Fraude electoral y corrupción

En la presente elección se está poniendo en práctica un mecanismo para tratar de evitar que se le atribuya al PRI el fraude electoral, sin menoscabo de que sea su aliado el que lo cometa y que, a final de cuentas, los votos que obtenga el PVEM de manera ilegal terminen respaldando al gobierno mediante sus diputados.

En estos días se discute en el INE una nueva sanción al Partido Verde, cuyo monto nuevamente elevará el tope histórico de multas impuestas a un partido político con motivo del desvío de recursos para tratar de ganar más votos; cabe destacar que, incluso en el propio Instituto Nacional Electoral se había planteado la posibilidad de sancionarlo mediante la cancelación de los spots publicitarios por lo que resta del proceso electoral, sin embargo, la complicidad, el contubernio y protección al aliado del partido en el gobierno alcanza hasta al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual impidió que el PVEM continuara violando la ley.

Es evidente que el monto de las multas impuestas al aliado del PRI no lo disuade para seguir cometiendo el fraude electoral, ni afectará su objetivo de ganar mayores votos a pesar de que lo haga violando la ley, y esta situación no es relevante para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ni para los consejeros que lo apoyan en el Instituto Nacional Electoral.

La credibilidad y legitimidad de nuestro sistema político, no sólo en el ámbito electoral, está en crisis y, a pesar de ello, sus principales beneficiarios sólo son multados sin atender el fondo del problema.

En esta materia, el gobierno federal propone que se informe en la declaración patrimonial del posible conflicto de interés en que puedan incurrir los servidores públicos; sin embargo, esta medida es francamente ineficaz para la dimensión de los escándalos de corrupción y la precisión de donde ocurren, es decir, se trata de un nuevo engaño a la población, puesto que, por un lado, tales declaraciones de conflictos de interés no evitarán las famosas casas de las Lomas y del Edomex de los secretarios de Estado que se han hecho públicas, y que fue lo que motivó verdaderamente este esquema de la declaración patrimonial; ahora bien, por otro lado, tales declaraciones se le imponen a todos los servidores públicos federales, como si existiera el riesgo de que cualquiera pudiera influir en las contrataciones que están haciendo las dependencias gubernamentales para favorecer a ciertas empresas de seguridad privada, el arrendamiento de los inmuebles para las oficinas públicas o en la adquisición y contrataciones de obra pública de las dependencias de la Administración Pública Federal.

En breve, los secretarios del gobierno federal informarán que la totalidad de sus dependencias han presentado las declaraciones patrimoniales informando de los posibles conflictos de interés, y a quien no hubiere presentado tales declaraciones se le sancionará con todo el rigor de la ley, como si todos los servidores públicos pudieran tomar las principales decisiones sobre el desvío de recursos, pagos en exceso, privilegio a ciertas empresas u otros actos que en verdad afectan y agravian a la sociedad.

Lamentablemente, la corrupción que aqueja a nuestro país aún hace posible que se desvíen recursos públicos en estos procesos electorales para garantizar precisamente que se mantengan las fuentes ilegales a que me he referido.

Esta situación termina afectando a la sociedad por el incremento de los presupuestos para la obra pública o las adquisiciones, además de las deficiencias de ambas y la carencia de recursos para los sistemas de salud, educación y demás principales servicios públicos. Sin duda alguna que esta coalición de partidos sí sabe cómo hacer el fraude.

Twitter: @asalinastorre