Escocia en México
Un referéndum o consulta popularsuele ser un ejercicio para confundir al electorado con una pregunta sobre un tema complicado que sólo permite como respuesta sí o no. Sin embargo, puede ayudar al gobierno a legitimar decisiones.
Tras su derrota en el referéndum que buscaba la independencia de Escocia, Alex Salmond, su premier, ha acusado a David Cameron, primer ministro del Reino Unido, de haber engañado al electorado. Cameron de última hora prometió descentralizar nuevas responsabilidades a Escocia si se votaba por el no. Ahora dice que cumplir su promesa implica descentralizar también obligaciones al miembro más grande del Reino Unido, Inglaterra. Según Salmond, éste es el engaño. De haber ganado el sí, Cameron podría haber acusado a Salmond de mentirle al electorado, pues dijo que era posible la independencia y mantener la libra esterlina en acuerdo con el Reino Unido.
Un referéndum o consulta popular suele ser un ejercicio para confundir al electorado con una pregunta sobre un tema complicado que sólo permite como respuesta sí o no. Sin embargo, puede ayudar al gobierno a legitimar decisiones.
Puede funcionar en comunidades pequeñas, educadas, homogéneas y en temas donde para el electorado es posible estimar de primera mano el impacto de una decisión. También se usa en las grandes cuestiones: ser miembro o no de la Unión Europea, por ejemplo.
La consulta popular a nivel nacional en federaciones grandes como la nuestra, casi no existe. En Estados Unidos no es constitucional a nivel nacional, aunque sí en 24 estados. Brasil ha llevado a cabo un referéndum una sola vez, en 1993 (así estaba estipulado en la Constitución), para elegir su forma de gobierno.
Un primer dilema en materia de consultas es qué se puede preguntar. En España la Constitución impide consultar respecto a la integridad territorial. Habrá quienes piensen que esto es antidemocrático. Sin embargo, ¿los defensores de la democracia directa en México querrían que Campeche pudiera votar por su independencia y quedarse así con el ingreso del petróleo que está frente a sus costas? Nuestra Constitución tampoco permite hacer este tipo de preguntas. También excluye “la restricción de los derechos humanos”, “la materia electoral” y “los ingresos y gastos del Estado”, entre otros. Sería fácil ganar una consulta con la pregunta, ¿usted querría pagar menos impuestos?
En las elecciones de 2015 se pretende usar la consulta popular por primera vez. Creo que las preguntas planteadas por el PRI, el PAN, el PRD y Morena son contrarias a la Constitución. Sospecho que lo saben.
El PRI ha propuesto algo popular: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional?” Pero los temas electorales están excluidos de las consultas. ¿Qué cree que respondería el electorado a la pregunta de quitar o no el financiamiento público a los partidos?
La del PAN es la más populista: “¿Estás de acuerdo en que la LFT establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval?” Pocos saben qué es eso, pero es difícil decir que no a un aumento salarial. Considero que viola la Constitución al tener un claro impacto presupuestal. El gobierno federal es el principal empleador del país.
La del PRD es la más aburrida: “¿Estás de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica, publicado el 20 de diciembre de 2013?” Tampoco me parece constitucional. Tiene un impacto presupuestal, ya que el ingreso del gobierno depende de las expectativas de la producción de petróleo adicional posible por la Reforma Energética, ya que Pemex ha mostrado no poder detener la caída en la producción de crudo. Además, pretende cambiar la Constitución, algo que, a mi juicio, no está permitido en una consulta popular.
La de Morena es similar a la del PRD, pero más vendible: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?” Creo que también tiene los problemas de constitucionalidad de la del PRD.
Contra lo que esperaban muchos de sus defensores, la consulta ciudadana se volvió un acto partidista. Las maquinarias de los partidos juntaron las firmas para mostrar un supuesto apoyo popular. Lo habrían podido hacer no importa para cuál pregunta. Tienen los recursos.
La consulta popular (si el INE valida las firmas juntadas por los partidos) va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, es decir, en manos de 11 abogados. Un reto enorme e injusto, pues los partidos saben de la fragilidad legal de sus consultas y le avientan la pelota a la Corte. Sin importar qué hagan, los ministros pagarán un costo.
Si no las declaran inconstitucionales y alguna propuesta ganara en la consulta, enfrentaríamos un problema. La ley dice que el resultado de una consulta “es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes”. Si hubiera que derogar las reformas energéticas o subir los salarios, ¿cómo se haría, se elaboraría una nueva ley o simplemente seguiríamos con la anterior, se subirían los impuestos para compensar la falta de ingresos petroleros o para poder financiar el costo adicional de los salarios para el gran empleador que es el gobierno? Administrar un sí a la independencia en Escocia podría haber sido más sencillo.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom