Tratar al gobierno como contribuyente

El régimen ya nos mostró cuán ambicioso es a la hora de usar los recursos informáticos con fines de control sobre los contribuyentes. Ahora es el momento de usar estos mismos instrumentos para evitar escándalos como los de la nómina magisterial...

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Carlos Elizondo Mayer-Serra 29/05/2014 04:22
Tratar al gobierno como contribuyente

Para ser contribuyente hoy no basta con querer pagar impuestos. Hay que hacer toda una serie de trámites engorrosos para lograrlo. El más complicado es sacar la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para lo cual se necesita ir personalmente al SAT, si es que se consigue una cita.

La FIEL es una cédula de identificación con datos biométricos. Ésta le permite a la autoridad evitar registrar fiscalmente sólo una vez a cada persona. México, según la revista The Economist es, además, uno de los países más avanzados en el desarrollo de una factura electrónica casi universal con fines de control de todos los movimientos de los contribuyentes.

Hay algo alarmante de imaginarse toda esa información en manos de un gobierno que aún no demuestra que no la usará con fines políticos ni que tiene los controles para evitar que caiga en manos de terceros. Sin embargo, me parece un paso importante para que todos contribuyan con su parte.

Bueno, no todos. Sólo quienes pagamos impuestos. Quedan fuera de estas reglas los informales que no se registran ante la autoridad y la gigantesca nómina del gobierno.

Hace un par de semanas el Instituto Mexicano para la Competitividad  (Imco), institución de la cual soy consejero, tuvo el acierto de digitalizar la base de datos proveniente del censo de maestros levantado el año pasado con el fin de tratar de encontrar anomalías en la nómina magisterial. El Imco encontró todo tipo de escándalos. Maestros que cobran más que el presidente Peña Nieto, sueldos altísimos de maestros que nacieron a principios del siglo XX, y otras muchas irregularidades. La respuesta del subsecretario de Educación, tratando de justificar los excesos —en un mensaje de breves minutos, sin espacio para preguntas—, generó aún más suspicacia.

De hecho, el problema es mucho mayor. Con los datos que analiza el Imco no se puede saber si quienes cobran realmente existen o bien, si van a trabajar. Peor aún, el problema de salarios excesivos y todo tipo de irregularidades no sólo se encuentra en el sistema educativo. Debe haber irregularidades similares en buena parte del gobierno federal, estatal, local y en las empresas paraestatales.

El gobierno ya nos mostró cuán ambicioso es a la hora de usar los recursos informáticos con fines de control sobre los contribuyentes. Ahora es el momento de usar estos mismos instrumentos para evitar escándalos como los de la nómina magisterial. Basta tratar a los maestros y a cualquier ciudadano que pretenda cobrar un salario o un honorario del gobierno de la misma forma como se trata a los contribuyentes: exigiéndoles una cédula de identidad con datos biométricos a cambio de su pago. Una medida como ésta ordenaría la nómina pública de forma radical, sobre todo si la información se hiciera pública.

Saldrían muchas sorpresas. Un ejemplo acontecido en Brasil hace varios años es ilustrativo. Una compañía extranjera que compró una empresa eléctrica propiedad del gobierno brasileño sabía que tenía que despedir a por lo menos la mitad de los trabajadores para hacerla rentable. Temían un fuerte conflicto con los obreros afectados. No hubo tal. Más de la mitad de la nómina eran aviadores que sólo cobraban y nunca se presentaban. Seguramente tenían trabajos en otros lados y optaron por no hacer escándalo. No les fueran a pedir de regreso los años de cobro sin trabajar.

Una cédula de identificación con datos biométricos debería también ser obligatoria para cualquier individuo que cobre un subsidio (Oportunidades, Seguro Popular, Procampo, becas, etcétera…). Evitaría duplicidades y permitiría acumular los ingresos de todos los que reciben apoyos públicos. Idealmente se debería exigir a todo mexicano. Sería un gran avance en el objetivo de formalizar la economía y daría certidumbre a todo tipo de transacciones (desde un crédito hasta la contratación de un empleado) dado que, bien hecha, no sería falsificable, como sucede con la credencial electoral del IFE que ahora será emitida por el INE.

La India, un país mucho más pobre que el nuestro, se ha movido en ese sentido a través de la Unique Identity Authority of India (UIDA). Ésta ya tiene la información de más de 500 millones de personas (huellas digitales, imágenes de iris y fotografías del rostro). Con esto cualquiera puede acceder a los servicios públicos que le corresponden. Basta su dedo y su ojo.

Pero habría que ir más allá. Se requiere también el equivalente de la factura electrónica en materia de cada gasto del gobierno, desde asesorías hasta grandes obras de infraestructura. Cualquier ciudadano debería tener fácil acceso a esta información en medios digitales. Así los ciudadanos podríamos monitorear posibles abusos en el gasto público de la misma forma que el SAT puede ver si nosotros abusamos fiscalmente en los nuestros.

Ambas medidas son de elemental justicia. Es increíble que al contribuyente se le pidan datos biométricos y quien cobra un salario financiado con los impuestos de los mexicanos no esté obligado a ello. Es inaceptable que el gobierno sepa más de nuestros gastos que nosotros de los gastos del gobierno. Es urgente revertir esta asimetría.

        *Profesor investigador del CIDE

        elizondoms@yahoo.com.mx

            Twitter: @carloselizondom

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