Los resquicios del derecho
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal sólo reforma rápido las reglas más absurdas, como poner chips a mascotas o prohibir animales en el circo…, o las que les afectan directamente, como las electorales. El cobro de agua no está entre sus prioridades...
Grandes consumidores de agua en la Ciudad de México han encontrado una vía legal para no pagar por ella: reclamar que es un derecho y que, por lo tanto, no puede ser cobrado de la forma en la que se ha hecho tradicionalmente. Unos astutos abogados descubrieron que, dada la figura jurídica con la que se creó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), este organismo no puede cobrar el agua como si fuera un servicio, sino como lo que es, un derecho. Esto implica que el SACM debería “mandar una determinante de crédito, que se hacen a mano, una por una, lo que no es práctico”. Si el SACM no lo hace así, un consumidor puede, a través de un Juicio de Nulidad, evitar el pago del agua.
Esto sucede porque así lo decidieron los jueces. El Poder Judicial del Distrito Federal, responsable de esta determinación, podría haber optado por pedir una nueva forma de pago, y no simplemente anular el cobro. Sin embargo, como les suele faltar el mínimo sentido común (o quizás tienen compromisos con estos abogados), han optado por anular el pago. Cerca de 500 grandes consumidores de agua en la ciudad lograron no pagar durante 2013 unos 100 millones de pesos (https://goo.gl/bqLwx9).
Hay una solución posible: que la ALDF cambiara las reglas y evitara con esto el abuso de ciertos grandes consumidores de agua. Sin embargo, la ALDF sólo reforma rápido las reglas más absurdas, como poner chips a mascotas o prohibir animales en el circo…, o las que les afectan directamente, como las electorales. El cobro de agua no está entre sus prioridades.
Mientras la ALDF se pone de acuerdo y cambia la ley, grandes consumidores oportunistas se ahorrarán el pago del agua. El SACM, en lugar de mejorar el servicio, se la pasará litigando. Todo por un descuido del Legislativo y esta pasión por hacer de todo un derecho. Esto da para conmovedores comerciales del Poder Legislativo, y quizá les dé esperanzas a los más pobres, aunque sólo suele abrir el resquicio a las triquiñuelas legaloides de quienes pueden pagar un buen abogado.
Además de la falta de sentido común del Poder Judicial y del descuido de la ALDF, el problema de fondo es cuándo y cómo se pueden proveer derechos y en qué casos se puede cobrar algo por ellos. Una moda fácil para los legisladores es otorgar más derechos a cambio de nada. Es muy popular. Nadie quiere protestar en contra de tanta supuesta generosidad.
Sin embargo, los derechos efectivos siempre cuestan. Un derecho en el que no se invierten recursos públicos para hacerlo cumplir con la construcción de una burocracia responsable de administrar ese nuevo derecho es mera retórica. Aunque hay que advertirlo: el hecho de gastar en la burocracia tampoco garantiza nada.
Ahora bien, cuando sí se gastan recursos públicos para proveer algún derecho gratuito siempre hay que preguntarse a quién beneficia. Sirva como ejemplo un principio de nuestro marco constitucional. En su artículo 17 se estipula que el sistema de justicia “será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
Se oye muy bonito. Sin embargo, en la práctica esto ha implicado que a las grandes empresas no se le pueden cobrar los costos de sus litigios y son éstas quienes más usan y más se benefician de un caro Poder Judicial. Éste a nivel federal nos costó en 2013 más de 35 mil millones de pesos. Un poco más que los 34 mil millones erogados en el programa Oportunidades, sin incluir los gastos operativos del programa, sólo lo que les llega a los beneficiarios.
Una empresa con recursos puede inundar el sistema judicial con amparos, la mayor parte de éstos los puede perder sin incurrir en costo alguno por el uso del mismo, salvo lo que le pague a sus propios abogados. Con un amparo que logre ganar puede pasar a la siguiente instancia, tratando de abrir un resquicio para proteger sus intereses.
En otros países, como en España, sí se cobran, en general al perdedor (aunque no al Estado cuando es una de las partes involucradas), una proporción de las costas judiciales, incluido un pago por lo que le costó al Estado usar al procurador. En México hay todo un mercado negro de pagos de servicios judiciales, desde una fotocopia de un peritaje hasta el expediente completo. Sin embargo, se encuentran fuera de la ley y son una ventaja adicional para quien lo puede pagar.
Un ejemplo más reciente de la “generosidad” de nuestros legisladores, y que aún no sabemos cómo va a funcionar, es la estipulación por parte de nuestros legisladores de que la internet es un derecho. La reforma constitucional en la materia del año pasado dice: “… El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”. ¿Veremos ahora litigios para obligar a las empresas privadas a proveer ese derecho sin costo?
No sabemos. Lo que sí es evidente es que esta estrategia de poner en la Constitución todos los derechos, como si fuéramos un país tipo Suecia, no está funcionando. Pareciera mejor ir por pasos. Por ejemplo, asegurar que no se maltraten niños antes de legislar sobre animales en el circo. Tener resuelto el problema de seguridad, antes de hacer del internet un derecho.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom