La comodidad de la corrupción

Durante la firma del Pacto, la oposición creía que nuevos instrumentos anticorrupción les servirían para amarrarle las manos al PRI. Sin embargo, a la hora de implementarlos pareciera que muchos han objetado que estas leyes les amarren las manos a todos.

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Carlos Elizondo Mayer-Serra 12/06/2014 01:42
La comodidad de la corrupción

El PAN sabe que una vez concluida la votación de la Reforma Energética su capacidad para impulsar otros temas de la agenda disminuirá drásticamente. Por ello, condicionaron su voto en la Reforma Energética a la aprobación de las leyes electorales locales por parte de aquellos congresos estatales que no las han actualizado conforme a las nuevas reglas constitucionales en la materia. Es revelador que no han presionado en el mismo sentido para desatorar un tema central del Pacto por México y del que estaban muy orgullosos: la construcción de nuevas instituciones contra la corrupción.

El PRD es intransigente cuando algo ofende su visión de los intereses del país y moviliza a sus bases o toma la tribuna para tratar de evitarlo. Están muy enojados de que se vote la Reforma Energética durante el Mundial de Futbol, pero no parece importarles que las reformas en materia de corrupción no se concreten.

Fue el PRI, previo al Pacto, quien introdujo la agenda anticorrupción cuando Enrique Peña Nieto era todavía Presidente electo y había muchas dudas entre la ciudadanía sobre lo que significaba el regreso del PRI a la Presidencia. La propuesta de una Comisión Anticorrupción con facultades penales era muy ambiciosa. Tampoco parecen consternados porque esta reforma no se haya concluido.

El compromiso 85 del Pacto era muy claro. Estipulaba la creación de “un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una comisión nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE”.

Si bien, como parte de la Reforma Política se creó una Fiscalía Anticorrupción, dentro de la PGR, no se ha avanzado en la ley secundaria de ésta. Por su parte, la Comisión Anticorrupción quedó limitada sólo en materia administrativa y aún se encuentra en la Cámara de Senadores esperando su ratificación.

Nadie parece tampoco muy preocupado en regular el desafuero, el compromiso 92 del Pacto. La iniciativa en la materia fue aprobada por la Cámara de Diputados y en ella se sustituye el término fuero por el concepto de inmunidad. Con la reforma, los legisladores federales y locales no podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por sus opiniones, pero sí, como todos los funcionarios públicos, ser sujetos de un proceso penal. Sólo el Presidente mantendría el fuero. Sería un avance importante. El Senado envió la minuta, la Cámara de Diputados hizo dos modificaciones y la regresó al Senado para su discusión y eventual ratificación... Ahí se quedó atorada.

Sirva como contraste que en Gran Bretaña no sólo no hay fuero, sino que actualmente una reforma en debate es la pérdida en automático del escaño para cualquier miembro del Parlamento que tenga una sentencia que implique más de 12 meses de cárcel. No hay temor de que la justicia esté politizada, pero además no podrían defender ante la sociedad el tener fuero. Es una democracia que parte del principio de que todos son iguales ante la ley.

Incluso en materia de transparencia, el compromiso adicional 11 del Pacto, donde se ha avanzado un poco más, con la creación de un IFAI constitucionalmente autónomo que conocerá de asuntos no sólo federales sino también locales y con el nombramiento de los nuevos consejeros, falta la ley secundaria, la cual se encuentra atorada en la Cámara de Diputados. Mientras, en dicha cámara se siguen creando fondos para gasto clientelar muy poco transparente, como los diez millones de pesos por diputado que se les asignó como parte del compromiso presupuestal para 2014.

Los legisladores se concentraron en las reformas que afectan a terceros, ya sean grandes empresarios, el SNTE o incluso a los gobernadores respecto al control de las elecciones locales. Dejaron para después las que les afectan a ellos.

Durante la firma del Pacto, la oposición creía que nuevos instrumentos anticorrupción les servirían para amarrarle las manos al PRI. Sin embargo, a la hora de implementarlos pareciera que muchos han objetado que estas leyes les amarren las manos a todos. Los partidos de oposición son gobierno en algún lado. Todos parecen, en el fondo, estar cómodos en la impunidad en la que viven.

La falta de concreción en las reformas en materia de lucha contra la corrupción no sólo está abonando a un desprestigio creciente de nuestra clase política, sino que hará muy difícil aterrizar el proyecto de modernización que está detrás de la gran mayoría de las reformas. Por ejemplo, que bueno que se pretenden hacer transparentes las licitaciones que hará el Estado del territorio nacional en materia energética, pero si esto no viene acompañado de instrumentos para sancionar la corrupción se pueden quedar en puras buenas intenciones. Ya en el pasado, en el sexenio del presidente Salinas, tratamos de modernizar el país sin enfrentar la corrupción. Terminó en fracaso y en una gran decepción ciudadana.

                *Profesor investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

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