Presunto culpable legalizado

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Armando Salinas Torre 19/02/2014 02:19
Presunto culpable legalizado

El Congreso de la Unión recientemente acaba de aprobar otra reforma que legaliza la presunción de culpabilidad, lo cual podría obligar a los jueces para que ordenen la prisión de cualquier persona por indicios, comúnmente conocidos como sospechas.

El artículo 400 bis del Código Penal Federal, reformado y pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que “para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”.

Lo anterior implica que los ciudadanos acrediten, ante el Ministerio Público y el juez, la legítima procedencia de sus bienes, cuando debiera ser que el Ministerio Público acredite ante el juez la ilegítima procedencia de los bienes que, mejor dicho, provienen de la comisión de algún delito.

Esta reforma recientemente aprobada contraviene el principio de presunción de inocencia expresamente previsto en la reforma constitucional del sistema acusatorio penal de 2008, del artículo 20, el cual señala como primer derecho de toda persona imputada, “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Estoy seguro que no faltará quien pretenda argumentar que la reforma de 2008 aún no ha entrado en vigor a nivel federal, sino hasta que se implemente el sistema acusatorio o, a más tardar, hasta el 2016; sin embargo, cabría recordar que, desde la Constitución de Apatzingán, en 1814, en el artículo 30, se establecía que “todo ciudadano se reputaba inocente, mientras no se declare culpado”, lo que evidencia las profundas raíces históricas de un principio jurídico esencial de un Estado de derecho al que hemos aspirado los mexicanos desde hace 200 años, en nuestros orígenes como país independiente.

Ahora bien, por si ello no fuera suficiente, también cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, relativo a las garantías judiciales, señala en el apartado 2 que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Esta convención es de observancia obligatoria para los legisladores en el ejercicio de su función legislativa, así como para el Ejecutivo federal, al momento de la promulgación de los decretos, y, finalmente, para los jueces cuando apliquen el control de convencionalidad, en el que determinen, en su caso, la inaplicación de esta disposición, por contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del principio de presunción de inocencia, mientras tanto, todos somos presuntos culpables ante los indicios de la Procuraduría.

Este tipo de reformas, aunada a la que comentamos en este mismo espacio en la colaboración pasada, en lugar de fortalecer el sistema de justicia penal, debilitan las garantías del ciudadano frente a una institución como las policías, ministerios públicos y jueces que se desacreditan por el uso de este tipo de instrumentos jurídicos y, si no, el arraigo es otra muestra de ello.

                *Abogado postulante

 

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