Sobornar magistrados

Flavio Galván Rivera defiende su nueva pensión vitalicia: “Es una garantía para la sociedad. Es garantía de profesionalismo, de imparcialidad y objetividad”. Como hasta ahora los magistrados no han tenido una pensión, se desprende que no han cumplido con esos atributos. A confesión de partes, relevo de pruebas.

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Carlos Elizondo Mayer-Serra 22/05/2014 01:36
Sobornar magistrados

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, defiende su nueva pensión vitalicia de forma reveladora: “Es una garantía para la sociedad. Es garantía de profesionalismo, de imparcialidad y objetividad”, (http://goo.gl/bt7MYP). Como hasta ahora los magistrados no han tenido una pensión, se desprende que no han cumplido con esos atributos. A confesión de partes, relevo de pruebas. Nos están pidiendo a los contribuyentes que los sobornemos con la promesa de una muy generosa pensión para que hagan correctamente su trabajo.

La clase política mexicana ha construido un oneroso y pesado aparato, similar en nivel salarial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como sistema judicial privilegiado para que puedan dirimir sus conflictos en torno a la lucha por el poder. Como muchos de los políticos son unos tramposos, y ellos lo saben, han buscado solucionar el problema con un sistema judicial VIP sólo para sus pleitos.

No conozco un aparato de justicia electoral en el mundo tan caro como el nuestro. Sólo a nivel federal nos costó el año pasado más de dos mil 200 millones de pesos. El Poder Judicial del Estado de México, el que está a cargo de todos los conflictos jurídicos locales de la entidad, que son la gran mayoría de los problemas, siendo la entidad más poblada del país, cuesta dos mil 600 millones.

El TEPJF tiene un ejército de mil 141 asalariados muy bien pagados. Su presidente le cuesta al año al contribuyente mexicano seis millones 300 mil pesos, igual que el presidente de la SCJN. Esto equivale a poco más de un millón 400 mil desayunos escolares (http://goo.gl/0eWqZ3). Un magistrado electoral nos cuesta cuatro millones 200 mil pesos al año, igual que un ministro de la Suprema Corte.  Es ridículo que tengan el mismo ingreso mensual los magistrados que los ministros. A los magistrados sólo les faltaba  la pensión vitalicia para tener los mismos ingresos reales que sus contrapartes.

Como parte de la reforma político-electoral aprobada, la coalición PRI-PVEM abrió la puerta a la pensión vitalicia a los magistrados, pero sin un debate de si se justifica o no, con el oscuro término de “haber de retiro”. Si realmente no es la ruta para una pensión vitalicia, que reformen la ley a la brevedad para que no quede duda de que los magistrados electorales no tienen ese derecho. No hacerlo es seguir desprestigiando los procesos electorales y a los partidos políticos.

El escándalo en torno a las jugosas pensiones tiene una ventaja. Permite discutir si los altos sueldos y buenas pensiones que tienen los miembros del Poder Judicial se justifican.

La reforma de 1995, que logró la independencia del Poder Judicial, hizo posible una buena remuneración a sus miembros. Por ejemplo, un magistrado de un tribunal colegiado tiene ingresos netos mensuales de 183 mil pesos. El monto preciso de la pensión de los ministros de la SCJN, las mejores sin duda del sector público, no se encuentra disponible en su propia página de internet. Sin embargo, según una nota de La Jornada, las pensiones mensuales vitalicias de los ministros retirados oscilan entre “212 mil 34 o 261 mil 908 pesos” (no se aclara si antes o después de impuestos) más tener a su servicio a “cinco trabajadores, que son pagados por el máximo tribunal, así como gastos de alimentación, que llegan a superar 134 mil pesos anuales” (http://goo.gl/KwvtCu).

No hay forma de evaluar si los ministros cumplieron a cabalidad su trabajo y si merecen su pensión. Sin embargo, en todo caso, esta tendría que otorgarse con la condición de que no volvieran a trabajar nunca. Si algo justifica esa generosa pensión es garantizar a los ministros autonomía para no quedar sujetos a las presiones de los intereses poderosos de quienes podrían emplearlos en el futuro. Pero, en la realidad, más de un ministro pensionado se dedica al litigio, aprovechando la influencia dentro del Poder Judicial que adquirieron en su puesto de la Corte. En caso de que los exministros trabajen posterior a su retiro, se les debe retirar la pensión.

Lo más grave es que los controles para determinar si los miembros del Poder Judicial son honestos e imparciales, lo cual justificaría sus altos ingresos, no parecen estar funcionando. Para preservar su independencia como poder autónomo, esto le compete al Consejo de la Judicatura, al igual que el nombramiento y promoción de todos los jueces federales. Esto último en otros países lo hace el Poder Legislativo.

Da la impresión de que la Judicatura entiende como su principal tarea el proteger a los miembros del Poder Judicial de la crítica externa. Sólo así se entiende que haya tantas sospechas de mala actuación que no llegan a nada. Incluso en casos donde hay suficiente evidencia de comportamiento incorrecto, como en el escandaloso caso de los magistrados vinculados a los casinos de Rojas Cardona, la Judicatura tardó mucho tiempo en reaccionar. Hay otros temas vinculados con la imparcialidad que no se conocen ni discuten, como la red de parientes que se ha construido al interior del Poder Judicial.

Se les debe pagar bien a jueces, magistrados y ministros para disminuir la tentación al soborno. Sin embargo, se necesitan controles mucho más sólidos para asegurar que no haya redes de corrupción y de intercambio de favores a pesar de sus buenos salarios. Para eso se necesita una suerte de “oficina de asuntos internos” de la Judicatura, con enorme poder para castigar con mucho mayor contundencia y celeridad de lo que se hace actualmente a quienes abusen de su posición como impartidores de justicia.

                *Profesor investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

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