Reforma energética, ¿más recursos para quién?

La reforma energética propuesta hace casi seis años por Felipe Calderón, al igual que la propuesta por Enrique Peña Nieto, permitirá recaudar mayores recursos para el gobierno federal y hacer crecer la economía nacional.

Hace casi seis años los legisladores y dirigentes del PRI se oponían a la reforma bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional y los principios de su partido; algunos de aquellos que se opusieron, ahora que han cambiado las circunstancias políticas son los principales impulsores de la reforma.

El Partido Acción Nacional ha sido congruente con su postura de fortalecer las finanzas de Pemex como la principal empresa del país y permitir que se generen recursos para el desarrollo nacional. El PAN ha denunciado desde hace mucho tiempo las contradicciones y perjuicios de producir petróleo crudo y venderlo al extranjero para comprar posteriormente los hidrocarburos refinados a precios que incluyen el valor agregado. Esta rentabilidad, en cierta forma, la pierde nuestro país, por no tener los recursos e infraestructura suficiente para aprovechar más eficientemente nuestro propio patrimonio energético.

Es loable que los priistas hayan descubierto las bondades que hace seis años no advirtieron en las propuestas que se les hizo para construir conjuntamente y aprobar la reforma energética que necesitaba el país, que lástima que se perdieron seis años más para que nuestro país se incorporara a la senda de la captación de recursos nacionales e internacionales para impulsar el crecimiento de nuestra economía.

Sin embargo, tal vez parte de las preocupaciones que hace seis años se tuvieron para no aprobar la reforma, subsisten aún en la actualidad y es por ello que debiéramos abordarlas abiertamente y establecer con claridad los términos en que se permitirá la inversión en un ámbito que tiene casi siete décadas vedado para la iniciativa privada.

Es obvio que el tema del control de los recursos energéticos por parte del Estado y de la soberanía nacional que ello implica se encuentra superado en cualquiera de las propuestas que se analice, ya sea la de hace seis años, como la del ahora Presidente de la República, sin embargo, el verdadero debate que no se ha expuesto es quién tendrá ese control de los recursos, así como la forma de supervisión efectiva del destino de tales recursos.

La autorización de la inversión privada en sectores energéticos estratégicos generará, sin lugar a dudas, una extraordinaria rentabilidad, lo cual no es negativo ni criticable, pues el riesgo de esas inversiones, el esfuerzo para ello y el origen lícito de ello (sin lugar a dudas) lo justifica totalmente, a pesar de ello, es impostergable disipar las dudas que se ciernen sobre el manejo y destino de los recursos públicos, así como la asignación de los contratos públicos a la iniciativa privada, ya sea nacional o internacional.

El marco legal y la estructura jurídica vigentes son insuficientes aún para garantizarle a la población el uso y destino honesto y eficiente de la asignación de los contratos, así como del destino de los recursos públicos que se obtiene de la renta petrolera.

En cada caso corrupción o malversación de los recursos públicos que se han expuesto a la opinión pública, en los tres órdenes de gobierno, y en los que han estado involucrados militantes de todos los partidos políticos, se ha arrojado por la borda la confianza de la sociedad respecto del uso de los recursos públicos y etiquetado a los servidores públicos que tienen a su cargo la administración de tales recursos.

Quiero insistir que el PAN ha sido congruente con su postura y, estoy seguro de que seguirá propugnando por que se permita impulsar el desarrollo financiero y tecnológico a Pemex, así como el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales en beneficio del desarrollo nacional, sin embargo, es indispensable que en la mesa de la construcción de esa reforma energética, tan necesaria e indispensable para México, también se establezca las bases para fijar un sistema que garantice la confiabilidad de la reforma.

La confianza social en la reforma energética es el mayor déficit de lo que va de la presente administración, a pesar incluso de que goza con una mejor oposición constructiva de la que tuvo la pasada administración.

                *Abogado postulante