Historias de impunidad
Hay críticas frecuentes al comportamientode choferes de peseros y ambulantes, aunque no todas las que deberían. Sin embargo, se critica menos el comportamiento de las privatizaciones que llevan a cabo los más ricos...
Por la salida de mi oficina, en la carretera libre México-Toluca, el Gobierno del Distrito Federal realizó una obra costosa y complicada para ampliarla a tres carriles. También hizo un paradero para el transporte público y así tener un espacio donde bajar y subir pasaje con el fin de no obstruir los carriles de la vialidad, lo cual ocasiona graves bloqueos en la entrada a la Ciudad de México. De nada sirvió. Los autobuses se paran a esperar pasaje un poco antes del paradero, justo donde la carretera vuelve a tener dos carriles, porque el gobierno capitalino hizo el acceso a una colonia residencial aledaña, generando el previsible caos. A todos nos enojan estos choferes que no respetan el Reglamento de Tránsito sin que nadie haga nada.
Un poco más abajo, entrando a Paseo de la Reforma, los cinco carriles diseñados para evitar congestionamientos se vuelven a estrechar. Los culpables ahora son los choferes privados que esperan a sus patrones que fueron a los edificios cercanos, sobre todo a una clínica médica privada. Ni modo de usar el estacionamiento del edificio. Para eso se tiene chofer. El resto de la población se tiene que tragar su enojo.
Los ambulantes se apropian de cuanta esquina pueden. Los más ricos cierran el paso a cualquier calle por medio de plumas y casetas de vigilancia o suben sus autos a las banquetas. Muchas veces, para no tener la “lata” de abrir el portón y estacionar el carro adentro, aunque bloqueen el paso al peatón.
Hay críticas frecuentes al comportamiento de choferes de peseros y ambulantes, aunque no todas las que deberían. Sin embargo, se critica menos el comportamiento de las privatizaciones que llevan a cabo los más ricos.
No creo que sea casualidad. Quienes deciden qué se publica en México (y muchos de los articulistas más famosos) o tienen chofer o aspiran a tener uno.
Los choferes no sólo estorban mientras esperan al patrón, sino que permiten resolver muchos de los problemas derivados de la mala calidad de los servicios públicos y la infinidad de trámites que exige el gobierno, como obtener la tarjeta de circulación con chip para el auto. Si este trámite lo tuvieran que hacer personalmente los poderosos, habría muchas y ruidosas quejas sobre la ineficacia de la burocracia para administrar las reglas que nos imponen. Los choferes también ayudan con todos esos servicios privados que requieren muchos trámites o largas colas. Contratar un servicio de internet es fácil, salirse de él requiere un chofer o mucho tiempo y paciencia. Como todos los funcionarios importantes tienen chofer, no se dan cuenta de la mala calidad de servicios públicos y privados.
Mentí. No tienen un chofer. Tienen varios. Un trabajo pendiente es hacer un censo del número total de choferes al servicio de los funcionarios públicos federales y estatales. Nos sorprendería. ¡Sólo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF tiene cuatro!
Los perdedores de este arreglo son quienes no tienen el dinero para contratar un chofer o poder torcer el derecho para usarlo a su favor, así como los millones de pobres que no están incorporados a un sistema corporativo de representación de intereses, desde una ruta de peseros hasta una organización de vendedores ambulantes.
Estas organizaciones no sólo tienen el poder para corromper inspectores o simplemente desafiarlos por la vía de los hechos. Utilizan también el Estado de derecho, por ejemplo, a través de un amparo, para dificultar las acciones del gobierno cuando éste, milagrosamente, decide actuar.
Sin Estado de derecho efectivo, pero sin el poder para violar aquellas reglas que les estorban, se encuentran millones de mexicanos, la gran mayoría pobres, pero muchos también de clase media. Los más pobres son extorsionados con enorme frecuencia por las propias autoridades. Las clases medias, o una parte de ellas, simplemente pagan sus impuestos sin recibir gran cosa a cambio.
Cuando algún medio de comunicación critica la debilidad del Estado de derecho normalmente usa el ejemplo de un abuso de un grupo organizado de gente de pocos recursos. Salvo en los casos de obvia impunidad de presuntos delincuentes de alto poder económico, como el reciente caso de Amado Yáñez de la empresa Oceanografía, tan dulcemente tratado por la PGR, los medios de comunicación no suelen preocuparse sobre los abusos sistemáticos de quienes tienen más dinero.
Si no somos capaces de salir de este equilibrio tan perverso en el cual quien tiene algún tipo de poder está al margen del Estado de derecho, no hay forma de abrir el país a la creatividad de millones de mexicanos atrapados entre la ineficacia del Estado y el poder de los pudientes y de los bien organizados. Hacerlo requiere voluntad política para enfrentar primero los abusos de los más ricos. Sólo así se podrá ir legitimando el derecho. Sólo así se podrá tener la justificación para enfrentar abusos de grupos organizados como el ambulantaje. Estos, no hay que olvidarlo, al vender en las calles sin haber pagado renta por su uso ni pagar impuestos ni cuotas de seguridad social, por lo menos abaratan servicios a los mexicanos más pobres quienes no podrían pagar el precio de muchos de los bienes que se venden en la economía formal. Se tiene que empezar desde arriba, idealmente desde los más grandes abusivos que suelen ser miembros de la clase política.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom