Urgente, nuestra libertad en riesgo

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Armando Salinas Torre 05/02/2014 01:54
Urgente, nuestra libertad en riesgo

Los débiles controles para expedir órdenes de aprehensión y ordenar la prisión preventiva podrían ser prácticamente diluidos o anulados con la nueva legislación que regulará los juicios penales, tanto en el orden federal como en las entidades federativas; me refiero al Código Nacional de Procedimientos Penales que está por aprobarse por los diputados federales.

Dicho Código Nacional establecería tan mínimos requisitos para que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión que el juez no podría establecer un verdadero control de los mismos para expedir dicha orden ni garantizar la libertad de nadie.

El artículo 141 de la Minuta del Código establece que el Ministerio Público simplemente anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, es decir, que el juez no tendría que verificar los datos que obran en la carpeta de investigación, pues el Ministerio Público sólo tiene obligación de anunciarlos.

La definición que aporta el código por datos, y que se refiere a los datos de prueba es tan confusa y ambigua que, precisamente no otorga certeza ni seguridad jurídica al gobernado.

Adicionalmente, la persona aprehendida y que se le impute alguno de los delitos, del amplio catálogo previsto en el código, por los que amerita prisión preventiva oficiosa, pasará varios meses, por decir lo menos, antes de que logre probar su inocencia, a pesar de que en la letra de la ley diga que se presume la misma.

La disposición que ordena la prisión preventiva oficiosa no sólo es una excepción al principio de presunción de inocencia, sino excepcional en los países en donde se implementa actualmente el sistema de enjuiciamiento penal que pretendemos implementar en nuestro país, sin embargo, en México podría ser la regla general.

En nuestra cultura, la percepción de eficacia del sistema está vinculada con la idea de la prisión durante el juicio, aun cuando todavía no se demuestre la culpabilidad del procesado, por otro lado, la idea de la libertad del procesado, aunque apenas se le esté juzgando, se percibe por nuestra sociedad y se difunde por los medios masivos de comunicación como un sistema ineficaz e injusto.

Es importante aclarar y precisar que el sistema procesal acusatorio propuesto en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2008 y que ya se aplica en diversos estados de la República es un modelo que tiene principios garantistas a favor de los derechos de la víctima y de los justiciables, sin embargo, existen varios temas que podrían no sólo hacer fracasar el modelo, sino afectar gravemente la libertad y seguridad de los habitantes en México.

La inadmisible y peligrosísima flexibilización para expedir órdenes de aprehensión, así como para ordenar la prisión preventiva son dos muestras que se unen a otros temas que bien valdría la pena una segunda reflexión y modificación del proyecto de código que tienen los diputados, para que trate de retomar los principios de presunción de inocencia, de estricta legalidad y jurisdiccional para garantizar un verdadero sistema eficaz, de justicia penal.

                *Abogado postulante

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