donde se puede violar la ley no hay forma de construir un Estado de derecho.
Si bien el gobierno tiene que contener la violencia en Guerrero, sería un error empezar con órdenes de aprehensión contra los grupos radicales que han incendiado la entidad. Hay muchos otros candidatos idóneos para imponer la legalidad ya, empezando por aquellos que desde su posición de funcionarios públicos han presuntamente delinquido.
¿El gobierno federal podrá reaccionar rápido y bien? Es ante la emergencia donde veremos si el equipo a cargo de la administración tiene las capacidades para salvar su ambiciosa agenda de reformas.
Se necesitan medidas que recuperen la credibilidad de las instituciones y de quienes las encabezan, lo cual pasa por una renovación de algunos puestos clave. Se debe revisar todo contrato de obra pública que sea motivo de sospecha, sobre todo si está involucrada la empresa propietaria de la casa de la primera dama, hacer públicas y actualizarlas cada año las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios, no sólo la del Presidente, con todos los detalles del caso, no como se presentaron al inicio de la administración como un mero ejercicio de relaciones públicas. También nombrar ya a los fiscales especiales en materia de corrupción y de delitos electorales, y que sean gente de gran prestigio, íntegras y con todo el apoyo político del Ejecutivo y del Senado.
En materia de seguridad hay que hacer responsables a los gobernadores que no están haciendo lo suficiente al respecto y entrarle de fondo al fortalecimiento de policías, ministerios públicos y jueces. Un grupo de mexicanos residentes en el Reino Unido ha hecho una interesante propuesta que se encuentre en el siguiente link: https://issuu.com/propuestamx/docs/propuestafinal/1?e=0. Hay que hacerlo asegurando el respeto de los derechos humanos, empezando por los de los policías y soldados, quienes son la primera contención contra el crimen organizado, y a quienes no les damos, ni cuando hacen su trabajo bien, el apoyo que se merecen.
*Profesor-investigador del CIDE
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