La leva en el siglo XXI
Quienes más sufrenson los más pobres. Estos sólo importan a la hora de votar. Se sabe que su voto suele ser comprable, independientemente de la gestión del gobierno en turno. Por eso los partidos se alían con quien sepa comprar votos. Todos lo hacen. Y si se requiere el apoyo del crimen organizado, se solicita...
Hombres armados detienen un autobús en una carretera. Seleccionan a los jóvenes a quienes les ven potencial. Por la fuerza se los llevan para entrenarlos como sicarios. Bienvenidos a la leva en pleno siglo XXI.
Sucede sobre todo en Tamaulipas, aunque estrategias de reclutamiento forzoso existen en el resto de México y con mayor virulencia en Centroamérica. No es un problema nuevo. En 2011 se descubrió una fosa clandestina con casi 200 cadáveres; se cree que unas 122 de esas personas habían sido secuestradas en autobuses, muchas de ellas eran migrantes. Aparentemente se negaron a incorporarse como sicarios.
Hace dos semanas reapareció públicamente el problema. En México la noticia se apagó pronto. Contrasta con la noticia de los secuestros en Valle de Bravo, que duró más tiempo. Una semana después emergió en la primera plana de El País. En España sí se espantaron. En cambio, en México creemos que “les estamos ganando el terreno” a los grupos criminales, pues ya no logran reclutar voluntarios, según el comandante de la Policía Federal, Luis Norberto Montoya, entrevistado por ese diario (https://goo.gl/45lBSS).
Estas atrocidades suceden porque no hay sanción. Los familiares de las víctimas no tienen a quién acudir. A las policías locales o no les importa o están coludidas con los criminales responsables de la leva. Según información oficial existen 12 mil 532 personas desaparecidas, aunque hay un debate sobre si no se está subreportando la cifra real. En todo caso no se sabe cuántos de los desparecidos fueron reclutados por el crimen.
Ante esta impunidad parece tener sentido, sobre todo para un joven, formar parte de algún grupo organizado, criminal o no, para obtener alguna protección. Lo más común es ser miembro de una pandilla, pero también sirve ser estudiante de una escuela normal. Lo que sea para encontrar espacios de poder y tratar de defenderse de otros grupos organizados, incluidas las propias policías, que son muchas veces fuente de violencia arbitraria, incluso contratadas por el propio crimen organizado, como parece que fue en el caso de estudiantes asesinados en la ciudad de Iguala, en Guerrero.
Esta leva es peor que la del siglo XIX. Entonces había una ley, injusta, pero ley. Ésta le permitía al gobierno reclutar por la fuerza a los “vagos”. Estos, según, un bando de 1845, eran definidos como todo hombre “sano y vigoroso” que no ejerciera oficio alguno, incluyendo a quien se dedicara al juego y a las apuestas (https://goo.gl/8JRYw7). Con todo, contra la autoridad se podía buscar la protección de la justicia. Entre 1872 y 1914 hubo 12 mil 557 amparos contra la leva, según Mario Ramírez Rancaño (ver: https://goo.gl/Q2dDPM), ya que el ejército violaba el Artículo 5 de la Constitución de 1857 que estipulaba: “Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”.
Ahora son los grupos criminales los responsables de la leva y es sólo una de las muestras de la fragilidad del Estado mexicano. Casi cualquiera hoy puede ser asesinado, como le pasó en Guadalajara al diputado por el PRI Gabriel Gómez Michel o en Acapulco al secretario general del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza.
Como siempre, quienes más sufren son los más pobres. Estos sólo importan a la hora de votar. Se sabe que su voto suele ser comprable, independientemente de la gestión del gobierno en turno. Por eso los partidos se alían con quien sepa comprar votos. Todos lo hacen. Y si se requiere el apoyo del crimen organizado para ganar la elección, se solicita, como se vio en los videos de La Tuta en apoyo al candidato del PRI a gobernador del estado de Michoacán.
El gobierno federal, en boca del secretario de Gobernación, parece satisfecho con cierta mejora en los indicadores de seguridad, como la caída en los homicidios. Hay un debate sobre la veracidad de ese dato y más aún sobre los datos de otros crímenes como la extorsión. No se tiene indicador que permita medir el nivel y la evolución del control que tiene el crimen organizado en amplios espacios del territorio nacional.
Tratar de resolver la problemática asesinando desde el Ejército, como parece sucedió en Tlatlaya, sólo lleva a una espiral de violencia mayor. Detrás de cada muerto hay un familiar o un amigo dolido que tendrá más incentivos para conseguir el poder de matar, para vengarse o para tratar de evitar ser el siguiente asesinado.
Una ventaja que tiene la administración de Peña Nieto es que pertenecen a su partido 21 de los 31 gobernadores. Esto hace más fácil la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, para que esto sea un recurso eficaz se requiere mucho mayor interés en el tema por parte del gobierno federal y alguna señal de que el costo para los gobiernos locales de no actuar o, peor aún, de coludirse con el crimen, es muy alto. Hasta ahora este costo sólo lo ha pagado el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, presionado para renunciar, y su hijo, hoy sujeto a proceso penal desde la cárcel. Pero mientras no se haga nada en aquellos estados como Tamaulipas, donde la leva es una práctica cotidiana y no se finquen cargos y sea claro que el gobierno tiene la voluntad política y las competencias jurídicas para que los políticos omisos o coludidos pasen una larga temporada en la cárcel, no se podrá recuperar el control territorial ni darle mayor seguridad a la población mexicana.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom