Las instituciones del PRI

Desde la década de los 30, los gobiernos del PRI crearon empresas y entidades públicas inicialmente eficaces. Sin embargo, tenían sembrada la semilla de su propia destrucción: nombramientos de funcionarios por razones políticas, opacidad, impunidad e inflexibilidad de los contratos colectivos...

COMPARTIR 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 13/03/2014 02:47
Las instituciones del PRI

La semana pasada, en el 85 aniversario de la fundación de su partido, el presidente Peña Nieto afirmó estar orgulloso de ser priista porque su partido ha creado “instituciones sólidas para servir a los mexicanos”. Tener orgullo por el partido con el que se llegó al poder me parece congruente, pero ¿las instituciones creadas o desarrolladas por el PRI en el siglo XX son realmente sólidas y las que el país necesita?

Lo fueron en un inicio. Desde la década de los años 30, los gobiernos del PRI crearon empresas y entidades públicas inicialmente eficaces. Sin embargo, tenían sembrada la semilla de su propia destrucción: nombramientos de funcionarios por razones políticas, opacidad, impunidad e inflexibilidad de los contratos colectivos con sus trabajadores.

Paradójicamente, hoy muchas de estas instituciones son fuertes y débiles al mismo tiempo. Fuertes para defenderse de presiones del exterior. Débiles frente a grupos de interés al interior de ellas mismas. Esta combinación resulta en malos servicios públicos para los mexicanos.

La UNAM, por ejemplo, es una institución fuerte  y motivo de orgullo en muchos ámbitos. Domina la investigación científica en México. Pero también es fuerte en otro sentido. Su rector tiene un gran peso político y controla un gigantesco presupuesto anual de más de 35 mil millones de pesos, similar al del gobierno del estado de San Luis Potosí, y más grande que el de los primeros 12 gobiernos estatales juntos. Sin embargo, es débil frente a quienes al interior de ella están organizados y tienen intereses propios que muchas veces son contrarios al de la propia institución. El grupo más evidente de ello es su sindicato. Hay que ver el pobre estado de las instalaciones de la UNAM, a pesar del exceso de personal. La autoridad de la UNAM es débil también frente a un grupúsculo de supuestos estudiantes que tomaron el auditorio Justo Sierra desde el año 2000, aunque al mismo tiempo tiene la fuerza como para evitar que esto sea un escándalo mediático, salvo cuando se agarran a golpes. Curioso que su comunidad tan crítica y con tanta capacidad intelectual discuta públicamente sus propios problemas en forma tan reducida. Dificultades similares o peores encontramos en el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CFE, por citar las cuatro entidades federales más grandes.

No todas las instituciones públicas se han desvirtuado. Hay ejemplos de buen funcionamiento, como el Banco de México. Otro ejemplo es el IFE, que aunque muy costoso, ha hecho bien su tarea.

El elemento más destructivo de las entidades públicas son los sindicatos, instituciones creadas también por el mismo PRI del siglo XX. No es que la corrupción de los administradores no sea un problema. Es muy serio, y en el caso de los gobiernos estatales puede ser el problema central. Pero la corrupción hace aún más onerosa la cuestión sindical. Los trabajadores saben bien de los excesos y corruptelas de sus jefes y en la negociación del contrato colectivo es un recurso importante para extraer mejores condiciones. Cuando llega un administrador no corrupto tiene que enfrentar a un sindicato al que a lo largo de su historia se le han brindado muchas concesiones que hace difícil mejorar la operación de una institución por más esfuerzos que haga.

Muchas capacidades burocráticas del Estado terminan siendo para los propios administradores y trabajadores. ¿Cuántos de los servicios médicos del IMSS los consumen sus propios pensionados? ¿Qué proporción de las cuotas que pagan trabajadores y empresarios se van a pagar condiciones de trabajo de los agremiados del IMSS, incluidas unas generosas pensiones, mejores que las de los trabajadores para quienes en principio deben existir?

El extremo en la incompetencia de nuestras instituciones son aquéllas responsables de asuntos generales, como las relacionadas con la procuración e impartición de justicia, es decir, las procuradurías y los jueces, ambos en ámbitos locales y federales. Suele haber en estas instituciones, sobre todo a nivel local, suficiente poder como para proteger al criminal amigo o castigar al enemigo. Sin embargo, rara vez son capaces de darle el servicio de Estado de derecho y, por tanto, de justicia, a todos. Según el World Justice Project, nuestro Estado de derecho es el número 79 del mundo, de 99 evaluados, al mismo nivel que Egipto, Rusia o Madagascar. Un poco más arriba que el peor del mundo que es Venezuela y peor que Costa de Marfil, Tanzania o El Salvador. Una vergüenza nacional. 

Celebro, como nos recordó el presidente Peña Nieto, que el PRI retome la tarea de construir nuevas instituciones. Las reformas hechas hasta ahora tienen elementos positivos, como mayor transparencia (UNAM y sindicatos ahora sí son sujetos de ello), los estados estarán supeditados a un mayor control en el ejercicio de su presupuesto, los trabajadores en el sistema educativo estarán, por lo menos en el papel, sujetos a evaluación por su desempeño y las empresas más grandes a una fuerte regulación para que no abusen por su tamaño y poder. La Reforma Energética pondrá a competir a los dos grandes monopolios del país, Pemex y CFE, e impartirá disciplina tanto a ellas mismas como a sus propios sindicatos.

El reto es que en la implementación de estas reformas no se repitan los vicios de muchas de las instituciones creadas en el siglo XX. El gobierno debe, al mismo tiempo, reformar de fondo a aquellas instituciones creadas en el siglo pasado y que están muy lejos de proveer servicios públicos de calidad.

                *Profesor investigador del CIDE

                elizondoms@yahoo.com.mx

                Twitter: @carloselizondom

Comparte esta entrada

Comentarios

Lo que pasa en la red