Para sentirse bien

Para tener un mejor Estado se requiere más administración y menos reformas legales. Es decir, mucho trabajo diario para hacer más efectiva la burocracia, imponiendo controles, confrontando a todos aquellos interesados en que las cosas no cambien...

COMPARTIR 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 24/04/2014 01:29
Para sentirse bien

México, junto con otros diez países de la región, ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abolir la pena capital en el continente americano. Uno se siente bien de vivir en un país con tan altas aspiraciones morales. Lástima que sea sólo para consumo externo. En México sigue vigente la pena capital. No legalmente. Sí en la práctica.

Según la consultaría en temas de seguridad Lantia, en 2013 hubo 11 mil 274 homicidios vinculados con el crimen organizado. La mayoría fueron ocasionados por pleitos entre bandas delictivas o perpetrados como castigo contra quienes no cumplieron una exigencia, como pagar una extorsión. En ese mundo dominante en muchos lugares del país, la desobediencia y las diferencias se resuelven con una suerte de pena de muerte. La puede sufrir casi cualquiera a manos de todo tipo de criminales. Los fallecidos en aquellos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno federal y los delincuentes, que terminan con decenas de presuntos delincuentes acribillados y sólo unos cuantos heridos del lado gubernamental también parecen ser una suerte de pena de muerte. No sólo no hay averiguaciones previas en la mayoría de los homicidios vinculados al crimen organizado, sino que de los casi mil 300 cadáveres encontrados en fosas comunes de 2006 a 2013, según un reportaje de Excélsior, sólo se han identificado 142 cuerpos. Sirva como contexto que Estados Unidos, el único país desarrollado en el que aún sigue vigente la bárbara e injusta práctica de matar legalmente, se ha utilizado en poco más de mil 900 veces desde que se restableció en 1976. 

Con el mismo ánimo declarativo, nuestros legisladores, empachados de tantas reformas que no han logrado concluir, se dieron tiempo para aprobar esta semana en la Cámara de Senadores el llevar las penas por secuestro a entre 40 y 80 años de prisión. En el código penal vigente hoy el homicidio doloso tiene una condena de entre 30 y 60 años. Con la reforma, un secuestro llevará a una mayor sanción que el homicidio. No crean, sin embargo, que nuestros legisladores no piensan en todo. Para no incentivar a matar al secuestrado, este delito conllevaría una pena de entre 80 y 140 años.

Sin embargo, la epidemia de secuestros que se vive en el país no es un resultado de que las sanciones sean poco severas. En España, donde el homicidio doloso tiene una pena de 15 a 20 años y el secuestro se castiga con una pena de 6 a 10 años, casi no hay secuestros. El secuestro no es un negocio cuando la policía funciona.

El año pasado en México fueron denunciados sólo mil 699 secuestros. La cifra negra en este delito, es decir, los no denunciados, es de 98.8%, según la ONG México Unido Contra la Delincuencia. Lo de menos es incrementar las penas si la ciudadanía no denuncia dada la poca confianza que tiene en la autoridad.

Lo bueno es que ahora los senadores podrán pagar anuncios, con recursos públicos, para presumir su supuesta vocación y eficacia contra el crimen, porque lograron modificar una ley. Lo peor es que la opinión pública parece sentirse bien con estos desplantes legislativos de supuesta mano dura.

Con tanto amor por la retórica, tanto en política exterior como en nuestro Poder Legislativo, perdemos de vista lo importante: la necesidad de un Estado eficaz. El siguiente ejemplo, de no ser tan preocupante, pasaría por un mal chiste. Según un reportaje de El Universal, en los últimos siete años le fueron robados a la PGR 214 vehículos, ya sea en las propias instalaciones de la PGR o cuando sus funcionarios los estaban usando. Siguiendo la lógica de nuestros legisladores, se podría aumentar la pena por robo a autos propiedad de la PGR y con esto se lograría disminuir el delito. 

Tampoco ayudará el que, gracias a una de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, ya no se llamará PGR, sino Fiscalía. Ésta será autónoma y tendrá una serie de grandilocuentes objetivos. La autonomía constitucional en sí misma no ayuda en nada para que funcione mejor.

Hay reformas constitucionales indispensables, como la energética. Otras que había que hacer, como la de telecomunicaciones, bastaba con modificar de forma adecuada la ley vigente. No se requería la gran reforma constitucional. Sin embargo, hay muchas otras reformas innecesarias que sólo responden a algún problema mediático, como lo analizó María Amparo Casar en su artículo de Excélsior el miércoles 16 de abril.

Para tener un mejor Estado se requiere más administración y menos reformas legales. Es decir, mucho trabajo diario para hacer más efectiva la burocracia, imponiendo controles, confrontando a todos aquellos interesados en que las cosas no cambien, desde quienes ganan con contratos públicos inflados hasta los trabajadores sindicalizados.

Pero hacer todo eso es arduo trabajo. Luce mucho más presentar reformas de gran calado, como les gusta a nuestros políticos nombrar a las reformas complicadas y barrocas a las que nos tienen acostumbrados, que administrar y operar mejor las leyes que ya se tienen.

Las declaraciones pomposas y las reformas legales pueden hacer sentir bien a muchos el día que se emiten, pero no cambian gran cosa la vida de los mexicanos si luego no se implementan bien. Hay incontables espacios de mejora en la administración pública que no requieren reformas, sólo funcionarios concentrados e interesados en hacer bien su trabajo.

                *Profesor investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

Comparte esta entrada

Comentarios

Lo que pasa en la red