Complicidad legislativa irresponsable

Desaparecer gobiernos municipales, sin intervención del Presidente de la República, sólo a petición del fiscal general de la República y del secretario de Gobernación dirigida al Senado; que los estados de la República asuman el mando de las policías municipales y que se responsabilicen de la seguridad pública en sus entidades constituye la esencia de la propuesta presidencial de reforma a la Carta Magna para responder a la crisis de seguridad pública que padecemos los mexicanos.

El Congreso de la Unión renuncia a su función de equilibrio de poderes, ya que aun antes de analizar las reformas a la Constitución propuestas por el Presidente de la República ya se comprometió a aprobarlas en un par de semanas, a través de los acuerdos y conforme a las declaraciones de sus coordinadores parlamentarios.

Si bien es cierto que las situaciones de crisis exigen acciones inmediatas para superarlas, sin embargo, también es cierto que este tipo de situaciones no permite la reflexión serena y profunda  que ameritan los problemas que tienen complicadas y hondas raíces sociales, históricas, políticas y económicas, así como de las propuestas que trastocan los pilares de la organización política de nuestro país desde sus propios orígenes.

Las autoridades hacendarias no pueden negar que tuvieran conocimiento de la súbita acumulación de riqueza de la familia Abarca, no solo del presidente municipal, como tampoco los funcionarios de inteligencia para la seguridad nacional y la seguridad pública nacional (que son distintas) podrían negar que tuvieran conocimiento de los vínculos del expresidente municipal, su esposa y de la policía municipal con la delincuencia organizada.

Hasta ahora se ha fincado la responsabilidad política del caso Ayotzinapa al gobernador y al procurador del estado de Guerrero por el conocimiento y omisión de actuación en los lamentables hechos que ahora avergüenzan al país, sin embargo, poco se ha dicho sobre la responsabilidad de las instituciones federales con motivo de las condiciones que hicieron posible el nivel de impunidad e irresponsabilidad de las autoridades municipales y estatales, y la propuesta de acciones del Ejecutivo federal tampoco incluye la revisión y modificación de los esquemas de información y acción de las instituciones federales para intervenir con motivo de las facultades que ahora se ejercen una vez que dicha impunidad e irresponsabilidad condujo a la barbarie.

Sin duda alguna que se debe cerrar filas en torno a la lucha contra la impunidad y la corrupción, sin embargo esa lucha debe realizarse en todos los niveles y ámbitos de gobierno, por otro lado, las instituciones responsables de la deliberación, el análisis y decisión de aprobar, modificar e, incluso, rechazar las propuestas de reforma a nuestra ley fundamental no deben abdicar de esa función esencial de la democracia, bajo el argumento de la urgencia y la crisis.

Cabe destacar que, en un contexto amplio de revisión de lo sucedido en Guerrero, también fallaron los esquemas de profesionalización y supervisión a las instituciones policiales municipales consensuados desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública y tampoco se ha dicho nada sobre la reforma a dicho sistema, puesto que miles de millones de pesos del erario se han destinado a dichos fines bajo los criterios establecidos conforme a dicho sistema, sin embargo, los resultados, una vez más, son más que evidentes.

Es imposible que a estas alturas se quiera seguir desconociendo el nivel de descomposición que existe a nivel nacional por la vinculación con la delincuencia organizada o la corrupción no sólo de las autoridades municipales, sino de varias de las autoridades estatales en nuestro país, además de la ineficacia, por decir lo menos, de nuestras instituciones federales para investigar, pero sobre todo, procesar esa información que ya no es suficiente que se quede a nivel del procurador general de la República y del secretario de Gobernación, y que sólo se lleve a un plano constitucional algo que sin duda ocurre (o debiera ocurrir).

Lamentablemente la respuesta sumisa, obsequiosa y complaciente del Congreso de la Unión no proporciona un equilibrio entre los Poderes de la Unión como debiera ocurrir. Se debiera exigir una revisión y modificación también de los esquemas federales para prevenir y actuar frente a estas situaciones en las que se involucra la delincuencia organizada y las estructuras políticas, no sólo a nivel municipal, sino de las entidades federativas.

Pareciera que la respuesta diligente para acompañar y aprobar inmediatamente la propuesta presidencial, más que responder diligentemente a responder a la emergencia nacional, contribuye a la complicidad de un aparato que evidencia su descomposición en lugar de que institucionalmente se exija una revisión profunda del caso.

                *Abogado postulante