Guarden el hueso
La CNDH ya dejó de cumplir su función. Estamos ante la peor emergencia de derechos humanos de esta administración y la CNDH se encuentra fuera de la jugada, al igual que lo ha estado a lo largo de los últimos años....
El hueso está en disputa. Es un hueso carnoso y jugoso. Se trata de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Su presupuesto aprobado para este año asciende a mil 400 millones de pesos, permite el control de una burocracia de 810 miembros y un gasto, sólo para su presidencia, de 12 millones. El hueso hace posible, por citar algunas de las prebendas de su titular: choferes (no queda claro en su página de internet cuántos), cinco asesores y 36 viajes durante su gestión con todos los gastos pagados y que representaron ausentarse del país durante 87 días.
Se trata de un puesto con mucho poder al interior de la organización. Este órgano constitucionalmente autónomo no cuenta con consejeros con sueldo y de tiempo completo que puedan limitar con su voto en un órgano colegiado las ocurrencias de su presidente, como sí sucede en el caso del INE y de otros órganos autónomos.
Al Senado le corresponde decidir por una votación de dos tercios si le renuevan el hueso al titular actual o se lo dejan roer a alguien más. Se inscribieron 39 candidatos en su búsqueda y 21 cumplieron con los requisitos.
No es momento de repartir este hueso. Hay que guardarlo en el congelador. La CNDH ya dejó de cumplir su función. Estamos ante la peor emergencia de derechos humanos de esta administración y la CNDH se encuentra fuera de la jugada, al igual que lo ha estado a lo largo de los últimos años.
El acribillamiento en Tlatlaya de 15 presuntos criminales por parte del Ejército es una prueba de ello. La reacción de la CNDH fue emitir un informe muy limitado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la actuación de la CNDH como tardía e insuficiente.
En la búsqueda de los 43 normalistas desparecidos en Ayotzinapa se encontraron ya por lo menos 38 cadáveres, pero aparentemente corresponden a otros individuos asesinados. ¿Dónde estaba la CNDH mientras esto sucedía? ¿Ninguno de los familiares de los desaparecidos pensó que era buena idea buscar su ayuda? Si éste fue el caso, mostraría que la CNDH no tiene la presencia o la legitimidad como para que la gente acuda a ella. ¿O se presentaron ante la CNDH, pero no hubo respuesta? Esto mostraría su inutilidad.
La CNDH emite recomendaciones, pero no es obligatorio cumplirlas. Debido a que su fuerza es moral, depende únicamente de su legitimidad, y ésta se ha ido erosionando. Para colmo, ni siquiera hace muchas recomendaciones. En 2013 hubo nueve mil ocho quejas ciudadanas clasificadas como posibles violaciones a los derechos humanos y que ameritaban el inicio de una investigación. Sólo 86 generaron alguna recomendación y sólo una fue plenamente acatada por la autoridad.
“Primero el programa, después el hombre”, dijo en el año 1975 Jesús Reyes Heroles. Hagamos lo mismo. Es momento de replantearnos para qué sirve la CNDH. Hagámoslo antes de nombrar a su titular.
En un artículo intitulado “¿Qué hacer con la CNDH? De las recomendaciones a la defensa efectiva de los más pobres”, el cual aparecerá en el número de noviembre de la revista Nexos, mi colega Ana Laura Magaloni y yo hemos propuesto un camino posible: transformar la CNDH en un organismo responsable de ser el defensor de oficio de quienes no pueden pagar un abogado. Esto en dos materias principalmente, penal y violaciones a derechos humanos. Hoy quienes pueden pagar, se pueden proteger con una sentencia de amparo, los pobres sólo tienen acceso, si acaso, a una queja ante la Comisión. Esta nueva CNDH sería la encargada de ampliar el acceso a la justicia de los mexicanos con menos recursos.
Se podría incorporar en la CNDH al actual Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura y con un presupuesto miserable, un poco más de 15 millones de pesos, y replicar esto a nivel de las entidades federativas. Así, las comisiones de derechos humanos podrán dejar de ser meros órganos que sólo declaran violaciones de los derechos humanos y convertirse en instituciones mucho más proactivas cuya principal tarea sea garantizar el acceso a la justicia de quienes no cuentan con los recursos para contratar un abogado.
Las actuales comisiones de derechos humanos pueden ser un buen vehículo institucional para este propósito. Ya cuentan con mucho presupuesto y una amplia planta de abogados. Con ello el costo de crear o fusionar en ellas defensorías públicas disminuye sustancialmente. Sobre todo porque hoy —en un contexto de recurrentes violaciones a los derechos humanos— las comisiones hacen muchas tareas no prioritarias que pueden ser eliminadas sin mayor costo para la sociedad, como dar cursos y publicar libros conmemorativos. Las comisiones de derechos humanos, además, ya son órganos constitucionales autónomos. Una defensoría pública digna de ese nombre necesita ser un órgano autónomo. Ello permite que ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo sean juez y parte.
Si seguimos con el actual proceso de elección de titular de la CNDH, en el peor de los mundos elegiremos un candidato cuyo objetivo central sea el hueso. Es decir, dinero tirado a la basura. En el mejor de los casos, tendremos un nuevo titular cuyo objetivo sea ayudar a enfrentar esta crisis de derechos humanos. Sin embargo, no tendrá los instrumentos para hacer realmente la diferencia. Esa institución no tiene las atribuciones jurídicas ni la potencia política para lograrlo. Es el momento de diseñar un auto más potente y luego escoger a su conductor.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom