Alto a la impunidad

Desde hace varios meses un grupo de seudo profesores bloquean, intermitentemente, vías de comunicación esenciales para la ciudad más grande del país y afectan a miles de sus habitantes. Además, por otro lado, diversos manifestantes-delincuentes, bajo cualquier pretexto agreden a transeúntes, automovilistas, roban y dañan comercios en nuestra capital.

A diferencia del resto de los habitantes del país debemos cumplir nuestras obligaciones y, ante el incumplimiento de los mismos, podemos ser multados, arrestados o incluso penalizados; sin embargo, aquellos individuos que se dicen maestros o supuestamente anarquistas, pueden delinquir bajo auténticas patentes de corso de las siglas de una organización sindical o política.

Las condiciones sociales actuales permiten, en general, llevar a cabo protestas y hacerse escuchar sin que sea necesario llegar al extremo de afectar los derechos de los demás. La historia registra y destaca a quienes enfrentaron verdaderos regímenes totalitarios únicamente con la fuerza de los argumentos, asumiendo la responsabilidad de sus actos de resistencia civil para protestar. En nuestro país es evidente que los objetivos de estas supuestas protestas se encuentran muy lejos de la legitimidad de la lucha social en una sociedad democrática.

Las demandas de estos seudo profesores carecen de la legitimidad y obligan a las autoridades a imponer el respeto del resto de los ciudadanos cuando se intenta bloquear el aeropuerto, se cierran completamente avenidas como Reforma o Insurgentes, se impide incluso a personas de la tercera edad o infantes el acceso ágil y rápido a hospitales o centros de trabajo o, más aún, cuando se saquean los comercios que se encuentran en esas avenidas o se agrede a las personas que circulan por ahí.

Es insostenible que la autoridad incumpla su función esencial de proporcionar seguridad y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en forma mínima, incluso, de la integridad de sus propias fuerzas policiales, quienes están legitimados para hacer uso de la fuerza física en defensa de los derechos de los demás, y ni siquiera están siendo procesados todos los culpables de agredir a dichos servidores públicos.

Más allá de los daños materiales y de las lesiones físicas que han sufrido policías y habitantes de la ciudad, los daños a la sensación de seguridad, por incapacidad de la autoridad para defender a la sociedad, aumenta y erosiona la legitimidad de la autoridad para intervenir en otros asuntos en donde aplica todo el peso de la ley.

Cabe aclarar que el respeto a los derechos humanos no debe erosionarse con motivo de los actos de autoridad, toda vez que son el fundamento de Estado, y por ello el uso de la fuerza debe sujetarse a los principios internacionales que hay al respecto; sin embargo, también es impostergable que la autoridad demuestre a quienes violan la ley que existen consecuencias por ello y deben asumir su responsabilidad, conforme a los principios de un Estado democrático de derecho.

Hacemos un llamado para que se detenga la impunidad con la que se conducen estos individuos que han sobrepasado los límites de la tolerancia y respeto del resto de una sociedad prudente, plural y respetuosa de la divergencia de opiniones; pero a la vez, exigente del respeto de sus derechos.

Las instituciones de seguridad deben actuar con todo rigor dentro del marco de la ley y del respeto de los derechos humanos, lo cual no implica de manera alguna, impunidad para nadie.

Es importante que tampoco deben elevarse las penas a los delitos, como una respuesta del Estado a lo que padece la sociedad, lo que se requiere es que se apliquen las sanciones en forma eficaz.

En estas circunstancias respetamos la diferencia de criterios y opiniones en esta ciudad y en este país, sin embargo, esas expresiones deben realizarse en el marco de la ley y el respeto a los demás, demandamos un alto a la impunidad.

De poco o nada servirán las reformas llamadas estructurales, ya sean hacendaria o energética, si se tolera o promueve un Estado en donde se privilegie la impunidad.

                *Abogado postulante