¿Y la corrupción en Pemex?

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Armando Salinas Torre 14/05/2014 01:44
¿Y la corrupción en Pemex?

Al menos que estimemos que ya está resuelto el problema de la corrupción en Pemex, lo cual evidentemente no es así, en forma paralela a la discusión sobre el marco jurídico que permita generar mayores inversiones y rentabilidad en materia energética para el país, también debemos fortalecer el esquema contra la corrupción que evite el desvío de los recursos de la nación.

La experiencia nos ha enseñado que en los países en donde se ha generado riqueza en un corto tiempo sin los adecuados mecanismos de control y supervisión, se han presentado grandes escándalos de corrupción.

Durante los últimos años, el énfasis en la discusión sobre la Reforma Energética ha estado dirigida principalmente hacia los esquemas de autorización del Estado para la exploración, extracción y explotación de los recursos energéticos, hasta el grado de llegar a la precisión del tipo de autorización que se debe otorgar, así como en los esquemas de asociación con las empresas petroleras del mundo, entre otros temas; sin embargo, hasta ahora no se le ha dado la misma importancia respecto de los detalles del esquema que combatirá la corrupción, a pesar de que hablamos de negocios en donde estarán en juego miles de millones de dólares.

En la iniciativa del Ejecutivo federal, el sistema de vigilancia estará a cargo del Consejo de Administración de Pemex, a través del Comité de Auditoría, integrado por consejeros “independientes” (designados por el Ejecutivo federal) y de una auditoría interna, como ejecutor, y el sistema de control interno será responsabilidad del director general bajo la conducción del Consejo de Administración, es decir que los mismos que administrarán a dicha entidad serán quienes realizarán la función de vigilancia y de control interno.

Si bien es necesario que quienes dirijan la administración deben vigilar y realizar un control interno de su desempeño, también es necesario que tales funciones no dependan de los mismos órganos de administración, puesto que se genera un conflicto de intereses, ya que tales órganos son los directamente afectados de la publicitación de los escándalos de corrupción y serán los principales interesados en impedirlo y distorsionar la función de combate a la corrupción.

Habrá que hacer un análisis más detallado de los mecanismos de supervisión, control y sanción que se aprobará; por ejemplo, en la iniciativa del Ejecutivo federal la función sancionadora está encomendada a un órgano denominado Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y dicha unidad tendrá a su cargo determinar y sancionar administrativamente a los servidores públicos, sin embargo, dicha función la realizará con la información que le suministren los órganos de auditoría: Comité de Auditoría, Auditoría Interna (es decir, de la administración a la que se pretende sancionar) y Auditoría Superior de la Federación (la cual no ejerce una función especial para Pemex, sino respecto de todos los recursos federales del país); lo cual evidencia una complicación, toda vez que en parte, el éxito del órgano sancionador dependerá de la voluntad de los órganos a los cuales sancionará, para que le proporcionen información, en lugar de que la genere en forma directa.

El proyecto presentado por el Presidente de la República es un documento adecuado para discutir con precisión las propuestas del gobierno y su partido, sin embargo, forma parte de un proceso más amplio de discusión inacabado sobre la Reforma Energética que nuestro país ha requerido desde hace varios años, en el cual no debemos dejar de lado la prevención y combate a la corrupción en esta materia, ya que es uno de los aspectos más importantes para garantizar efectivamente que los recursos de la reforma apoyen el desarrollo nacional.

                *Abogado postulante

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